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T emen que dinero de EE .UU . haya financiado ‘falsos positivos’

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Investigación de Gonzalo Guillén - Especial para Un Un Pasquín Dos de las principales organizaciones de derechos humanos de Washington ....



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Investigación de Gonzalo Guillén - Especial para Un Un Pasquín

Dos de las principales organizaciones de derechos humanos de Washington especializadas en el estudio de la violencia en Colombia (Center for International Policy y Latin America Working Group), expresaron a este periodista sus temores de que fondos de los contribuyentes de Estados Unidos hayan sido usados para financiar recompensas pagadas en Colombia por las muertes de al menos 2,221 personas inermes, incluidos 116 niños y 117 mujeres, cuyos cuerpos fueron presentados por las Fuerzas Militares como bajas logradas en combates contra la subversión que nunca tuvieron lugar.

Adam Isacson, director del programa para Colombia del Center for International Policy, reconocido en las altas instancias de Washington como uno de los principales estudiosos de la violencia en este país, reveló que “le hemos preguntado al Departamento de Estado si Estados Unidos han contribuido a eso y nos han dicho que no, por lo menos de su presupuesto”.

En esa consulta “nos dijeron que no hay ni un dólar de ayuda de ellos que vaya en efectivo para Colombia”, ya que “casi todo es en especie, en bienes y servicios, y no habría fondos para hacer esas cosas”.
Empero, precisó que “puede ser que sean fondos del Comando Sur o de las agencias de inteligencia de Estados Unidos”, pero dada la naturaleza estrictamente secreta de esos gastos, para la eventualidad de que hayan sido usados en casos de pagos de recompensas por muertes de falsos combatientes, “nunca lo vamos a saber o lo vamos a saber cuando seamos muy viejos”.

La Fiscalía Colombiana le dijo a este periodista que a 31 de diciembre de 2009 llevaba 1,218 investigaciones penales en las que ha documentado 2,221 ejecuciones extrajudiciales “atribuidas a miembros de la Fuerza Pública”. En ellas están involucrados 823 oficiales y soldados, en su mayor parte del Ejército Nacional, y de ellos 508 están presos.

Otras fuentes estiman que los muertos por las ejecuciones extrajudiciales cometidas durante la administración de Alvaro Uribe Vélez pasan de 3,000, cifra que puede multiplicarse con los casos de este tipo de crímenes que todavía permanecen ocultos en poder de la Justicia Penal Militar.
La posibilidad de que hayan llegado de Estados Unidos recursos para recompensas se debe, fundamentalmente, a que la Directiva Secreta número 29, del 17 de noviembre de 2005, expedida por el entonces ministro de Defensa de Colombia, Camilo Ospina, especifica que las recompensas en dinero por bajas enemigas pueden pagarse no solo con fondos colombianos sino de “organismos o entes internacionales”.
Isacson sostiene que “los únicos otros países que han facilitado ayudas militares [a Colombia], como entrenamientos, han sido Israel e Inglaterra”. No obstante, explica, “no los veo interesados en patrocinar bajas de las FARC”.

Isacson piensa que si la Directiva Secreta se refiere a “fondos internacionales, serían principalmente de Estados Unidos”.

En la redacción de la Directiva Secreta, observó, “no se por qué sintieron la necesidad de decirlo tan claramente” y, además, “especificarlo como si fuera que hubiera un país ofreciendo fondos para este propósito”. Además, “si hubiera tal país no se por qué necesitarían la figura legal [la Directiva Secreta] para recibirlos”.

Este periodista ha intentado durante dos meses conseguir una versión del Ministerio de Defensa de Colombia sobre el origen y la cantidad de los fondos “internacionales” planteados en la Directiva Secreta pero no la ha obtenido precisamente por el carácter oculto de la política estatal establecida en el documento.
Sin embargo, sí fue posible establecer en fuentes judiciales que la Directiva Secreta sigue vigente con algunas modificaciones menores y mantiene abierta la recepción de fondos “internacionales” para recompensar bajas.

El objetivo de la Directiva Secreta es el de establecer “una política ministerial que desarrolle criterios claros y definidos para el pago de recompensas por la captura o abatimiento en combate de cabecillas de las organizaciones armadas al margen de la ley”.

Falta de transparencia

Lisa Haugaard, de Latin America Working Group, en diálogo con este periodista, se mostró de acuerdo con Isacson. Reveló que ella también preguntó al Departamento de Estado y le contestaron “que no”. Pero, supone ella, “eso no quiere decir que no hay ayuda en efectivo” para militares colombianos.

Haugaard anotó que “la Ley de Cooperación Externa” de Estados Unidos, que el Congreso renueva cada año, dispone “la mayoría de los fondo para Colombia” y mantiene una “prohibición específica” para que se entregue ayuda en efectivo a este país.

Explicó que, además de los fondos del Departamento de Estado, “hay otras partes de la cooperación que son menos trasparentes” y fluyen “a través del departamento de Defensa”. Agregó que, adicionalmente, existe una cooperación de lasagencias de inteligencia “que es secreta y allí es posible que haya fondos” que hubieran podido ser usados eventualmente en los casos de las ejecuciones extrajudiciales en Colombia.
“Hay una gran cantidad de asistencia para todos los buenos militares [de diversas partes del mundo] que Estados Unidos está entrenando”, dijo Haugaard, “pero no es muy específica” en cuanto al uso del dinero y “en esta parte de la cooperación es posible [que haya habido fondos usados para recompensar bajas en Colombia], pero no tenemos ningún tipo de pruebas”.

