Después de la emergencia viene la calma
 

El Espectador (Editorial)/ 05 de abril de 2010

DIFÍCIL ENCONTRAR EN NUESTRA historia reciente una tempestad mayor a la que produjo la declaratoria de Emergencia Social y sus polémicos decretos con fuerza de Ley.


Pocas situaciones han logrado poner de acuerdo a tanta gente, en tan corto tiempo, para oponerse a unas normas: pacientes, clínicas y hospitales, universidades, médicos, academias de medicina, sociedades científicas, juristas, asociaciones de enfermos, técnicos, políticos, periodistas, en fin, el país entero, casi sin excepciones, entre ellas la muy llamativa del gremio que agrupa a las EPS.


El Gobierno, encabezado por el propio Presidente, emprendió una batalla poco usual para defender su Emergencia, acudiendo a cuanto escenario fue posible y empleando todos los medios de comunicación, con el fin de justificar la necesidad de mantener los decretos relacionados con la búsqueda de nuevos recursos para la salud, así como para tratar de convencer a los atónitos ciudadanos de que los otros decretos dicen algo distinto a lo que en ellos quedó escrito con toda claridad.


Con inusitada celeridad el Ministerio de Protección Social ha procedido a reglamentar el funcionamiento de las llamadas "prestaciones excepcionales" , establecidas en el Decreto 128, con normas que no han hecho nada distinto a causar mayor confusión y preocupación porque seguramente van a hacer más difícil la atención de los pacientes, centralizando en una sola entidad, que ha sido muy cuestionada, el manejo de cuantiosos recursos y acciones de gran responsabilidad.


La opinión pública ya se ha pronunciado profusamente, ya lo hicieron también el Procurador y el magistrado ponente y ahora le toca el turno a la Corte Constitucional, que tendrá que hacerlo en los próximos días. Sería una verdadera sorpresa que la Corte no declarara la inexequibilidad del Decreto 4975 del 23 de diciembre, con lo cual también caerían todos los decretos con fuerza de ley dictados a su amparo, así como las normas expedidas para reglamentarlos.


En ese escenario vale la pena advertir que el mundo no se va a acabar, ni va a colapsar el sistema de salud, como sugieren algunos funcionarios gubernamentales. En efecto, la movilización de cuantiosos recursos a diferentes niveles del Estado ya se produjo, esos dineros ya irrigaron el sistema y la caída de la norma no afecta para nada esta situación. Es decir, hoy la realidad financiera es considerablemente mejor que la que existía en noviembre del año pasado, cuando el Gobierno comenzó a hablar de la Emergencia Social en la cumbre de gobernadores de Manizales.


Pero si la situación lo exigiera, el Gobierno tiene la posibilidad de presentar rápidamente al Congreso proyectos de Ley con mensaje de urgencia, encaminados a conservar los tributos propuestos en la Emergencia, para que queden establecidos de manera definitiva, garantizando así el financiamiento de esos recursos. Es preciso recordar que aun en el caso de que no se cayera la medida habrá que dar este paso en algún momento porque por la vía excepcional ésta no tendría vigencia sino hasta el 31 de diciembre de 2011.


Otra situación bien diferente es la de los decretos que pretenden introducir cambios al sistema de salud, de manera improvisada y con temas altamente inconvenientes, los cuales han generado la polémica que hemos vivido. Una reforma de salud no es para el período final de un Gobierno que tuvo la ocasión de hacerla en los ocho años anteriores. Este tipo de medidas, que tocan puntos neurálgicos del sector social, requieren un estudio profundo con sólido sustento técnico y deben ser sometidas a un amplio debate nacional.


Los aspirantes a la Presidencia están advertidos de la situación y conocen por las encuestas que esta es una de las prioridades para la opinión ciudadana. Si el país tiene que dar el paso de una reforma de fondo debe hacerlo con seriedad, responsabilidad y prudencia. Por eso es conveniente que el próximo gobierno designe una comisión del más alto nivel que comience de inmediato a preparar una propuesta para presentarla al Congreso y a la opinión lo más pronto posible.


Habrá que examinar muchos asuntos sobre los cuales no será fácil un acuerdo, como por ejemplo si se debe mantener o no el sistema de aseguramiento, si el financiamiento debe seguir atado a los ingresos laborales o más bien debe hacerse por la vía de los impuestos generales o si es indispensable el establecimiento de límites a los planes de beneficios. En cambio, hay otros sobre los cuales existe consenso, como la urgente necesidad de enfocar los esfuerzos en promoción de la salud y prevención de la enfermedad, como ejes centrales del sistema, lo que implica la inmediata reapertura del Ministerio de Salud.