la seguridad democratica, los jovenes y las pandillas

Dr Strassman · 12-05-2010 , 10:03:50

Detrás de las confrontaciones en aumento entre la fuerza pública y los jóvenes hay una visión que los estigmatiza y recorta sus espacios de expresión. Crónica y análisis de un fenómeno muy poco publicitado.

Un clima de crispación

Como si se tratara de una escenificación propia del teatro sacro o de una pintura surrealista, la lectura del cuadro parece obedecer, de manera caprichosa, a varios momentos sucesivos, no necesariamente articulados y de hecho, hasta inconexos:

A la derecha, en la cabecera de la plaza, la dirigencia sindical intenta alzar la voz por encima de sus divisas, batidas por el viento; en el centro, el grueso de los marchantes con indulgencia, se vierten por el espacio abierto como espectadores de su propia obra. Más atrás, a la izquierda, en el costado que da contra el Palacio de Justicia, el tumulto, las carreras, los gases, "las papas-bomba" y los chorros de agua disparados desde una anónima e insidiosa tanqueta. Los efectivos del Escuadrón Móvil Anti-Disturbios (ESMAD) avanzan impasibles como si fuesen alienígenas embutidos en trajes negros, resguardados por sus propios escudos y bolillos y por el laboratorio de químicos que llevan encima.

La composición podría estar desarrollándose como si estuviésemos en una especie de palco escénico, mirando desde arriba y desde fuera, si no es porque esta realidad, atizada por el ruido de las motos policiales, por el exceso de fuerza pública y por la emocionalidad exaltada de los jóvenes, pudiera terminar de manera trágica; tal como ocurrió cinco años atrás, un primero de mayo, cuando el joven Nicolás Neira murió víctima de una golpiza que le fue propinada por algunos agentes del ESMAD, quienes fueron finalmente destituidos y judicializados a principios de este año.

Esta escena se ha repetido desde hace ya varios años y en nuestras retinas se encuentra asociada con las celebraciones del primero de mayo, pero también con los desalojos, la recuperación de tierras, los taponamientos de vías y en general, con las distintas manifestaciones y protestas comunales, en diferentes latitudes del país. Tan sólo hace una semana y media, en Bogotá, la prensa denunció los "posibles excesos" de la fuerza pública al reprimir una protesta de jóvenes bachilleres, quienes taponaban una de las troncales de Transmilenio. Contusiones, detenidos, algunos rostros ensangrentados de chicos y chicas con uniforme escolar y un millar de ojos vidriosos por el uso masivo de gases. Los jóvenes universitarios y de las mismas barriadas marchan y protestan el día en que el ESMAD celebra un año más de creación, y lanzan una campaña nacional contra "la barbarie policial".

Es cierto, los eventos señalados no son nuevos y también comprometen en muchas ocasiones a las organizaciones juveniles. Resulta evidente, además, que los escuadrones anti-motines y el código de fuerza que ellos representan son protagonistas siempre presentes en el conflicto entre el Estado y los jóvenes. La acción policial que custodia las marchas pero que en ocasiones arremete contra la "movida" o movilización juvenil denuncia una vieja fractura, que sin duda se reproduce y alimenta hoy de la atmósfera de "estado de guerra", que impregna las relaciones que la Seguridad Democrática ha construido entre los ciudadanos y entre éstos y el Estado.

Esa atmósfera nos lleva a percibir o a sospechar en todas partes la presencia de un enemigo potencial y permanente, que emerge como un rastro evanescente e impreciso en muchos de nuestros discursos y prácticas: cuando se dan los enfrentamientos de los jóvenes con la policía, la dirigencia sindical y reconocidos militantes de izquierda denuncian la presencia de "infiltrados", el gobierno de la ciudad habla de "vándalos" y de "agitadores profesionales", los medios de "encapuchados" y los ciudadanos sin distingo de "revoltosos", mientras que la confrontación con los jóvenes se extiende en las ciudades y se escala bajo distintas expresiones.

