Las EPS están obligadas a atender menores adictos

Cuando a la edad de 13 años su hijo Esteban* incursionó en las drogas alentado por un vecino, Mercedes* vio cómo aquel joven respetuoso y deportista, cambiaba drásticamente ante sus ojos. Comenzó a frecuentar a otros adictos como él, se tornó mentiroso, rebelde y desinteresado por el estudio. Fue entonces que Esteban* tocó fondo. El consumo progresivo de marihuana y perico hacía que se perdiera hasta dos días de la casa y robara objetos de valor de su familia en su afán por comprar droga. Como si esto no bastara, fue detenido en varias ocasiones por portar marihuana dada su condición de menor de edad y fue a parar a la Comisaría de Familia.

Desesperada por el problema con las drogas que afrontaba el mayor de sus dos hijos, la mujer de 46 años recurrió a la EPS a la cual estaba afiliada. Este hecho marcaría el inicio de un camino, que como ella recorren miles de familias en el país, donde los excesos por la tramitología y las excusas a veces sin fundamento, hacen que las EPS se hagan las de la ‘vista gorda’ frente a derechos fundamentales como la salud y la vida.

El camino legal

La maujer relata que el 14 de julio pasado llevó la orden a la EPS con la esperanza de que Esteban* fuese internado en una clínica especializada en desintoxicación. Transcurridos 15 días sin obtener respuesta alguna, envió un derecho de petición para agilizar la decisión de la entidad, pero tampoco dio frutos.

Tuvo que esperar hasta mediados de agosto para que una empleada de la EPS le informara verbalmente que le había sido negada la autorización, argumentando que este procedimiento no estaba contemplado en el Plan Obligatorio de Salud, POS.
Aconsejada por una familiar abogada, sabía que la tutela era el único remedio posible. Ni ella ni su esposo, ambos trabajadores asalariados, tenían los $5 millones que al mes cuesta un tratamiento de desintoxicación en una institución privada de la ciudad.

Y así fue. Desde el pasado 16 de septiembre su hijo está recluido en la Clínica San Pablo de Bucaramanga, luego de que el Juzgado Segundo Civil Municipal fallara a favor del menor de edad, representado legalmente por su mamá.

El fallo obliga a la EPS a costear la totalidad del tratamiento, incluyendo copagos y cuota moderadora.
Para Mercedes*, la tutela fue el “salvavidas” y permitió que su hijo hoy en día esté recibiendo ayuda profesional por un período de tres meses para superar esa enfermedad como es catalogada la drogadicción: “lo único que les puedo a decir a personas que como yo están en la misma situación, es que no se den por vencidas y den la batalla con todas las herramientas legales a su alcance”.
*Nombres modificados por petición de los entrevistados.

LA VOZ DEL EXPERTO
Menores tienen prioridad: Defensoría
Dilmar Ortiz Joya / Defensor del Pueblo de Santander
La Defensoría siempre ha velado por la protección de derechos fundamentales, y adquiere mayor relevancia aquellos derechos contemplados en el Artículo 44 y el Código de Infancia y Adolescencia, en donde efectivamente los menores de edad tienen prioridad en la atención médica, y especialmente cuando se refiere al consumo de sustancias sicoactivas.
Así pues es una obligación del Régimen de Seguridad Social que cumpla con la atención y adicionalmente genere Programas de Promoción y Prevención, encaminados a evitar la drogadicción y el alcoholismo.
Cualquier persona puede recurrir a la Defensoría del Pueblo para se generen las acciones respectivas, es decir los oficios requiriendo a las EPS los derechos de los menores, que deben primar y aquío no hay lugar a excusa de ninguna especie.
De hecho, el 90% de las quejas y peticiones que recibe la Defensoría en Santander está relacionada con salud, en su mayoría por cirugías que no se practican, medicamentos que no se entregan, atención deficiente o el ‘paseo de la muerte’.

PRECEDENTE CONSTITUCIONAL
Según un abogado especialista en Derecho Disciplinario y Penal, que ha manejado varios procesos de esta naturaleza, las EPS están acostumbradas a negar cualquier tratamiento que no esté dentro del POS. Dice que es una tendencia actual de las empresas para limitar los gastos a costa de la salud de la gente.
Sin embargo, el profesional, quien prefirió omitir su nombre, advierte que estas instituciones, ya sean del Régimen Contributivo o del Subsidiado, no pueden pasar por alto los pronunciamientos de la Corte Constitucional, “ya que las tutelas se constituyen en un precedente de obligatorio cumplimiento”, o se pueden incurrir en desacato.
Para el caso puntual de menores que sufren adicciones por consumo de sustancias sicoactivas y alucinógenas, el experto señala que hay una sentencia de la Corte, la T-881 de 2001, con ponencia del magistrado Jaime Araújo Rentería, que abre las puertas a las personas con esta problemática.
En ese sentido, el abogado y profesor universitario asegura que este fallo además sienta un precedente: si el especialista o la Junta Médica de la EPS no considera viable el concepto de internar al menor adicto, la persona o los padres pueden recurrir a un médico particular para hacerlo valer.
“Todo esto está en el marco del Artículo 44 de la Constitución Nacional que habla de la protección de la niñez. La salud de por sí no es derecho fundamental, a menos que vaya en conexidad con la vida, pero el asunto cambia cuando se trata de menores de edad”, sostiene.
Con base en estos argumentos, cualquier persona puede interponer una tutela como herramienta jurídica para que cualquiera de sus beneficiarios sea atendido por el Sistema Integral de Seguridad Social y las entidades costeen los gastos del servicio hasta la recuperación definitiva.