Por Alfredo Rangel
Lo que no pudo la oposición en siete años, lo hizo en dos semanas la improvisación y el desatino de de la reforma a la salud.
El impacto político de la polémica reforma a la salud podría ser muy perjudicial para el gobierno. Y esto, en pleno debate electoral, le restaría posibilidades a la coalición de gobierno, al tiempo que mejoraría la posición de algunos opositores de cara a las próximas elecciones.
En efecto, sea por desaprensión, o por soberbia o por exceso de confianza, el gobierno no previó la reacción adversa que las medidas tomadas al amparo de la Emergencia Social iban a provocar en muchos sectores sociales, sobre todo en las clases medias urbanas, que son las que, como sociológicamente se ha comprobado, más temor tienen ante las incertidumbres del futuro y ante la falta de seguridad social. Y en este sentido no hay nada políticamente más sensible que el tema de la salud, aquí y en todas partes. Por esta razón, con esas medidas el gobierno giró contra la cuenta de su popularidad entre las clases medias, y estas podrían cobrárselo por ventanilla en las próximas elecciones. Lo que no pudo la oposición en siete años, lo hizo en dos semanas la improvisación y el desatino de esas medidas.
Porque la gente no acaba de entender que esas medidas que iban a tener un enorme impacto sobre el acceso a la salud, se hayan tomado sin la suficiente y necesaria participación de los afectados, y, sobre todo, sin el imprescindible debate en el Congreso de la República, escenario institucional natural y obvio para discutir y aprobar decisiones de semejante impacto social.
Porque el hecho es que la crisis de la salud se veía venir desde hacía mucho tiempo, pero su agudización reciente pareció tomar al gobierno por sorpresa y sin tener una respuesta suficientemente madurada y estructurada. Lo demuestra el hecho de que los decretos sólo se promulgaron la víspera del vencimiento de la vigencia de la Emergencia Social. La opinión no acaba de entender por qué en siete años el gobierno no había presentado al Congreso una iniciativa de reforma estructural a un sistema de salud que hacía agua por todas partes. Como tampoco se explica por qué no lo hizo la oposición. Y ahora, en los estertores de una legislatura a punto de extinguirse y en medio de una deslustrada campaña electoral, opositores y gobiernistas en el Congreso tratarán a las volandas de enmendar la plana. Sólo a título de ejemplo, no hay que olvidar que en el primer año de su mandato Obama ya había enviado al Congreso una propuesta de reforma a la salud. Y eso que él no tenía encima una sentencia de la Corte Constitucional que lo conminaba a hacerlo.
Pero lo más preocupante es que esta situación también parece haber tomado por sorpresa a los candidatos presidenciales, la mayoría de los cuales ha pasado de agache frente a la crisis, o se han escudado en generalidades, o sólo han utilizado hechos potencialmente escandalosos para aprovechar la coyuntura. Pero no se han dejado ver con propuestas integrales sobre un modelo de salud alternativo que sea viable, sostenible y equitativo. Porque de ellos los ciudadanos no esperamos solamente críticas a lo existente, sino opciones de salida creíbles.
Que la cosa le salió mal al gobierno lo demuestra su reversa en algunos de los temas más críticos: el uso de las cesantías para pagar por la salud, las multas a los médicos demasiado diligentes, la unificación del POS por lo bajo. No era pues un asunto de redacción de los decretos, ni un problema de lectura que súbitamente nos afectó a todos los colombianos, menos al gobierno. Pero ahora la duda que asalta hasta al menos avisado es si el remiendo del remiendo será suficiente para superar definitivamente la crisis. Yo me temo que no. Que sigue existiendo y se va a agudizar en el mediano plazo un problema de recursos económicos que no lo van a solucionar las medidas contra la corrupción, ni las que buscan más eficiencia en la gestión, ni los impuestos adicionales a tres o cuatro productos.
Porque el hecho tozudo y grave que está en la base del problema es que de ahora en adelante 41 millones de usuarios de la salud van a ser financiados por sólo ocho millones de cotizantes, y esto no lo vamos a cambiar de la noche a la mañana. La solución entonces, creo, apunta hacia una reforma tributaria que permita inyectar recursos suficientes y permanentes a la salud. Pero siguiendo el principio liberal según el cual no se puede establecer ningún impuesto sin que los representantes de los ciudadanos participen en la decisión, esto debería ser objeto de un amplio debate político en el Congreso. Pero, claro, para los políticos hablar de un mayor esfuerzo en impuestos no es "políticamente correcto" en plena campaña electoral. Por esta razón, en los próximos tiempos al pensar en la salud los colombianos no tendremos certezas, sino mucha inseguridad.
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