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Duque tiene que salir a defender sus razones, o el debate lo ganarán los populistas.
A mediados de los ochenta, cuando me iniciaba como reportero político en ‘Semana’, cubrí por primera vez los debates parlamentarios para una reforma tributaria. Desde entonces he seguido más de una docena de proyectos de impuestos. En todos los casos he escuchado que la iniciativa se va a hundir. Y en todos los casos ha terminado aprobada.
La sensación de ‘déjà vu’ se hace más fuerte cuando escucho los mismos argumentos ligeros de siempre: que el pueblo ya no aguanta más impuestos y toda la secuencia de lugares comunes populistas –muchos de ellos, descaradas mentiras– que llenan los titulares estos días. Hasta connotados expresidentes de la república –los mismos que en su tiempo subieron el IVA– salen ahora a rasgarse las vestiduras.
El tema necesita un debate desapasionado que deje por fuera tanta verborrea barata. El hueco fiscal dejado por el gobierno botaratas de Juan Manuel Santos y el sartal casi infinito de costosos compromisos que nos heredó obligan a su sucesor a poner la casa en orden. La sola JEP, que arrancó con un presupuesto anual de 200.000 millones de pesos, ya demanda para el año entrante 370.000 millones. Y eso que nos la vendieron como un pequeño tribunal que se iba a ocupar de casos emblemáticos.
Lo anterior no quiere decir que el proyecto de ley de financiamiento (el disfraz que el minhacienda, Alberto Carrasquilla, le puso a la tributaria) acierte en los caminos para resolver el lío. Da en el clavo cuando busca bajar el impuesto de renta, pues la carga tributaria sobre las empresas –lo mismo las grandes que las pequeñas– se incrementó en exceso en el pasado y tiene frenadas la inversión y la generación de empleo. Aunque suene popular eso de ‘gravar duro a los ricos’, la inmensa mayoría de las empresas son medianas y pequeñas, y sus dueños no son ricos. La carga ha sido tan pesada que después de bajar casi 10 puntos porcentuales en 15 años, el desempleo rebrotó desde el año pasado y anda por el 9,5 por ciento.
En lo del IVA hay acierto y error. Acierto en gravar muchos más productos, incluidos varios de la canasta familiar, aunque suene impopular (los impuestos siempre lo son). Dejar productos sin IVA es una invitación a la evasión: sin IVA no hacen falta facturas, y si una empresa no tiene que facturar, puede declarar de renta lo que le dé la gana, pues no hay cómo comprobar cuánto vendió.
El error es pretender que ese IVA a productos de la canasta familiar quede en la tarifa del 19 por ciento que nos clavó para la mayoría de los demás bienes de consumo el gobierno de Santos. Semejante golpe afectaría de manera grave el consumo, como lo demuestran varios estudios, e impulsaría la inflación. Lo mejor sería una tarifa muy inferior (del 8 por ciento, o menos) que tenga el efecto positivo antievasión pero no golpee el consumo.
Otro rubro que parece excesivo es el impuesto al patrimonio. Es cierto que golpea a los más ricos, pero en algunos casos los golpea tanto que los anima a sacar sus inversiones de Colombia y llevárselas a otros países. Y eso frena la economía y sube el desempleo.
¿Y el ahorro en el gasto público? El Gobierno efectuó algunos recortes, pero podría hacer más. Eso sí, hizo algo histórico, que nadie le ha reconocido: el presupuesto para 2019 es el primero en 18 años sin cupos indicativos, esos billones de pesos que se esfumaban en contratos de obras regionales –muchas no las hacían– recomendados por congresistas: la famosa y corrupta ‘mermelada’. Cortar con esa práctica criminal es un gran logro, aunque puede llevar a que muchos congresistas, insatisfechos por la falta de jalea, quieran hundir la tributaria. El presidente Iván Duque ha estado tímido en la defensa de su proyecto. Tiene que remangarse y meterse más en el asunto porque si no expone sus razones, el debate lo van a ganar las mentiras populistas.
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