‘El presidente Duque pondrá su propio sello al implementar la paz’

Con los necesarios ajustes, lo que importa es que Duque cree que la paz es mejor que la guerra. Y un dato adicional, el gobierno Duque cree que la Farc está cumpliendo: "La absoluta mayoría está cumpliendo y está sinceramente comprometida con el proceso; una minoría, no.". Lo que debe tranquilizar a los colombianos y a su propio partido.

Cita:

‘El presidente Duque pondrá su propio sello al implementar la paz’ Emilio Archila, consejero para el posconflicto, dice que para esto tendrá en cuenta a su electorado. Emilio Archila afirma que habrá $ 2,3 billones para la paz en el 2019. Foto: Héctor Fabio Zamora. EL TIEMPO Por: Marisol Gómez Giraldo 22 de diciembre 2018 , 09:22 p.m. Emilio Archila es hoy uno de los funcionarios del Gobierno con más tareas. El consejero presidencial para el posconflicto tiene a su cargo los distintos frentes de la implementación de la paz con la exguerrilla de las Farc, que antes estaban distribuidos entre varias personas. Esta semana, el Gobierno lanzó su plan ‘Paz con legalidad’ que, en palabras de Archila, tiene “personalidad propia” y responde a la visión del país que tiene Duque y a lo que espera de él la gente que lo eligió. Archila le explica a EL TIEMPO en qué consiste. ¿Cuál es la diferencia de la política de paz de Duque con lo que había? Hay muchas. Hay una diferencia temporal, porque una cosa es negociar y otra implementar. Una segunda diferencia es que tenemos elementos jurídicos distintos. La Corte Constitucional señaló que la implementación (de los acuerdos de paz) debía hacerse dentro del concepto del Gobierno que haya sido elegido. ¿No tiene que ser un cumplimiento a raja tabla de lo que se firmó? Sí, porque conlleva cumplimiento, pero en la medida en que se trata de reformas que van a implicar consecuencias muy profundas para la sociedad colombiana, lo democrático es que cada gobierno lo haga con las tendencias que le ha dictado su electorado. ¿Y cuál es la de Duque? El Presidente considera que muchos de los temas que están previstos debían hacerse con o sin acuerdos. Ha ordenado que le demos un enfoque de responsabilidad, de administración pública seria, comprometida. El concepto de estabilización es muy fuerte. ¿Qué significa eso? Eso implica que una vez entendido hacia dónde se quiere llevar el país, hacia dónde se quieren llevar las zonas más afectadas por la violencia y la pobreza, debe llevarse esto a todos los actores involucrados para que se peguen a esa planeación en una misma dirección. Es una política con identidad y una personalidad propias. Pero ¿qué va a cambiar? La Corte Constitucional dijo que los próximos tres gobiernos estaban obligados a implementar los acuerdos de paz con las Farc... La implementación no es de un solo tema, hay distintos frentes, cada uno con unos tiempos, destinatarios y responsabilidades estatales. Un tema son las víctimas, otro es la Farc partido político, otro, la reincorporación de excombatientes, otro es el combate a las drogas ilícitas y la sustitución voluntaria y el cierre de brechas en las zonas más afectadas por la violencia y la pobreza. ¿Y con cuántos recursos cuentan para la estabilización que se han propuesto? Hay recursos del presupuesto de la Nación, de departamentos y municipios, y de cooperación internacional. Del presupuesto de la Nación incrementamos lo que venía del año pasado. Para el año entrante va a existir lo que se conoce como Bolsa Paz, son alrededor de 2,3 billones de pesos, más las intervenciones que hagan los sectores y ministerios para las zonas más afectadas. Frente a los proyectos productivos, la Farc ha dicho que lo que tienen es poco, y por cuenta de la cooperación internacional... Ya no somos lentos aprobando proyectos productivos, llevamos 20, hemos liberado más de 12.000 millones de pesos, unos de cooperación (internacional) y otros del Estado. Uno de los temas más polémicos es la estabilidad de los excombatientes hacia el futuro. El abastecimiento de alimentos empieza a desmontarse este 31 de diciembre y los espacios de reincorporación van hasta agosto del 2019. ¿Qué va a pasar ese día? Lo que debe suceder es que el excombatiente, la Farc y el Gobierno debemos haber logrado que él se pueda valer por sí mismo. Para ese momento debe tener un