Oro, megaproyectos y control territorial: motores de la guerra en el suroccidente colombiano
 

Por: Óscar Patiño - 23 de mayo de 2010


Las comunidades indígenas del departamento del Cauca exigen el respeto de la normas del Derecho Internacional Humanitario por parte del Ejército y de la insurgencia, quienes se enfrentan en la zona norte de ese departamento desde el pasado mes de noviembre.


El llamado de autoridades tradicionales, guardias y comuneros indígenas es a que se les respete el derecho a la vida y a que todos los indígenas del país rechacen estos actos y se preparen para la defensa de los procesos de organización y gobierno indígenas. Según ellos, la organización de sus comunidades ha evitado que se concrete el dominio total de sus territorios por parte del Ejército, de los paramilitares y de las compañías multinacionales, que pretenden expropiarlos de su tierra y explotar los recursos que allí se encuentran; así como que sean usados como zonas de operación aramada de la guerrilla.


La voz de rechazo de los pueblos ancestrales del departamento del Cauca se ha hecho sentir desde los municipios de Toribío, Silvia, Caldono, Jambaló, Corinto y Totoró, específicamente desde las veredas en donde la población de las comunidades indígenas permanece en medio del fuego cruzado. Según las autoridades indígenas, además de los municipios ya mencionados, la situación se ha vuelto particularmente grave en Caloto, Miranda, Buenos Aires y Suárez, ya que están incluidos en uno de los ejes del Plan Colombia II, que no sólo pretende restituir el control militar en la zona sino que buscaría dar garantías a las compañías extractoras de oro, como la Anglogold Ashanti, para que puedan hacerse a los inmensos recursos existentes en esta zona.


Las autoridades tradicionales denuncian que han tenido que convertir los espacios comunes de los respectivos cabildos en sitios de concentración de la población indígena desplazada, albergando a quienes han tenido que huir de sus hogares por los enfrentamientos, dejando parcelas animales y enseres. Del mismo modo, denuncian la fuerte presión que hay sobre los jóvenes de sus comunidades para que ingresen a las filas de uno u otro bando.


Adicionalmente, las autoridades indígenas han recibido amenazas por parte grupos paramilitares, en donde se les acusa de desconocer los esfuerzos del gobierno de Álvaro Uribe por mejorar las condiciones de vida de los indígenas en el país y declaran, el pasado 26 de abril, como objetivo militar a 36 lideres de la comunidad, según declara Pedro Chavaco, líder de la comunidad misak.


Según las comunidades de campesinos, indígenas y miembros de las comunidades afro del Cauca, hoy los paramilitares tienen más poder que antes. En esta zona del país, las poblaciones siguen denunciando la presencia y accionar continuado de escuadrones de muerte que no desaparecieron con el proceso de desmovilización.


En una entrevista para Radio Payumat, el gobernador del cabildo de Tacueyó denunció que tanto los militares como la guerrilla están faltando a las normas del Derecho Internacional Humanitario, ya que están desarrollando sus enfrentamientos en medio de la población civil. El gobernador Miller Correa comenta que, debido a la gravedad de la situación, los habitantes de la región sólo se pueden trabajar en las parcelas en horas del día y en la noche se congregan en asamblea permanente.


Correa denuncia, además, que el Ejército ha irrumpido en espacios comunitarios indígenas y que está tratando de generar ingobernabilidad y desazón entre los habitantes, ya que aseguran tener el visto bueno de la autoridad indígena para realizar actividades como retenes, requisas e interrogatorios, entre otras, lo cual, según Correa, no es cierto.


Adicionalmente, señala que la presencia de los militares en la zona del cabildo ha provocado que varias viviendas se vean afectadas por tiros de fusil y que caigan artefactos explosivos en medio de las parcelas y cerca a las casas, acciones que han causado muertes de hombres, mujeres y niños, así como también la pérdida de animales domésticos y cultivos que proveen parte del sustento de estas familias, que se ven forzadas a abandonar sus tierras.


