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Sobre Chuza-DAS y toda suerte de crímenes y delitos
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Por: Aurelio Suárez Montoya, Bogotá, 11 de mayo de 2010
El debate de Gustavo Petro en el Senado, el pasado 4 de mayo, sobre la empresa criminal forjada en el DAS en los últimos ocho años, permitió concluir que es la más funesta iniciativa ilegal que gobierno alguno haya promovido. Se volvió lugar común decir que por una milésima de las infracciones cometidas tuvo que dimitir Richard Nixon, por la Operación 40 de la CIA en 1974, que era un sistema de grabación de conversaciones en Watergate, sede del Partido Demócrata.
Un recuento de los delitos cometidos en el DAS, hecho por Manuel Sarmiento Argüello, arroja la violación de al menos 20 artículos del Código Penal, desde homicidio, tortura agravada, concierto para delinquir y terrorismo, hasta abuso de autoridad por acto arbitrario, utilización ilícita de equipos de comunicaciones y fraude procesal.
A ellos debe sumarse el crimen de lesa humanidad, transgrediendo el Estatuto de Roma, con la “persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos”, referido a las acciones sistemáticas del DAS contra el Polo Democrático Alternativo, y que han afectado a 350 de sus miembros.
Esa operación, denominada “Amazonas”, tuvo como constante desprestigiar a Gustavo Petro y acosarlo a él y a sus familiares y colaboradores. Uribe también intervino, como en 2006, con comentarios alusivos a Carlos Gaviria, como el de “terrorista vestido de civil”, y en 2007 sobre el actual alcalde de Bogotá, como que estaba “respaldado por la guerrilla y que además compra votos”.
La defensa oficial fue desvergonzada. El ministro Valencia Cossio intentó desvincular al Presidente, de quien depende el DAS, presentando como prueba declaraciones del mismo Uribe sobre su propia inocencia. Felipe Muñoz, director del DAS, desestimó las acusaciones, arguyendo que en dicha institución tales ilegalidades no son nuevas y que la recolección de información a toda costa es parte de su misión institucional como base de datos y agencia de protección. Tan atrevida tesis, que persigue continuar con igual modus operandi, fue refutada por el presidente de la Corte Suprema, Jaime Arrubla, al explicar que “no es legal que el DAS tenga información sobre ciudadanos que no son objeto de investigación judicial”. El silencio de candidatos como Santos sobre tan graves hechos los hace cómplices. Y la invocación de la “legalidad democrática”, como cura para tanta monstruosidad es, sin advertir el riguroso castigo a los culpables, una ingenuidad. Sólo la corrección de las causas estructurales en las que se cimentó el régimen criminal, desigualdad, antidemocracia, corrupción e impunidad, evitará su repetición, empezando por poner a buen recaudo a los responsables. Por todo lo visto, es, a un eventual gobierno que así obrara, al que Uribe llamó “hecatombe”.
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