Defensores de derechos humanos

Tanto en la Colombia de Uribe, como en la Nicaragua de Ortega, o la Venezuela de Chávez, ser defensor de derechos humanos parece ser una profesión de alto riesgo y muy estigmatizada por los gobiernos.


Si hay una tarea que suele ser incomprendida por la gente es la de defensor de derechos humanos. Si son atacados a agredidos, se tiende a creer que es un asunto político, un problema de ellos que nada tiene que ver con los ciudadanos corrientes. Pero es exactamente al revés. Los defensores cumplen una función escencial para toda la gente porque precisamente consiste en detectar incumplimientos a estos derechos fundamentales que tiene toda persona, demandar para que se cumplan y denunciarlos para dar a conocer la situación internacionalmente.
Ellos son quienes vigilan que se cumpla la

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emitida por las Naciones Unidas hace más de 50 años, patrimonio apreciado de la civilización contemporánea.

Debido a la importancia que tienen estas personas, la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) decidieron monitorear los abusos contra quienes se dedican a esta valiente labor. Entonces crearon el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (OBS), que desde 1997 emite un informe anual sobre el panorama en cada continente. El más reciente, presentado este miércoles, tiene 590 páginas donde se resalta en cuáles países tuvieron más problemas estos defensores.

En el capítulo de las Américas, Colombia no salió bien librada. Organizaciones de todo el planeta que leen este balance están enteradas de las estigmatizadoras declaraciones emitidas en 2008 por el presidente Álvaro Uribe y su asesor José Obdulio Gaviria contra los defensores. Y tienen un panorama de las muertes y amenazas contra quienes velan por el cumplimiento de aquella declaración universal.

Antes de contar la situación de los defensores colombianos, el informe empieza describiendo las consecuencias del conflicto en el país. “Los diferentes actores del conflicto – las fuerzas regulares (ejército y policía), los grupos paramilitares y la guerrilla – cometieron violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario bajo la forma de, entre otros, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y desplazamientos forzados, torturas y secuestros, en contra de la población civil”, dice.

Ataques desde el gobierno

Con fecha y palabras exactas, el informe cita los comentarios del presidente Álvaro Uribe contra quienes desarrollan esta labor en el país, como el que hizo el 6 de mayo de 2008 en Montería. Allí, Uribe dijo que “hay personas en Colombia, como el doctor Iván Cepeda. Ellos se arropan en la protección de las víctimas. Y la protección de las víctimas les sirve para tener ONG que piden plata en la comunidad internacional. La protección de las víctimas les sirve para instigar la violación de los derechos humanos en contra de las personas que no comparten sus ideas. Y nada les pasa. La protección de las víctimas les sirve para ir al extranjero a desacreditar el Gobierno de Colombia y a desacreditar las instituciones colombianas…”, reseña el documento.

El primero de noviembre, en un consejo comunitario en Envigado (Antioquia), Uribe se refirió al trabajo de Amnistía Internacional y Human Rights Watch y su director para América Latina, José Miguel Vivanco. “Simplemente le quiero decir al Señor Vivanco y a los señores de Amnistía Internacional que ellos no nos tienen que enseñar a nosotros de derechos humanos, ni de convicciones cristianas, ni de convicciones democráticas… Quiero recordarle al señor Vivanco que él no es el profesor nuestro en derechos humanos y que no lo recibimos como tal, que aquí le perdimos el respeto hace mucho rato”.

Para colmo, el ex ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, hizo comentarios basándose en información de las ONG que aún no era pública y que no se explica cómo la conoció.

El 9 de septiembre de 2008, Día Nacional de los Derechos Humanos, “de manera extraña, el Ministro se dedicó a lanzar numerosas críticas contra un informe que aún no había sido divulgado ni ha salido a la luz pública, y anunció su próximo lanzamiento, generando así interrogantes sobre la manera como el Ministerio de Defensa obtiene o extrae la información que manejan las ONG y las organizaciones sociales. Días antes se hicieron circular informaciones entre medios de comunicación en las cuales se asevera que entidades de inteligencia habrían logrado establecer que “detrás del Informe Final de la Misión Internacional de Observación sobre las Ejecuciones Exrajudiciales e Impunidad en Colombia” existirían personas vinculadas al PC3”, según el informe.