Uno de los representantes del cabildo Huellas, de Caldono, denuncia la misma serie de violaciones a los derechos de los indígenas residentes en la zona y agrega que la comunidad se ha visto hostigada al punto que, durante una noche, un grupo de hombres de civil golpeó a un guardia indígena, huyendo tras dejarlo mal herido.


La guardia indígena, por su parte, denuncia que el hostigamiento que ha tenido que enfrentar por parte de la Fuerza Pública incluye requisas arbitrarias, en las que sus integrantes son obligados a despojarse de sus ropas y en donde se les examina en busca de marcas en su cuerpo que permitan relacionarlos con la insurgencia. Sin embargo, ha sido la guardia indígena la encargada de ubicar y señalar los artefactos explosivos que hoy ponen en riesgo a la población civil.


La autoridad indígena del municipio de Silvia emitió un comunicado el 7 de mayo en donde rechaza la presencia del Ejército en la zona y los abusos cometidos por sus miembros en contra de la población civil. El comunicado sienta una oposición de rechazo de los enfrentamientos y aclara que los indígenas no concuerdan con ninguno de los bandos enfrentados y que lo único que exigen es el respeto por sus derechos.


Son muchas las víctimas que dejan los enfrentamientos, entre ellos, el hijo de Luz Marina Patiño, concejala del municipio de Caldono; un comunero y una joven de veinte años miembro de la guardia indígena, quien recibió un impacto de bala cuando se encontraba realizando sus labores cotidianas. Según reportes de los medios regionales e indígenas, un total de 37 comuneros han sido asesinados y existen centenares de heridos, entre hombres, mujeres y niños, todo esto producto de los más de 208 incidentes de violaciones al Derecho Internacional Humanitario cometidas durante estos últimos cuatro meses por parte de los actores armados.


El problema no es sólo militar


La zona del Macizo Colombiano, en donde se presenta hoy esta dura situación de violencia, no sólo es un objetivo militar sino un importante botín económico que está en la mira del sector privado y resaltado de manera importante en la agenda de megaproyectos a desarrollarse en Colombia durante los próximos años, especialmente en planes de explotación aurífera a campo abierto que buscan sustituir las minas artesanales de las cuales dependen muchas personas, especialmente comunidades de afro descendientes.


Adicionalmente, existe el proyecto del Parque Temático del Macizo Colombiano que, si bien se plantea principalmente para el departamento del Huila, necesariamente va a terminar involucrando y afectando a las comunidades indígenas del Cauca por su pretensión de convertir a estos pueblos en atractivos turísticos para visitantes de otros países.


Las comunidades entienden que la presencia de la Fuerza Pública responde no sólo a la orden del ministro de Defensa, Gabriel Silva Luján, durante el consejo de seguridad en la Gobernación del Cauca del pasado 13 de mayo, de incrementar el pie de fuerza en el suroccidente del país sino a una estrategia de copamiento militar, característica de las zonas que cuentan con recursos estratégicos para el desarrollo del gran capital. Así, la posición de los indígenas es la de defender su derecho a la posesión de las tierras ancestrales y, del mismo modo, los derechos de la Madre Tierra.


Los proceso de movilización, articulación y organización de indígenas, campesinos y afrodescendientes que viven en esta región del país son un claro blanco dentro de esta estrategia militar de control territorial y eso explica la fuerte presión que sobre ellos se ejerce, pues han logrado obtener importantes reconocimientos como la aprobación de medidas cautelares por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para las poblaciones afrodescendientes. Esto obliga al gobierno nacional, a partir de diferentes instancias, a generar políticas de atención a la población desplazada, mecanismos de prevención del desplazamiento forzado y garantías para los miembros de estas comunidades, ya que se les reconoce un alto grado de vulnerabilidad. Del mismo modo, el relator para asuntos indígenas de la ONU ha reconocido que los pueblos indígenas colombianos se encuentran bajo riesgo de desaparición y todas las actuaciones en su contra tienen seguimiento de instancias internacionales, recayendo toda la responsabilidad sobre lo que les llegue a pasar directamente sobre el Estado colombiano.