El contradictorio caso del almirante Arango Bacci

La Fiscalía investigó por dos años y halló pruebas para acusar al alto oficial por presuntos nexos con el narcotráfico. Ahora el fiscal del caso dice que éstas son inconsistententes.

La segunda semana del juicio contra el almirante Gabriel Arango Bacci, acusado de tener nexos con el narcotráfico, estuvo llena de contradicciones que han generado confusión en la opinión pública y en quienes han seguido de cerca el caso que comenzó hace dos años.

Durante la audiencia pública en la tarde de este miércoles en la Corte Suprema, Jaime González, procurador delegado, le dio toda la razón al oficial investigado, al punto de que varios observadores en la sala opinaron que parecía el mejor abogado defensor del Almirante retirado.

Concluyó, similar a lo que extrañamente dijo la Fiscalía la semana pasada, que todo se trató de un montaje en contra de Arango para impedir que llegara a la comandancia de la Armada. Incluso se lanzó a pedirle a la Corte Suprema que investigara al almirante Guillermo Barrera, comandante de la Armada, al director de Contrainteligencia y al de Inteligencia.
La investigación contra el almirante comenzó hace dos años, luego de que fuera retirado de la Armada. Oficialmente, tanto el Presidente de la República como miembros de la cúpula militar aseguraron que su baja fue porque había cumplido el tiempo de servicio. Pero después, el nombre de Arango Bacci fue relacionado con una investigación interna de la institución sobre narcotráfico.

Más adelante se conoció que en el computador del narcotraficante Juan Carlos Ramírez Abadía, alias ‘Chupeta’, se leía: "22/01/2004 Cuadre Fragata Movida Sitio ...70.000 ... 3.949.618...12 Juanita -4". Cuando la Fiscalía averiguó si en efecto se habían movido fragatas ese día, y quién había firmado esa movida, la Armada le informó que se había movido la fragata Arlmirante Padilla y quien firmó esa orden de moverla fue Arango Bacci.

Durante este tiempo, la Fiscalía documentó una a una las pruebas y testimonios que había en contra del oficial, y las sintió lo suficientemente sólidas para atreverse a ordenar su captura y acusarlo de cohecho, revelación de secreto, enriquecimiento ilícito y prevaricato por omisión. En medio del juicio terminó su período el Fiscal General, Mario Iguarán, salió el fiscal del caso y éste pasó a manos de otro fiscal, Jesús Antonio Marín.

Y como cosa poco vista en un proceso legal, el fiscal que recién tomó el caso, sin esperar a que la Corte fallara si Arango era o no culpable, deshechó las propias pruebas de la Fiscalía y dijo la semana pasada que las pruebas no eran consistentes.

Para completar, este miércoles la Procuraduría pidió la absolución del almirante Arango Bacci y aseguró que este era un complot orquestado por miembros de la actual cúpula de la Armada. “Para proferir sentencia condenatoria se requiere certeza, y aquí no hay ninguna certeza de culpabilidad contra el almirante Arango”, dijo el procurador González.
Durante la audiencia, el Ministerio Público citó algunos episodios de narcotráfico en los que supuestamente está involucrado el oficial retirado para luego desvirtuarlos. Lo extraño es que varias aseveraciones del procurador son contrarias a los que dice el expediente de la acusación armado por la Fiscalía.

Uno de ellos fue el testimonio de Juvenal Serna Amarías, de quien dijo, había inducido un delito para cuadrar la venta de una carta de navegación y comprometer a Gabriel Arango Bacci.

“(Amarís) indujo una filmación y grabación del CTI el 15 de agosto de 2007 (...) para fraguar la venta de una carta de navegación. En efecto, la venden, pero se advierte la intención de Juvenal de inducir expresiones o significaciones contra el acusado”, aseguró el procurador, “los señalamientos de Juevanl de la venta controlada de las cartas de navegación no se le puede dar el valor probatorio”.

Sin embargo, la investigación de la Fiscalía dice otra cosa: “Serna Amarís, ya se ha dicho, era poseedor de información sobre la existencia de una organización dedicada al comercio ilegal de información reservada y cartas de navegación, conformada por civiles y miembros activos y retirados de la Armada Nacional de Colombia (...) de ahí en adelante que entre esos oficiales y suboficiales pudiera señalar la participación del señor Arango Bacci”.

En la jornada, la Procuraduría también mencionó otro importante episodio del que se ha hablado en varias ocasiones y que tiene que ver con el movimiento de la fragata ARC Almirante Padilla, ordenado por Arango Bacci el 21 de enero de 2004, aparentemente para alejarse de un sitio en San Andrés con el fin de que pasaran lanchas cargadas de droga.

El procurador, citando lo dicho por la Fiscalía, dijo que aunque algunos oficiales como los capitanes Luis Tovar y Jairo Javier Peña aseguraron en su momento que este movimiento no fue el correcto y fue contrario a los intereses del Estado, otros militares como los almirantes José William Porras y Orlando Malaver sí estuvieron de acuerdo con esto.

Pero en la providencia de la Fiscalía, hay una larga lista de militares de alto rango que aseguran estar en desacuerdo, pruebas en mano, con que esta fragata tuviera que moverse.

“Se verificó y estableció, con prueba legal y oportuna de quien la elaboró el documento ‘Análisis operación ARC Almirante padilla 21 de mayo de 2007, se ratificó su contenido, acreditando la experiencia para efectuar ese ejercicio analítico, mostrándose en un todo de acuerdo con el presentado por el jefe de Operaciones Navales de dicha fuerza y precisando que lo señalado por el Vicealmirante (Edgar) Cely obedece a que es un experto en esos temas”, señala la Fiscalía.

En las próximas semanas la Corte Suprema de Justicia tendrá que fallar el caso de Gabriel Arango Bacci, y sopesar si el expediente de pruebas pacientemente armado por la Fiscalía con la colaboración de la propia Armada, es válido, o si, como aseveraron el fiscal que tomó el caso recientemente y ahora el procurador, estas no son consistentes.

No hay que perder de vista en este contradictorio caso que lo que está en juego es grande: si hubo o no infiltración del narcotráfico en altas esferas del poder.