El 93% de las torturas en Colombia son responsavilidad de las fuerzas del estado

acá les dejo las conclusiones y las recomendaciones del informe sobre tortura, tratos crueles e inhumanos o degradantes en Colombia, esto va con copia en el tema que publique anteriormente y con el respectivo linck para el que quiera profundizarlo, da algo de miedo subir este tipo de cosas así que les recomiendo que lo aprovechen.

Linck:

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Conclusiones

1. Éste y otros informes han hecho evidente que la tortura en Colombia es una práctica sistemática y generalizada. La mayoría de los casos registrados, son de responsabilidad del Estado, por perpetración directa de sus agentes o por la acción conjunta con los grupos paramilitares. En menor medida se tiene conocimiento de torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos por grupos guerrilleros contra la población civil.

2. La política de “Seguridad Democrática”, ha propiciado el aumento de violaciones a los derechos humanos cometidas directamente por agentes del Estado, tales como, las ejecuciones extrajudiciales, las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, desplazamiento forzado, violencia sexual, entre otros, por consiguiente, dicha política ha propiciado la práctica de la tortura física y psicológica.

3. Se ha evidenciado el mantenimiento de la práctica de la tortura en zonas históricamente controladas por grupos paramilitares, quienes a pesar del supuesto proceso de desmovilización, continúan cometiendo crímenes de lesa humanidad.

4. Se demuestra que permanece la habitual práctica de la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes en los establecimientos carcelarios y en los sitios de reclusión transitorios.

5. Diferentes sectores de la sociedad que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, como la población afrocolombiana, indígena, campesina, defensores de derechos humanos, líderes sociales, personas lesbianas, gay, bisexuales y transgeneristas, las mujeres, niñas y los niños, continúan siendo víctimas de
tortura.

6. La violencia sexual contra las mujeres y las niñas sigue siendo un mecanismo de control de la población civil y un arma de guerra.

7. La práctica de la tortura tiene un impacto psicosocial cuyos efectos van mucho más allá de las víctimas directas. La tortura afecta a la sociedad entera y obstaculiza la superación del conflicto armado interno y la construcción de una sociedad democrática.

8. La situación del conflicto armado interno y la violencia política en el país, dan cuenta de un contexto propicio para la implementación de nuevas estrategias de tortura psicológica, que buscan no dejar evidencia y que continúan generando efectos devastadores en las víctimas.

Por las anteriores razones, la Coalición Colombiana Contra la Tortura solicita al Comité contra la Tortura:

• Que inste al Estado colombiano para que este ratifique el Protocolo Facultativo de la Convención Contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

• Que realice una investigación en los términos del artículo 20 de la Convención, incluyendo una visita al territorio.

Recomendaciones

Exigimos al Estado colombiano que:

1. Cumpla las recomendaciones de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresadas en sus informes anuales.

2. Cumpla las recomendaciones del Comité Contra la Tortura emitidas en su 31º período de sesiones celebrado en noviembre de 2003.

3. La justicia colombiana investigue y sancione a los responsables de delitos detortura, tratos crueles, inhumanos y/o degradantes.

4. Tenga en cuenta el Manual Para La Investigación y Documentación Eficaces de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, conocido como Protocolo de Estambul, especialmente en lo referido al examen y evaluación tras formas específicas de tortura y a las directrices para la evaluación
médica de la tortura y malos tratos.

5. Las autoridades judiciales, dentro de la aplicación de la Ley 975 de 2005, conocida como ley de “justicia y paz”, exija que los paramilitares confiesen todos los delitos de tortura, incluyendo los de violencia sexual, en los que hayan participado o de los cuales tengan conocimiento; que investigue plenamente posibles torturas que se hayan cometido en conjunto con violaciones al derecho a la vida; y que se otorguen garantías que permitan que las víctimas de tortura y malos tratos participen en los procedimientos en condiciones de seguridad.

6. Las autoridades judiciales nieguen los beneficios que concede la Ley 975 de 2005, a los paramilitares que no reconozcan su responsabilidad en la consumación de delitos de tortura, tratos crueles, inhumanos y/o degradantes.

7. Las autoridades judiciales nieguen los beneficios que concede la Ley 975 de 2005, a los paramilitares “desmovilizados”, que continúan practicando torturas y malos tratos, después del fallido cese de hostilidades propuesto por los grupos paramilitares a partir del 1° de diciembre de 2002.

8. Cumpla las recomendaciones de distintas instancias de protección de losderechos humanos en el sentido de desmantelar los grupos paramilitares y garantizar que se rompan los nexos entre agentes del Estado y los grupos paramilitares.

9. Los grupos combatientes respeten de manera irrestricta las normas del derecho humanitario.

10. Cumpla con las obligaciones contenidas en la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura.

11. Adopte la política pública, que impide la comisión de actos de tortura y malos tratos en nuestro país, al igual que la eliminación de la impunidad.

12. Los funcionarios públicos conozcan y respeten las normas nacionales e internacionales en materia de tortura.