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Por: Jorge Enrique Robledo, Bogotá, 5 de febrero de 2010.
En carta pagada como aviso de prensa, Fendipetróleo le dijo al presidente Álvaro Uribe que las pequeñas y medianas empresas (pymes) de la distribución minorista de los combustibles se encuentran “en camino de extinción”, porque, con el concurso de la regulación estatal, están “en peligro de ser desplazados por grandes emporios que pretenden apropiarse de una actividad económica desarrollada durante varias generaciones por familias” colombianas.
¿Qué empobrece y hasta arruina a los propietarios de 4.300 estaciones de servicio, de las que viven 42 mil compatriotas? Conspira contra estas pymes una poderosa manguala de trasnacionales que controlan la distribución mayorista de los combustibles, multinacionales del comercio de gran superficie y el Ministerio de Minas, que ha puesto el poder del Estado no en la protección de la competencia sino del monopolio y no en la defensa de los intereses nacionales sino de los extranjeros.
Mediante el Decreto 4299/05, el Ministerio de Minas obligó a los minoristas a comprarle los combustibles a un solo mayorista, con el que deben firmar un contrato de exclusividad, de manera que quedan presos de lo que se le antoje al monopolio que los acoyunta. Debe saberse que muchas estaciones de servicio son de propiedad de los minoristas, así en los avisos figure el nombre de una trasnacional, avisos que el Estado también los obliga a instalar aun cuando todas las marcas venden combustibles de igual calidad. Las trasnacionales mayoristas están, además, tomándose el mercado minorista, con el propósito de convertirse en monopolios integrados verticalmente. En esta estrategia presionan a los propietarios de las estaciones de servicio más rentables para que se las vendan y construyen otras en los sitios de mayor consumo. Es obvio que no les interesa apoderarse del negocio de las estaciones que menos venden, las de los pueblos, por ejemplo, a las que les basta con someterlas al látigo de la exclusividad del abastecimiento.
También ocurre que algunos hipermercados andan tomándose una porción importante del mercado minorista de la gasolina, maniobra que les facilitan las trasnacionales mayoristas y el gobierno, que ni siquiera les exige cumplir con las normas que sí tienen que cumplir las pequeñas y medianas estaciones.
En los dos casos, el arma principal para desplazar a las pymes son los precios de dumping, es decir, vender al por menor con utilidades muy bajas o incluso a pérdida, pirueta que las trasnacionales de los combustibles pueden realizar porque ganan mucho con la distribución mayorista y los hipermercados porque encarecen los otros productos que venden. Y es seguro que una vez eliminen la competencia, se desquitarán mediante precios de monopolio.
También arrinconan a las pymes, que tienen que operar con márgenes escasos, regulaciones que se expiden sin ninguna consideración o por lo menos no en su favor, tales como los reglamentos técnicos y las que cargan sobre ellas un costoso pasivo ambiental que viene de décadas atrás y con el que deberían ser solidarios el gobierno y las trasnacionales mayoristas. Todo sumado a un contrabando consentido por el Estado que llega a doce millones de galones al mes, la caída de las ventas de los combustibles y sus mayores precios (más caros que en Estados Unidos por causa de los grandes impuestos), así como al exagerado aumento de las estaciones, que pasaron de 2.300 a 4.300 en los últimos diez años. Y también rechaza Fendipetróleo que la política antinarcóticos les cree más problemas a las estaciones de servicio, incluso al punto de limitarles las ventas y de lesionarlas mediante “acciones abusivas de ciertas autoridades” que las relacionan con el procesamiento de alcaloides.
Este es otro ejemplo de qué entiende el gobierno por “confianza inversionista” y de la urgencia de salirle al paso a uno de los peores aspectos del libre comercio: que, con el pretexto de una falsa eficiencia, Colombia es el paraíso del capitalismo de los monopolios y las trasnacionales y el infierno de la economía no monopolista.
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