Por: Aurelio Suárez Montoya, Bogotá 02 febrero de 2010
Es difícil concebir mayor perversidad para la elaboración de una política pública que la que inspiró al gobierno de Uribe para decretar la Emergencia Social y dictar las medidas que de ahí emanaron con el falaz argumento de “salvar la salud de los colombianos”. La iniquidad de los respectivos decretos supera con creces la de Agro, Ingreso Seguro, la de las zonas francas, la de Carimagua, la de los contratos de seguridad jurídica, como los concedidos a hoteles y centros de diversión de cinco estrellas, y demás escandalosas licencias al capital, incluyendo las otorgadas a empresas petroleras y mineras, a consorcios financieros y a firmas de construcción.
Como la “ocasión hace al ladrón”, el ministro Palacio fabricó la suya, y, sirviéndose de la distracción general de fin de año, asestó uno de los golpes más arteros que se haya dado a los colombianos. Había dicho que unificar los planes de salud, entre el SISBEN y el del régimen contributivo, ordenado por la Corte Constitucional en la sentencia T-760, costaba seis billones de pesos y que las tutelas, que pasaron en diez años de 21.301 a más de 146 mil, valían 900 mil millones anuales. Se desconocieron esos hechos que muestran el fracaso de la Ley 100 -la que Marcela Vélez, en el libro, “Salud: negocio e inequidad”, calificó como “catastrófica”- y se mantuvo, como sostiene esta autora, que “por factores económicos y sociales que interactúan a la hora de tener acceso a la salud, vuelven la vida, en condiciones dignas, una lotería”. No se enmendó la Ley 100, se ahondó en ella.
Una carta enviada el 14 de diciembre al Ministro por Álvaro Cardona, decano de la facultad de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, anunciaba las pérfidas intenciones del gobierno “…las motivaciones formuladas por el Presidente respecto a la declaratoria de la Emergencia Social en Salud, por lo menos en los términos en que hasta ahora ha sido presentada, genera grandes interrogantes sobre la comprensión de los verdaderos problemas que aquejan al sistema de salud del país”
Cardona, además, avisó: “las soluciones que se insinúan son de carácter fiscal y regresivo: más impuestos, más copagos para los más pobres y más recursos públicos para el lucro de operadores privados”. Acogiendo estudios que muestran que el negocio de los intermediarios en salud arroja utilidades del 30%, concluyó que se sentía “una tendencia a eludir el cumplimiento de los principios constitucionales establecidos en la Sentencia de la Corte, concentrando la atención pública en la solución de la deuda contraída con las EPS valiéndose de la Emergencia Social(...) También puede ser que el gobierno acoja la Sentencia de la Corte Constitucional, pero nivelando el POS por lo bajo y aprovechando la coyuntura de la emergencia para hacer este ajuste sin debate legislativo, y, por ende, sin debate público”.
Lo sucedido rebasó los vaticinios de Cardona. “Los decretos condenan a la gente a morir”, dijo el presidente de la Asociación Colombiana de Clínicas y Hospitales, y los gerentes de los hospitales de Bogotá declararon: “Estas medidas podrían echar al traste los logros de la red pública del Distrito”. La Academia Nacional de Medicina afirmó sobre el decreto 131:“significa la abolición del componente más importante del profesionalismo: la autonomía intelectual en la toma de decisiones respecto a las situaciones de incertidumbre biológica que entraña la práctica médica”; y agregó, “es inconcebible que se decrete que los costos de las prestaciones calificadas como excepcionales en salud, los afiliados deban cubrirlos con préstamos bancarios o, lo que es peor, con sus cesantías”. Saúl Franco, de la Fundación DEMOPAZ, ha expuesto que: “siete de los diez decretos mencionados se dedican en su totalidad a la cuestión de la asignación, la distribución, el flujo y el control de los recursos del sistema”, que los otros tres son “un asalto a la ciencia y a la ética profesional” en lo que cataloga como una “radicalización mercantil del modelo”.
Las opiniones anteriores impelen a movilizar al país no sólo a exigir la derogatoria de las “aberrantes disposiciones”, como las calificó la Academia de Medicina, sino, de una vez por todas, la supresión de la Ley 100, criatura de Álvaro Uribe. En reiteradas ocasiones, el senador Jorge Enrique Robledo, ha dicho que ésta es responsable de más muertos que el conflicto armado y ahora sí, con mayor razón, cuando se ha vuelto en genocidio legal. Que lo digan si no, los pacientes terminales que en Medellín están a punto de ser las primeras víctimas de la infausta Emergencia Social. Todo sea por la Confianza Inversionista.
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La Confianza Inversionista en salud: del “paseo de la muerte” al genocidio
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