Entre tanto el gobierno nacional y los cuerpos policiales reservan para ellos el riesgoso calificativo de "terroristas". El vicepresidente Francisco Santos y el propio presidente han sido reiterativos en solicitar la militarización de las universidades públicas, bajo el señalamiento de que en ellas operan grupos subversivos y que los activistas estudiantiles en muchos casos son "infiltrados terroristas".

Dr Strassman · 12-05-2010 , 10:06:03

El modelo mental del estado de guerra permanente

La política de seguridad democrática, que en esencia es una política contrainsurgente, se ha reproducido gracias a la combinación de dos tipos de sistemas complementarios:

- De una parte, un conjunto de mecanismos altamente pragmáticos que buscan incorporar a la población en el conflicto armado y mejorar la capacidad represiva del Estado: las recompensas, las redes de informantes, el aumento del pie de fuerza con presencia en casi todo el territorio nacional, y -en muchas regiones- bajo la inocultable coordinación de fuerzas con el paramilitarismo.

- Y de otra parte, la elaboración de un discurso legitimador que coloca a la población en alerta contra un enemigo, intrínsecamente malo, perturbador del orden, que abre frentes de acción en cualquier lugar y aprovecha toda oportunidad. Se viene descubriendo que a ello se ha sumado uno que otro atentado, el estallido de bombas, algunas muertes selectivas, las amenazas y asesinatos de líderes comunitarios, las "chuzadas" y los seguimientos a miembros de la oposición o incluso del propio establecimiento, por parte de los organismos de seguridad del Estado[1].

Los efectos prolongados de estas acciones, inspiradas en la producción de un sentimiento de inseguridad y seguramente articuladas a sentimientos morales previos, de repudio y rabia frente a las acciones deshumanizantes y que con atropellamiento indiscriminado ha realizado la insurgencia, han dado lugar a que gran parte de la población justifique la violación de los derechos humanos, guarde silencio frente a las ejecuciones extrajudiciales ("falsos positivos") realizadas por la fuerza pública y que ha cobrado la vida de cientos de jóvenes en situación de pobreza, admita la represión de la protesta social y justifique tácticas envolventes de guerra sobre espacios sociales como las universidades públicas.

La disposición a enajenar valores en los que se afinca la alternancia democrática, la trasparencia en la gestión pública y la defensa del Estado garantista, expresan la disolución de un sujeto político entre nosotros, si algo de ello existió en algún momento. Uribe, que encarna a su vez la "seguridad democrática", funge como un salvador a quien es necesario rodear, incluso trastocando los hechos mediante el uso de burdos mecanismos de justificación.

La seguridad democrática habla a los jóvenes

La principal herramienta de inclusión social de los jóvenes es su inserción en el mercado laboral. Si ello es así, el gobierno ha mostrado en este campo resultados muy pobres. La desocupación en el segmento de población de 14 a 26 años fue del 22,2% en el trimestre noviembre 2009 - enero 2010[2], mientras que el desempleo general fue del 12,3%. La caída de los ingresos de las familias presiona además para que más jóvenes busquen qué hacer, aumentando la informalidad y disminuyendo el empleo de calidad (empleo con contrato, prestaciones y seguridad social).

La vulneración de los derechos económicos de los jóvenes se encuentra aparejada con otras formas de estigmatización, exclusión y violencia. En Bogotá por ejemplo se ha experimentado en los últimos años la presencia activa de bandas paramilitares que decretan "toques de queda" y ejecutan actividades permanentes de la llamada "limpieza social"[3] en las que caen generalmente jóvenes de las barriadas.

La política de seguridad democrática ha estimulado en la práctica la vieja y arraigada idea de que los jóvenes son una población en riesgo que produce riesgos. Si el enemigo está dispuesto a infiltrar todos los ámbitos y espacios sociales, los jóvenes resultan siendo los eslabones más lábiles de la cadena, de manera que el tratamiento hacia esta población oscila entre el asistencialismo benevolente, la represión y la militarización de sus vidas: "Jóvenes en Acción", ampliación de la cobertura en el SENA, pero también controles, requisas, hostigamientos, detenciones y en algunas otras ocasiones, hasta el asesinato.