empleo, estar en un camino certero para obtenerlo o estar involucrado en un proyecto productivo. Debe tener claro cuál va a ser su residencia, y en esto hay dos posibilidades: que se quede en el ETCR (zona de reincorporación) o que no lo haga. Si decide estar en otra parte, lo estaremos apoyando. Supongamos que algunos quieren sembrar yuca y necesitan tierra… Tener acceso a la tierra y ser dueños son conceptos distintos. Para proyectos productivos, lo importante es que se tenga acceso a la tierra. Dentro de la creatividad que esto requiere, si resulta que la compra de la tierra está demorada, lo que hemos estructurado es que haya un contrato de arrendamiento con o sin opción de compra. ¿Los exguerrilleros pueden ser beneficiarios de tierras? No hay razón para que eso no sea así. ¿Cuántos excombatientes hay en las zonas de reincorporación? Ahora debe haber alrededor de 5.000. Según la Misión de la ONU se movieron a varios puntos... Los excombatientes no tienen restricciones en el territorio. El cálculo nuestro es que hay 5.000 en los ETCR y sus alrededores. ¿Qué tanto ha afectado a los excombatientes la salida de jefes de las Farc, como ‘Romaña’ y el ‘Paisa’, de los territorios donde lideraban la reincorporación? ​ Veo con preocupación esos retiros, porque se previó que era una responsabilidad de las Farc apoyar activamente el proceso de reincorporación. En mi opinión, esos líderes están incumpliendo el acuerdo en la medida en que no ejercen liderazgo de manera proactiva, positiva, constructiva. En una organización que era profundamente jerárquica, el hecho de hayan dejado de combatir no elimina ese liderazgo que tienen algunos de ellos. Y en mi entendimiento del acuerdo, ellos deberían obrar de buena fe y colaborar activamente con el proceso de reincorporación, lo que implica ejercer ese liderazgo. ¿Hay un incumplimiento del acuerdo y deberían estar afuera de la Jurisdicción Especial para la Paz? Esa es una conclusión suya. ¿Cómo lo ve usted? La consecuencia de que ellos incumplan en ese liderazgo no es que deban salir de la jurisdicción especial. Pero sí hay un incumplimiento del acuerdo. Estoy convencido. Una parte de la Farc incumple y otra está cumpliendo... La absoluta mayoría está cumpliendo y está sinceramente comprometida con el proceso; una minoría, no. La sustitución voluntaria de cultivos ilícitos estaba muy rezagada. ¿Cuánta gente está comprometida con ella? Me tranquiliza que se sepa el estado en que recibió este tema la administración Duque. Lo que hicimos en los primeros tres meses fue ordenar la casa, algo que no tiene efecto inmediato. Estamos hablando de casi 100.000 familias que están ubicadas en las zonas más complejas del país. Lo que estamos haciendo es ir a poner la cara y este diálogo ha tenido una dificultad: que los malos no quieren que nos crean. Cuando vamos a explicar este desorden y vamos a contarles a las familias el cronograma, tenemos a quienes quieren que no funcione y quieren que los campesinos vuelvan a la coca, y los movilizan. ¿Cómo lo hacen, con plata? Según la información que tengo, a unos los asustan y a otros los convencen. Circulan panfletos diciendo que esto no funciona y hacen todo para desprestigiarnos. ¿Quién está ganando el pulso ante la gente? Yo no diría que es un pulso entre los malos y el Gobierno, es un pulso entre los malos y la voluntad de los campesinos de dejar los cultivos ilícitos. Creo que lo están ganando los campesinos. Lo que yo he visto en el territorio son colombianos muy resilientes, con ganas de salir del problema, que se han dado cuenta de que la coca es una fantasía que los esclaviza. De las 100.000 familias que cuentan, ¿cuántas están sustituyendo hoy? El reporte que tenemos de UNODC (Oficina de la ONU contra las drogas) es que más del 90 por ciento se mantienen fieles al programa. ¿Cuántas hectáreas de coca podrían salir en el reporte sobre el 2018? El efecto de la labor conjunta con el Ejército se está empezando a ver, pero las mediciones se dan atrasadas y los resultados se verían en el primer trimestre del año entrante. ¿O sea que en el informe del 2018 vamos a ver más cultivos de los que vimos en 2017? A mí no me extrañaría, pero la razón es porque los reportes van retrasados. MARISOL GÓMEZ GIRALDO Editora de Paz y Justicia EL TIEMPO

Fuente: el Tiempo