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Por: Libardo Gómez Sánchez, Diario del Huila, Neiva, enero 25 de 2010.
Es frecuente escuchar la expresión: “llegó el cheque mensual”, refiriéndose a alguno de los recibos de un servicio público, sea agua, alcantarillado, electricidad, teléfono o gas. Por supuesto que es una manera mordaz de recibir unas facturas que se han convertido en uno de los mayores suplicios de los colombianos, pues desde que la ley 142 de 1994 determinó que el propósito principal de las empresas prestadoras de estos servicios es garantizar su rentabilidad el usuario quedó relegado a convertirse en un factor útil en la gestión empresarial.
Cuando Rafael compró la casita en uno de los barrios populares de Bogotá se tomó unas cervezas para celebrar que ya tenía el rancho en donde guarecerse hasta el fin de sus días; no podía imaginarse que lejos estaba de la realidad, pues el atraso en el pago de los recibos de la EEBB pondría en serio riesgo ese sueño dorado. Una mañana de esas de ingrata recordación, le llegó la notificación de la demanda que la empresa, a través de una firma de abogados, le había puesto por la mora en el pago de seis recibos de la luz; la carta amenazaba con el embargo de su vivienda en caso de no ponerse al día. Rafael no podía dar crédito a tamaña arbitrariedad que lo ponía ad portas de la calle, pero una revisión de los términos de la ley y los decretos que la reglamentan le confirmaron que la empresa lo podía hacer. Luego averiguando con amigos más enterados del asunto supo que desde el gobierno de Antanas Mockus le fue cedido el control de la Energía de Bogotá a inversionistas privados a pesar de tener menos del 50% de la propiedad, algo así como que uno compra un carro pero lo maneja el vecino porque lo tanquió.
Desafortunadamente casos como este abundan en todo el país y de continuar podría terminar con un revolcón en la propiedad inmobiliaria concentrando la posesión de muchas viviendas en manos de las empresas de servicios públicos que cobran tarifas confiscatorias.
El tamaño de las tarifas las regula las comisiones de regulación como la CRA (agua potable y saneamiento básico), la CREG (energía y gas) y la CRC (comunicaciones) y sin excepción todas para su cálculo emplean metodologías elaboradas bajo el concepto de suficiencia financiera, es decir, de máxima rentabilidad, porque el criterio de servicio público desapareció. Es evidente el manejo discriminatorio que se refleja en algunas de sus disposiciones, recientemente, en razón a la prologada sequía, la CRA expidió la Res. 491 del 4 de enero de 2010 que castiga los consumos excesivos de agua potable en la que se estableció, por ejemplo, en zonas por debajo de los 1.000 msnm que los estratos 1,2,3 y 4 serán penalizados por consumos mayores a 35 M3 por suscriptor y a los estratos 5 y 6 por consumos superiores a 43 M3. No se necesita tener tres dedos de frente para saber que los más pobres tienen familias conformadas por un número mayor de miembros y sin embargo se les conceden consumos menores.
Bajo esta nueva concepción, el riesgo de carecer de los servicios es altísima y por ello cientos de organizaciones sociales, ambientalistas, usuarios de servicios públicos y sindicatos se agruparon para promover el denominado: “Referendo por el Agua” que persigue garantizar esta como un derecho fundamental de tal manera que el gobierno se obligue a ofrecer un mínimo vital a todos los ciudadanos evitando la suspensión total del suministro en caso de no poder pagar el recibo. De lo contrario millones de colombianos terminarían abocados a volver a montar un cántaro en el lomo de un burro para cargar agua de los contaminados ríos de la geografía nacional.
Para que el referendo finalmente logre su objetivo debemos reclamarle al congreso el respeto al texto original y término a las burdas maniobras para afianzar el espíritu privatizador.
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