No obstante, el temor de que fondos de Estados Unidos hayan llegado para el pago de esas recompensas en Colombia ha sido ventilado por Haugaard ante el Gobierno en Washington: “hemos hablado directamente con el departamento de Estado para decirle que es muy importante que no entregue fondos que puedan ser usados de esta manera”.

Lo mismo que Isacson, Haugaard advirtió la posibilidad de que haya llegado dinero en efectivo “de las agencias [de inteligencia] y del Comando Sur. Esa cooperación no es transparente y entonces no podemos tener confianza de que no haya llegado. Tampoco tenemos ninguna certeza” de que haya ocurrido.
Isacson sostiene que en Washington Haugaard es quien “más ha trabajado el tema de los falsos positivos”, como son denominadas las ejecuciones extrajudiciales en el argot militar colombiano.

Las posibilidades de recibir dinero extranjero en Colombia para recompensar bajas causadas supuestamente en combate, establecidas en la Directiva Secreta llevaron al ex senador y candidato presidencial Gustavo Petro a dirigir una carta al senador estadounidense Patrick Leahy para solicitarle que “investigue si los fondos del Plan Colombia se han utilizado para pagar recompensas” en este país.

‘Crímenes de estado’

Fuentes cercanas al senador Leahy en Washington dijeron a este periodista que la investigación fue pedida pero en términos “de reserva”. Esto quiere decir que cuando se produzcan los resultados va a ser difícil que los conozca de inmediato la opinión pública.

El senador Leahy es un caracterizado defensor de los derechos humanos y pertenece al comité del Senado que cada año expide la Ley de Cooperación Externa de Estados Unidos.

El Plan Colombia es un exitoso programa militar binacional ideado y puesto en práctica hace nueve años por los ex presidentes Bill Clinton y Andrés Pastrana para combatir el terrorismo y el narcotráfico en Colombia y en él Washington ha invertido cerca de $6,000 millones.

El ex presidente Pastrana advirtió para este reportaje sobre las consecuencias internacionales negativas que acarrearán al país las ejecuciones extrajudiciales y las describió como “crímenes de estado”. También señaló los peligros de que esos hechos ya hayan ocasionado en Washington la congelación de fondos por más de US$70 millones, necesarios para el desarrollo de proyectos militares vitales conjuntos con Estados Unidos.

Interviene el Congreso de EE .UU .

Las ejecuciones extrajudiciales en Colombia también llevaron a 53 congresistas de Estados Unidos a enviar una carta a la Secretaria de Estado, Hillary Clinton, en la cual expresan que “nos impresiona que muchas de estas unidades [militares colombianas comprometidas en ejecuciones extrajudiciales] fueron receptoras de asistencia militar y de defensa procedente de Estados Unidos”.

En la misma carta, los congresistas expusieron que “es el momento justo para hacer un balance de la situación y reconfigurar tanto la ayuda como la diplomacia” con Colombia, donde, sostienen, “la guerra sigue siendo encarnizada” y la crisis humanitaria es de “las más grandes del mundo”.

Tal reconfiguración de las relaciones frente a Colombia, plantean los congresistas, debería “disminuir la asistencia destinada a los militares colombianos” y “continuar prestando asistencia al sistema judicial de Colombia” con el objeto “de reducir la impunidad”, principalmente en los casos de “ejecuciones extrajudiciales”, así como en los abundantes casos de persecuciones, amenazas y espionaje de la policía secreta, DAS, contra periodistas, defensores de derechos humanos, magistrados de la Corte Suprema de Justicia y sindicalistas.

La Directiva Secreta incluye un cuadro de tarifas para pagos de recompensas en el que se fijan US$2, 475,000 por cada uno de 15 cabecillas de las guerrillas, así como también 40 pagos por igual número de jefes secundarios de frentes de guerra.

No obstante, los pagos por muertes de miembros de mediano y bajo rango son indefinidos y a ese renglón pertenecen la totalidad de las 2,221 ejecuciones extrajudiciales que investiga la Fiscalía y el precio establecido por cada uno de ellos es de US$1,500.

Las recompensas, de acuerdo con la Fiscalía, suelen ser repartidas entre grupos formados por miembros de las Fuerzas Armadas y colaboradores civiles.

¡Tapen! ¡Tapen!

Las muertes de los civiles inermes asesinados pudieron haber sido cometidas sobre la base de una simple información hipotética, de acuerdo con la Directiva Secreta. Los pagos, igualmente, pueden hacerse con la simple presentación de un recorte de prensa que de cuenta de los muertos por cobrar, de acuerdo con la normatividad secreta.

Isacson explicó que en altas esferas del Gobierno, el Congreso y otras instancias de Washington, “especialmente entre los demócratas como los senadores Leahy y John Kerry y los demás”, no es solamente las dimensiones humanitarias de las ejecuciones extrajudiciales lo que más preocupa “sino que los oficiales del gobierno de Colombia no muestran mucho pesar por la gravedad de los hechos”. Además, “siempre buscan minimizarlos” y dan “la impresión de que no ven estos crímenes como algo muy serio”. Esa actitud “es lo que más ha enojado a los que manejan los presupuestos aquí: la actitud permisiva”.

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