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Por momentos, la JEP parece Jeb: Jurisdicción Especial de Bolsillo... de las Farc.
Algunos titulares hablan en estos días de “choque de trenes” entre la Fiscalía General y la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), creada por los acuerdos de La Habana para tramitar los crímenes cometidos durante décadas de conflicto armado por sus diferentes actores, en especial los integrantes de las Farc, con grandes beneficios judiciales para ellos. La definición es incorrecta: no hay tal choque de trenes, sino el obvio desencuentro entre una entidad que está cumpliendo con su deber y otra que no.
Las evidencias saltaron a la vista en la presentación de cargos de la Fiscalía contra la directora administrativa de la JEP, Martha Lucía Zamora –un peso pesado de la justicia penal que a inicios de 2012 llegó a ser fiscal general encargada–, y contra dos abogados contratistas de la JEP que cumplen allí funciones judiciales de gran responsabilidad, July Henríquez y Luis Ernesto Caicedo. La Fiscalía los acusa de abuso de función pública y hasta de asesoramiento ilegal, por la forma como favorecieron y los consejos que les dieron a abogados de las Farc a la hora de tramitar, de manera indebida, permisos de salida del país de los exguerrilleros.
En el curso de las indagaciones, la Fiscalía interrogó al exsecretario jurídico de la JEP Néstor Raúl Correa, quien aseguró que la abogada Henríquez era “de entera confianza de las Farc” y que resultaba “evidente su cercanía con Enrique Santiago (abogado de esa guerrilla y asesor de ‘Timochenko’ y cía. en la mesa de La Habana) y con el secretariado de las Farc”.
Una grabación revelada por la Fiscalía en su acusación ante el juez apunta hacia allá. Henríquez habla con Gustavo Gallardo, abogado de Jesús Santrich, exjefe de las Farc pillado después de la firma de los acuerdos mientras negociaba un cargamento de cocaína con el temible cartel de Sinaloa y pedido en extradición por Estados Unidos. La JEP tiene embolatada la extradición: la grabación permite entender por qué. “Gordis”, así llama la abogada de la JEP al defensor de Santrich, antes de brindarle asesoramiento. “Yo les estoy avisando a ver en qué se les puede ayudar” es la despedida de Henríquez a Gallardo. Está claro de qué lado está la abogada de la JEP. No parecen funcionarios judiciales del Estado, sino asesores de los criminales.
La acusación contra los tres funcionarios incluye evidencia sobre la forma irregular como, sin ser los competentes, los sindicados ayudaron –en algunos casos de manera extemporánea y con papeles firmados en blanco– a tramitar permisos de salida del país de exjefes de las Farc. Entre ellos está Pastor Alape –con un largo prontuario como sucesor del ‘Mono Jojoy’– y Fernando Arellán Barajas, condenado por el espantoso atentado contra el club El Nogal, donde fueron asesinadas 36 personas y más de 200 quedaron heridas. Pues a este angelito de Arellán, los acusados lo ayudaron en marzo pasado a tratar de legalizar de manera irregular un viaje a la paradisiaca isla Margarita, en Venezuela, cosa de que se asoleara un poco.
De modo que estos juristas de la JEP, la entidad que debe juzgar a los exguerrilleros, tratan de “gordis” a los abogados de semejantes criminales, les brindan asesoría y les tramitan permisos en papeles firmados en blanco. Con razón, la JEP tiene embolatada la extradición de Santrich ¡si allá adentro hay funcionarios que se comportan como compadres de su defensor!
A pesar de la evidencia, la presidenta de la JEP, la flamante doctora Patricia Linares, se queja ante la Fiscalía y le pide “garantías” para los funcionarios acusados. ¿Será que quiere que los fiscales les digan “gordis” a los funcionarios de la JEP acusados? Qué escándalo: por momentos parece que, más que JEP, estemos ante la Jeb (Jurisdicción Especial de Bolsillo... de las Farc).
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, 12:52:13
¿JEP o Jeb?
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Re: ¿JEP o Jeb?