Además, el Observatorio para la Protección de los Defensores cita con gran despliegue los señalamientos a que fueron sometidos quienes organizaron y participaron en la marcha del 6 de marzo del año pasado en homenaje a las víctimas del paramilitarismo y los agentes del Estado.

“Altos funcionarios del Gobierno afirmaron públicamente que ésta había sido convocada por las Farc”, registra el documento. Como ejemplo, cita las declaraciones dadas por el entonces asesor presidencial José Obdulio Gaviria a Caracol Radio el 10 de febrero en ese sentido.

En consecuencia, se desató una “grave oleada de represión con amenazas, ataques e incluso asesinatos de defensores de derechos humanos y dirigentes sindicales entre los meses de febrero y abril de 2008 por haber organizado la marcha... cuatro personas fueron asesinadas”, dice.

En la mira

Aparte de ese episodio, el año pasado “siguieron las amenazas y los actos de hostigamientos contra defensores de derechos humanos en razón de sus actividades”, como la ocurrida el 10 de abril de 2008.

Ese día, el bloque norte de las Águilas Negras envió un correo electrónico a varias organizaciones del Magdalena Medio, como la Federación Agrominera del Sur de Bolívar (Fedeagromisbol), la Corporación Sembrar, el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, y a los sacerdotes de Regidor y Tiquisio. Los declaraban objetivos militares por ser, supuestamente, auxiliadores o integrantes de grupos guerrilleros y decían que “su nombre esta (sic) en la lista de personas no deseadas por el gobierno nacional que deben ser eliminados”.

En Nariño, el panorama fue también difícil el año pasado. El 12 de febrero, la organización Unidad Indígena del Pueblo Awá (Unipa) y otras 13 organizaciones sociales también fueron amenazas, esta vez, por el grupo paramilitar Nueva Generación. Ya finalizando el año, el 23 de octubre de 2008 volvieron las amenazas. Las víctimas fueron el Comité para la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH), el Movimiento Nacional de Víctimas, la Humanidad Vigente y otras organizaciones indígenas. Por correo electrónico, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia los acusa también de guerrilleros y los sentencia a muerte.

Y había pasado menos de un mes, cuando el 11 de noviembre, en ese mismo departamento, recibieron amenazas la Fundación Desarrollo y Paz (Fundepaz), y de nuevo el CPDH, la Unipa y Humanidad Vigente. En esta ocasión, personas que nunca se identificaron los intimidaron por teléfono y les dijeron que tenían 30 días para abandonar la región.

Ese mismo día, fueron amenazados otros defensores, como la señora Jahel Quiroga, de la corporación Reiniciar; Fernando Escobar, personero de Soacha; el senador Gustavo Petro; Jorge Rojas, director de Codhes, e Iván Cepeda, del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice). Todos éstos habían denunciado las ejecuciones de los jóvenes de Soacha por parte del ejército.

Como parte del panorama, no podía dejarse de mencionar que el año pasado fueron asesinados 49 sindicalistas, lo que significó un incremento del 25 por ciento en relación con 2007, cuando fueron 39.

Entre los casos aterradores de muertes de sindicalistas, el informe reseña el de Guillermo Rivera, presidente del Sindicato de Servidores Públicos de Bogotá, que desapareció el 22 de abril y fue encontrado torturado y muerto dos días después en Ibagué. Su familia supo de su muerte el 15 de julio.

Y menos que se podían quedar por fuera los actos violentos contra dirigentes indígenas. Los casos son muchos, pero el informe registra con especial despliegue la muerte de Edwin Legarda por parte del ejército. Legarda era esposo de la indígena Aída Quilcué, líder del Comité Regional Indígena del Cauca, que fue una de las organizadoras de la gigantesca minga que recorrió el país el año pasado. En diciembre, estuvo en Suiza participando del Examen Periódico Universal al que se sometió Colombia ante el Comité Derechos Humanos de Naciones Unidas. Aída Quilcué fue a contar cómo es la situación de los indígenas en el país. Cuando regresó, su esposo iba a recogerla y el ejército lo mató en un supuesto retén.