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BOGOTA.- Pese a las críticas de varios gobiernos de la región, Colombia firmó ayer con Estados Unidos un polémico acuerdo de cooperación militar que posibilitará el acceso a tropas estadounidenses a por lo menos siete bases colombianas para el combate de la guerrilla y el narcotráfico.
El documento, que amplía otros convenios de cooperación militar firmados anteriormente, fue suscripto en un acto privado por el canciller colombiano, Jaime Bermúdez, y el embajador estadounidense en Bogotá, William Brownfield. También estuvieron presentes los ministros del Interior y de Defensa de Colombia, Fabio Valencia y Gabriel Silva, respectivamente.
El pacto permite la presencia en territorio colombiano de hasta 800 militares y unos 600 contratistas estadounidenses que podrán operar en las bases de Malambo, en el departamento del Atlántico (norte); Palanquero (centro del país); Apiay, en el departamento del Meta (sur); Cartagena (sobre el mar Caribe); Bahía Málaga (sobre el Pacífico, oeste); Tolemaida (centro), y Larandia, en Caquetá (sur del país).
Los presidentes de Venezuela, Hugo Chávez; de Ecuador, Rafael Correa, y de Bolivia, Evo Morales, han cuestionado el convenio y aseguran que es un riesgo y una amenaza "contra la soberanía" regional.
Chávez, el más férreo opositor al acuerdo, justifica la compra de armas por parte de su país con el argumento de que Colombia será la plataforma de Estados Unidos para lanzar un ataque contra Venezuela. El pacto también generó algunos resquemores en los gobiernos de Brasil, la Argentina, Uruguay y Chile.
Bermúdez, que anunció que el texto del acuerdo será público la semana que viene y que será enviado a todos los países de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), declaró que comenzará a operar de manera "inmediata", pues el trámite que falta en el Congreso de los Estados Unidos (será considerado por los comités de relaciones exteriores de ambas cámaras) es meramente informativo.
El canciller señaló que la cifra de estadounidenses en el país no llega hoy en día a los 220 militares y 400 contratistas y que se espera que ese número se continúe reduciendo, porque el convenio trata, sobre todo, de asuntos de cooperación técnica.
Pero el Consejo de Estado colombiano (máximo tribunal de control administrativo), que emitió un dictamen legal sobre el asunto ayer, señaló que el convenio deja a Colombia en condición de cooperante de Estados Unidos, que decidiría las tareas que se deban realizar.
Por eso, recomendó que sea estudiado por el Congreso antes de su aprobación.

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El gobierno rechazó el informe con el argumento de que no se trataba de un acuerdo internacional, sino un convenio simplificado y que no implicaba el paso de tropas extranjeras hacia otros países con fines bélicos.
"No vamos a tener tropas llegando en aviones. Vamos a tener una cooperación técnica. Que quede claro, lo que busca este acuerdo es acabar con el narcotráfico y con el terrorismo en Colombia. Los países vecinos pueden estar tranquilos", añadió.
Así lo prometió, además, la secretaria de Estado norteamericana, Hillary Clinton, que, en una carta que envió en agosto a los cancilleres de los 12 países de América del Sur, garantizó "que ninguna actividad, ninguna misión permitida bajo este acuerdo tendría un efecto extraterritorial".
"El monopolio de las armas está a cargo del Estado colombiano y no autoriza la fuerza o el ataque contra otro país; es lo que dice la Constitución, y el acuerdo la respeta", dijo, por su parte, Valencia.
Por otra parte, Brownfield indicó ayer que el pacto actualizaba y modernizaba los convenios de cooperación militar bilaterales que datan de 1952, 1962 y 1974. Además, Colombia ha recibido una ayuda por unos 5000 millones de dólares de Estados Unidos para enfrentar el narcotráfico y los grupos armados ilegales en el marco del denominado Plan Colombia.
"Este acuerdo es una parte natural de nuestra relación y nos permite seguir trabajando juntos de forma estrecha para responder a los desafíos de seguridad en Colombia", señaló una breve nota emitida por el Departamento de Estado de Estados Unidos tras la firma del pacto.
Inmunidad con límites
Los uniformados que operen dentro del acuerdo militar bilateral suscripto ayer gozarán de inmunidad diplomática, lo que rechaza la oposición política al gobierno del presidente colombiano, Alvaro Uribe, y organizaciones no gubernamentales.
Pero el Ejecutivo afirma que se incorporaron elementos nuevos para limitar su alcance como el que se pueda "pedir el levantamiento de la inmunidad en determinados casos".
"No va a haber jurisdicción norteamericana o cortes marciales en territorio colombiano. Colombia podrá participar en las investigaciones", dijo Bermúdez.
"Se trata de inmunidad, no de impunidad", subrayó Brownfield.
Agencias AFP, ANSA y EFE

Advertencia de Correa desde Moscú

• MOSCU (EFE).? El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, advirtió ayer que las relaciones entre su país y Colombia podrían complicarse aún más si se confirman las denuncias de espionaje colombiano contra Ecuador, Venezuela y Cuba. Al término de su visita de dos días a Moscú, Correa dijo que, de probarse estas acusaciones, peligraría el propósito de Quito de normalizar las relaciones con Bogotá, rotas después del bombardeo de zonas fronterizas de Ecuador por la aviación de Colombia el 1° de marzo de 2008. El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, había denunciado supuestas operaciones de espionaje colombiano en su país, Ecuador y Cuba.