Ya son seis los líderes de víctimas muertos en Urabá

En circunstancias que aún son confusas murió Albeiro Valdés Martínez, líder del proceso de restitución de tierras en el Urabá antioqueño. Su cadáver fue encontrado el pasado martes en un paraje apartado de la vía que une los municipios de Turbo y Necoclí.



Sobre las causas de su muerte, en Turbo se han evidenciado dos posiciones que enfrentan a los médicos del hospital local y a la Asociación de Víctimas para la restitución de tierras y bienes (Asovirestibi). De un lado, se ha certificado por parte del centro asistencial que Valdés Martínez falleció de muerte natural; de otro, voceros de las víctimas insisten en que fue envenenado.


“Como la discusión es muy grave, le hemos solicitado a todas las autoridades que se haga un informe detallado sobre las causas del deceso de Albeiro. Nosotros tenemos información que indica que fue por envenenamiento”, dijo Carmen Palencia, presidenta de la Asociación. “Vimos las fotos del cadáver, luego vimos el cadáver y hemos hablado con la gente y todo indica que fue envenenado”.



Según Palencia, a este líder campesino lo venían presionando los paramilitares para que devolviera unas tierras que le habían sido destituidas en noviembre del año pasado en el proceso que adelantan varias instituciones regionales y nacionales en esta subregión de Antioquia.


Lo último que se supo de él es que el pasado lunes se reunió con varios de sus familiares en el municipio de Carepa y luego fue recogido por un hombre en una motocicleta del cual se desconoce su identificación quien lo llevaría a una reunión citada por paramilitares de la región.



Al final de la tarde del lunes, Albeiro se comunicó con voceros de la Asociación de Víctimas para informar que ya había concluido la reunión y se disponía a salir de Turbo hacia el corregimiento El Totumo, de Necoclí, donde vivía con su familia. A partir de ese momento, según la Asociación, se perdió todo rastro del labriego y no se volvió a saber nada de él hasta el día siguiente, cuando fue encontrado su cuerpo sin vida.


En el Urabá antioqueño, Valdés Martínez era considerado como un joven feliz y valiente, pese a los sufrimientos familiares que le había provocado la guerra. Su padre y su hermano fueron asesinados para despojarlos de sus tierras. A raíz de ese hecho, su familia se vio forzada a abandonar los predios. Además, fue presionado de manera insistente para que se integrara a las filas paramilitares, sin que aceptara ese ofrecimiento, pues era el hijo mayor de un hogar conformado por su madre y seis hermanos más por los cuales tenía que responder.



Durante los últimos años, este labriego adelantó diversos trámites judiciales para lograr la restitución de 105 hectáreas de tierra que les habían sido arrebatadas por paramilitares bajo el mando de Carlos Ardila Hoyos, alias ‘Carlos Correa’, uno de los primeros comandantes de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) que tenía su centro de operaciones quedaba en Necoclí. A este jefe paramilitar se le ha atribuido el desplazamiento de numerosas familias de las veredas El Tigre y La Ceibita del Corregimiento El Totumo.


Si bien hasta el momento no se tiene una explicación científica sobre la muerte de Valdés Martínez, la Asociación de Víctimas sospecha que fue asesinado, pues hay antecedentes que llevan a esa conclusión.



Resulta que el 17 de noviembre del 2009, a Albeiro le fueron restituidas 35 hectáreas de tierra ubicadas en el corregimiento El Totumo, luego de demostrar que eran de su propiedad. En el acto de restablecimiento de sus derechos también se favoreció a seis familias más. Ese evento se realizó en las instalaciones del Comando de Policía de Urabá y contó con la presencia de representantes de la Comisión Regional de Restitución de Bienes de Antioquia, la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría Regional de Urabá, la Fiscalía de Justicia y Paz, la Alcaldía de Turbo, la Personería de Turbo, la Organización Internacional para las Migraciones, la Policía Nacional y de la Brigada XVII del Ejército.


A partir de ese día y luego de que se hiciera la restitución material de las tierras, Valdés Martínez comenzó a recibir amenazas por parte de vecinos del corregimiento, quienes se oponían a este procedimiento legal, y de grupos paramilitares que aún operan en la región, y que al parecer aún tienen intereses en esa subregión de Antioquia. Entre los señalados como promotores de amenazas se encuentran Jairo Humberto Echeverry Bedoya y Diego Echeverry Rico, quienes al parecer le compraron tierras a Nelly Durango López, supuesta viuda del comandante paramilitar alias ‘Carlos Correa’.


Según Carmen Palencia, estos enfrentamientos llevaron a Echeverry Bedoya a denunciar ante un grupo paramilitar que opera en Necoclí que Valdés Martínez estaba obrando de “sapo” ante el Ejército y los estaba señalando. “No era la primera vez que Albeiro se tenía que defender esas acusaciones, ya había ido una vez”.


Con su muerte, según esta líder campesina, quedó demostrado que las denuncias para proteger a Albeiro Valdés Martínez no tuvieron eco entre las autoridades y su muerte es un reflejo de la falta de garantías por parte de las instituciones del Estado para reclamar aquellas tierras expropiadas por paramilitares.



“Este asesinato no nos debilita como asociación y seguiremos reclamando nuestras tierras”, afirmó Palencia, pero reconoció que se debilitó la confianza que han tenido en las instituciones. “Estamos abandonados en nuestro trabajo de ayuda a las víctimas, seis muertos en dos años, sin resultados concretos lo demuestra”.


El primero en perder la vida fue Juan Jiménez Vertel, asesinado el 19 de agosto de 2008 en el corregimiento El Reposo, de Apartadó; luego murió Benigno Gil Valencia, presidente de la Mesa Nacional Campesina, acribillado el 22 de noviembre de 2008 en Chigorodó; le siguió Jaime Antonio Gaviria, testigo del crimen de Gil Valencia y líder de la Mesa Campesina, fue asesinado el 5 de diciembre de 2008 en Chigorodó; luego ocurrió la muerte de Adriano Pino, abaleado en Medellín el 23 de febrero de 2009 en Medellín; y posteriormente, murió Ana Gómez, asesinada el 14 de abril de 2009 un paraje entre los municipios de Los Córdobas y Arboletes.



Agregó Palencia que también se ha debilitado la relación con el Gobierno nacional, que poco los ha apoyado en sus justas reclamaciones. “Hemos ayudado a restituir 129 predios a 179 familias por un valor de 20 mil millones de pesos y a estas personas Acción Social ni siquiera las reconoce como víctimas, negándoles la ayuda humanitaria para el retorno”.


Por último, solicitó que se adelanten de inmediato las investigaciones penales del caso que conduzcan al esclarecimiento de esta muerte, y de encontrarse que fue un homicidio, se castiguen a los responsables, tanto materiales como intelectuales.

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