DeNunCianDo - La DNE investigará denuncias de Uribe sobre influencias de 'narcos' en administración de bienes

La DNE investigará denuncias de Uribe sobre influencias de 'narcos' en administración de bienes

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El presidente Uribe en el municipio antioqueño de Caucasia.

El Presidente afirmó que "algunos inmuebles de están penetrados por el narcotráfico".

Según Uribe, algunas fincas que la Dirección Nacional de Estupefacientes entregó a particulares para adelantar proyectos productivos están siendo utilizadas por las bandas criminales para el negocio del narcotráfico.

En respuesta, el director de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), Ómar Figueroa, quien estuvo en el Consejo de Seguridad, señaló que tras el pronunciamiento del presidente se inició, junto con la Policía, el Ejército y la SAE (Sociedad de Activos Especiales), una verificación de los bienes en Córdoba y el Bajo Cauca para esclarecer y verificar posibles responsabilidades.

Figueroa señaló que desde hoy lunes la DNE comenzará a entregar 87 bienes en esa región al SAE que desde el año pasado se encarga de la administración de todos los bienes.

Además, que ante sospechas y rumores de la influencia de la mafia a depositarios encargados de manejar dichos predios se decidió a comienzos del 2009 entregar la administración de esas tierras a Corpoica y el Sena.

Añadió que el año pasado la DNE instauró 196 demandas ante la Fiscalía contra depositarios, ex funcionarios, entre otros, por irregularidades en el manejo de bienes de la DNE.

El presidente Uribe aseguró en el Consejo de Seguridad que "todavía en algunos inmuebles de estupefacientes, custodios o administradores están penetrados por el narcotráfico".

Por eso, ordenó reversar el manejo de esas tierras para ser entregadas al Sena y Corpoica, que se encargarán de adelantar proyectos agrícolas como la siembra de caucho y explotación de madera con campesinos en las zonas donde estén ubicados los predios.

Pidió a la Policía y la Fiscalía revisar el listado de tierras que están en proceso de extinción de dominio, especialmente en la subregión del Bajo Cauca Antioqueño y Córdoba, para identificar los predios que aún están siendo permeados por el narcotráfico.

Igualmente, tras conocer la liberación de 16 presuntos integrantes de la banda criminal 'Los Urabeños', capturados la semana pasada en Córdoba, el presidente Uribe manifestó su inconformismo por el trabajo de los jueces.

Los detenidos, quienes fueron sorprendidos con fusiles, granadas y munición, recuperaron su libertad tras la decisión de un juez en Montería, que consideró que el procedimiento de captura tuvo serias irregularidades.

Uribe dijo que recibió la queja de un fiscal de la capital cordobesa, acerca de la libertad de los miembros de la banda criminal.

"Con todo el respeto a la justicia (...) me preocupa muchísimo la queja que recibí anoche de un fiscal de Montería (...) nos dijo a los comandantes de Ejército y Policía de la región y a mí, que la Fiscalía estaba muy decepcionada porque habían capturado a unos integrantes de bandas criminales que venía del Urabá antioqueño hacia Córdoba, en unas camionetas que llaman cara e' vaca, y que un juez los había dejado en libertad", dijo Uribe.

El Presidente Uribe dijo que su preocupación va más allá de la presunta inoperancia de la justicia y agregó que no puede haber complacencia de funcionarios públicos con los delincuentes.

"Eso es muy decepcionante. Yo pienso que no puede haber un solo funcionario del Gobierno en complicidad con bandidos, no puede haber un solo político en complicidad con bandidos, no puede haber un solo soldado, no puede haber un solo policía en complicidad con bandidos, no puede haber un solo fiscal ni un solo juez de la República en complicidad con bandidos", dijo el mandatario.

La queja por la liberación de los 21 presuntos miembros de la banda 'Los Urabeños' la elevará el Presidente Uribe ante el Consejo Superior de la Judicatura, con el fin de establecer la responsabilidad del juez que ordenó la libertad.
En la última semana, el Gobierno enfrentó fuertes críticas por el crecimiento de las nuevas bandas surgidas tras el desmonte de los grupos paramilitares. La ONG Human Rights Watch publicó un informe en el que manifiesta su preocupación por la supuesta complicidad de miembros de la Fuerza Pública en las regiones.