La estrategia en este caso tiene dos líneas claras de intervención:

- En primer lugar, busca acercarse a los jóvenes (generalmente en situación de pobreza), con la pretensión de reclutarlos para los cuerpos de seguridad como soldados campesinos o como policías en las ciudades, cumpliendo en principio acciones cívicas que pueden derivar en otro tipo de tareas y responsabilidades, que paulatinamente terminan involucrándolos como actores o víctimas de la violencia urbana. El Presidente a principios del presente año señaló la necesidad de desarrollar una política que vinculara a los jóvenes de las universidades como informantes de los organismos de seguridad del Estado, declaración que se hizo agua gracias al oportuno y vehemente rechazo de distintos sectores de la sociedad.

- En segundo lugar, la política ofrece desarrollar una estrategia "antiterrorista" selectiva, de estigmatización, de amenazas a líderes, de allanamientos a sus establecimientos y sitios de reunión, de enfrentamiento callejero de la "movida" o la movilización juvenil, y en fin, de llevar a cabo un ejercicio envolvente y sistemático que pretende liberar a los jóvenes, que son potenciales "terroristas" de otros "terroristas", también jóvenes. La Fiscalía solicitó en noviembre de 2008 a varias universidades las bases de datos de sus estudiantes, como un mecanismo preventivo para detectar la "infiltración" en dichos establecimientos. Esta situación se hace desde luego mucho más conflictiva y peligrosa si se tiene en cuenta que existe evidencia cierta de que la insurgencia se ha planteado también captar en las universidades y en las organizaciones juveniles, militantes para sus causas y proyectos.

De la violencia callejera a la construcción de una nueva subjetividad política

Si algo ha visto crecer la seguridad democrática, más allá de sus propios límites, son las formas virtuales de la organización juvenil. Son múltiples los portales sostenidos por estos núcleos, en los que se puede reconocer un elevado nivel de denuncia y de crítica social. Los jóvenes utilizan intensamente las nuevas tecnologías a su alcance para escenificar y poner en circulación las visiones sobre el mundo que experimentan.

Estas múltiples visiones conservan, sin embargo, como espéculo, la política de la seguridad democrática que se les ha ofrecido a los jóvenes durante estos ocho años. Muchos de ellos, entre los 17 o 18 años, tienen seguramente una visión borrosa de los mandatarios anteriores al actual presidente y tal vez no hayan perdido mucho con ello, pero resulta significativo que los procesos de construcción de sus marcos interpretativos sobre la problemática social y la sustentación de sus perspectivas de acción se hayan fraguado durante este período.

Si hay una confrontación aguda con la fuerza pública en muchos escenarios de la vida de los jóvenes, ello no es de ninguna manera el resultado de una acción emotiva y condicionada desde "fuera" por artífices profesionales de la agitación, la propaganda y el terror, como parecieran creerlo, el Alcalde Samuel Moreno o el Presidente Uribe. Los jóvenes buscan manifestar y escenificar sus narrativas, y para ello siguen rutas y consolidan acciones colectivas de distinto contenido. De un lado, en sus marcos interpretativos se reconocen principios, valores y emociones que implican un rechazo expreso a la exclusión y la injusticia de la que se sienten víctimas: un reclamo permanente por reivindicar su condición de jóvenes y legitimar un espacio de inclusión, fraguado más allá de la "amenaza" que ellos supuestamente representan. Un rechazo a la militarización de la vida social y la criminalización de los jóvenes.

De otra parte, la confrontación violenta buscada y deseada, en la que se materializa, así sea de manera ingenua, un "ajuste de cuentas" que escenifica sentimientos morales de indignación frente a situaciones de injusticia, barbarie y violencia, vividos por ellos, por sus familiares o por un "otro", al que suponen próximo a sus idearios de libertad. Existen narrativas para justificar la acción colectiva y su horizonte, en uno u otro caso.

En el fondo de estas acciones colectivas subyacen demandas de justicia hacia las instituciones, que bien en la denuncia contra la violencia y la impunidad, buscan reelaborar el mundo en el que se experimentan como jóvenes.

* Profesor del Departamento de Salud Colectiva, Facultad de Odontología, Universidad Nacional de Colombia.

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