Cuando a la paz se llega por la paz

Por: William Ospina

AL TERMINAR ESTA FASE INICIAL DE la contienda electoral, más que invitar a votar por uno u otro candidato, me ha parecido conveniente ver sus ideas y propuestas sobre el tema más urgente de la agenda colombiana en las últimas décadas. La Universidad del Rosario les ha propuesto una serie de preguntas sobre distintos temas, y en este caso les preguntó: Candidato, ¿qué propone para conseguir la paz?

Juan Manuel Santos predica la continuación irrestricta del programa del actual gobierno: la Seguridad Democrática. Habla de “un vigoroso esfuerzo de seguridad persiguiendo a los grupos terroristas, desarticulando las bandas criminales y combatiendo el negocio del narcotráfico que lo sustenta”. Y como elemento adicional y complementario ha hablado de “poner más atención a combatir el crimen en las ciudades”. Fiel a la lectura del actual gobierno de la realidad colombiana, esta propuesta considera la paz exclusivamente como un desafío militar y policivo, y ve el problema sobre todo en el terrorismo y en las organizaciones al margen de la ley.


Germán Vargas Lleras tiene una lectura similar del problema. “No hay opción distinta que seguir enfrentando a los grupos insurgentes”. Para ello, añade, hay que “aumentar el número de soldados profesionales”, “duplicar el pie de fuerza (de la Policía) en las principales ciudades”, y “aumentar la presencia de la Fuerza Pública en las fronteras”. “Todo —añade Vargas Lleras— en el marco del más absoluto respeto a los derechos humanos”.


La propuesta de Antanas Mockus es análoga, con el solo añadido de una legalidad absoluta y de estimular la reprobación social a los hechos de violencia. “La paz —dice— tiene dos elementos centrales: la desmovilización de las Farc y el freno a los demás grupos armados”. Habla de “tener una política específica para las ciudades”, y exige “que todo lo que haga el Estado esté dentro de la ley”. Se diría que su política se resume, pues, en mantener la presión militar, buscar el abandono de las armas por parte de los insurgentes, y propiciar un vehemente rechazo social con movilizaciones ciudadanas. Habría que considerar su discurso central de apego a la ley y de respeto a las normas como parte de la propuesta.


Tal vez más interesante es la propuesta de Noemí Sanín: “Consolidar, para el Estado, el monopolio del uso de la fuerza y de las armas”, y buscar “el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas”, pero “asegurando que las instituciones democráticas, la justicia, los servicios sociales y los apoyos productivos lleguen a todas las regiones de la mano del Ejército y la Policía”. Habría sido bueno que la candidata profundizara en esa idea de que no se trata de llevar a todo el territorio sólo la fuerza del Estado sino la justicia, los servicios y los estímulos para la producción. Y no sólo de la mano de las Fuerzas Armadas, sino del poder institucional y de la sociedad civil en toda su complejidad. Pero al final la candidata se deja arrastrar por esa idea tan arraigada de que el componente principal de la paz es militar y prefiere insistir en la “profesionalización del Ejército” y en el esfuerzo por “garantizar la financiación de las Fuerzas Armadas y de Policía”, hasta terminar proclamando como asunto prioritario la necesidad de “apoyar a nuestros soldados devolviéndoles el fuero militar”.


La propuesta de Gustavo Petro se aparta más aún de esa concepción exclusivamente militar. “La principal política de paz serán las reformas sociales y políticas”. Habla de “democratizar el poder político local, acabar con el poder de los victimarios y su posesión de la tierra” y buscar “la reconciliación, el perdón y la reparación”. Petro acepta la necesidad de mantener la presión militar y policiva, pero insiste en la importancia de esos componentes no militares de la paz: “Debe ser enfocada esa presencia estatal —dice— hacia lo social, complementar con educación, con salud, vivienda y agua para todos los sectores de la población”. Esta es una mirada más compleja sobre el fenómeno.


Rafael Pardo, me parece, se ha acercado más que ninguno a resumir con claridad el problema central. Ha hablado de “una propuesta de construcción de paz que se centre en el ciudadano”. No niega la necesidad de “mantener la presión militar a los grupos guerrilleros”, dice que “no es suficiente recuperar el territorio, sino que hay que devolvérselo a quienes fueron desplazados con violencia”, pero avanza en la necesidad de garantizar “la legitimidad de las instituciones, el rechazo al crimen, el apoyo a las víctimas”, y en últimas propone “acciones políticas, jurídicas y sociales cuyo principal beneficiario sea el ciudadano”.


La mitad de la población por debajo de la línea de pobreza nos lo está diciendo. Hemos gastado demasiado tiempo, demasiado furor y demasiados recursos en atender exclusivamente la amenaza de las minorías violentas, y hemos olvidado mientras tanto que el más hondo sustento de la paz son la gran mayoría de ciudadanos laboriosos y pacíficos que llevan décadas esperando en vano que el Estado les garantice empleo, salud, educación, cultura, y la oportunidad feliz de no tener que recurrir desesperadamente a la ilegalidad para satisfacer sus necesidades o para ascender en la escala social.


Cuando se nos habla de invertir bien los recursos, hay que saber que eso significa que no hay que gastarlo todo en la persecución del crimen; que hay que invertir también, y mucho, en impedir el crimen, en brindar todas las oportunidades a los ciudadanos pacíficos. Los alquimistas decían que “a lo oscuro se llega por lo oscuro y a lo desconocido por lo desconocido”. Es hora de creer que también a la paz se llega por la paz.