A partir de hoy la Policía podrá confiscar la dosis mínima en las calles

Corrupción, aumento de la demanda, inconstitucionalidad, fracaso final. La marihuana, como el tabaco y el alcohol, debe ser legalizada. Reprimir su consumo es un saludo a la bandera.

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10/1/2018 10:00:00 AM A partir de hoy la Policía podrá confiscar la dosis mínima en las calles Contra viento y marea, el presidente Iván Duque firmó el decreto con el que busca frenar el porte de drogas en las calles. La medida incluye multas desde 208.000 pesos para quienes porten cualquier tipo de droga en cualquier cantidad. "Esta medida es para proteger a los niños", aseguró el presidente. El presidente de la República presentó el decreto final con el que pretende frenar el porte de drogas en las calles. Foto: Presidencia de la República Con la noticia de un decreto que causará un alto impacto en las calles colombianas, el presidente Iván Duque ambientó su visita a las Naciones Unidas y su reunión con el presidente norteamericano Donald Trump, quienes le dieron un guiño a esta medida. Este lunes, el primer mandatario firmó el decreto que establece, como una medida administrativa, que la Policía pueda confiscar en las calles cualquier tipo de drogas en cualquier dosis. Aunque el panorama no podía ser más propicio para justificar su expedición, las críticas no paran desde que fue anunciada. Según el Estudio Nacional de Consumo, 1 de cada 6 estudiantes en Colombia han consumido alguna vez en su vida una sustancia ilícita; esto equivale a 520.000 jóvenes en todo el país. En el caso de la marihuana, el consumo creció en estudiantes de un 6,9 por ciento a un 7,8 por ciento; y los casos más preocupantes se registran entre jóvenes entre grado séptimo y once. "Creo que hoy nosotros como colombianos no nos podemos sentir cómodos, complacientes o tolerantes con el aumento del consumo. Es desolador porque se está empezando a consumir desde edad muy temprana", dijo el presidente, quien además aseguró que este decreto busca poner los derechos de los niños por encima de los de los demás, tal como dicta la Constitución. Precisamente, el presidente Duque prometió reducir "sustancialmente" el consumo de drogas durante su mandato. El primer paso para lograrlo será "destruir esas sustancias ilegales" dándole a la Policía las herramientas para hacerlo. Esta norma -anunció el mandatario- irá acompañada de otras herramientas: se requiere una campaña de alerta y prevención tanto en medios de comunicación como en los colegios, y en los hogares para que "generen conciencia desde edad temprana". A las complejas cifras, se agrega la presión internacional por el balance de cultivos ilícitos que entregó la ONU. El 2017 cerró con 171.000 hectáreas sembradas de coca, un alza del 17 por ciento, y una producción de 1.379 toneladas de clorhidrato de cocaína, lo que representa un 31 por ciento de incremento, siendo esta última la cara más alarmante del problema. A partir de ahora, si una persona es sorprendida con menos de 20 gramos de marihuana o un gramo de cocaína en su poder (la dosis mínima), la Policía podrá decomisar y destruir las drogas. También podrá iniciar un proceso administrativo contra el portador que podría significar el pago de una multa 208.000 pesos, tal como lo establece el Código de Policía. Este decreto, que busca ser parte del alivio para solucionar el problema, genera resistencia en algunos sectores -entre ellos, el presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema- y de organizaciones sociales. Desde su campaña, Iván Duque anunció su apuesta para frenar el consumo y contrarrestar el incremento de organizaciones de microtráfico, especialmente cuando de menores de edad se trata. El pasado martes concretó su propuesta con la expedición de las anunciadas medidas administrativas, que no han dejado de generar ruido y preocupación. Voces en contra En una entrevista exclusiva concedida a SEMANA, el presidente de la Sala Penal, Luis Antonio Hernández, aseguró que la aplicación de este decreto es contradictorio respecto del criterio jurisprudencial de la Corte Constitucional, que el 2004 consideró que el consumo de drogas como parte del libre desarrollo de la personalidad y en consecuencia despenalizó el porte de la dosis mínima. "Desconocer que hay personas que usan ciertas drogas de manera recreativa y obligarlas a que se consigan un certificado de enfermos mentales es muy agresivo con la gente", manifestó. El investigador de Ideas Para la Paz Juan Carlos Garzón lanzó varios interrogantes principalmente enfocados al nuevo rol que tendrá la Policía y si en realidad puede considerarse el decreto como una respuesta. "Lo que seguramente pasará es que a quien le incauten la dosis irá a buscar cómo reemplazarla, y nos preguntamos si esta medida no terminará dinamizando el mercado". Para Garzón, el decreto genera incentivos para que la policía centre su persecución en los eslabones más débiles de la cadena, que son los consumidores y microtraficantes, los cuales son "fácilmente reemplazables". Una segunda crítica radica en que se va a saturar aún más la labor de los uniformados para darles responsabilidades que harán dispersar aún más sus capacidades. Anticipa que se incrementarán los fenmenos de corrupción policial, que ya de por sí muestran tendencias alarmantes. "En los próximos días vamos a entregar los resultados de un informe que muestra cómo se mueven los mercados de droga locales y cuál es la participación de la policía en estos. Estamos por terminar un mapeo de ollas y expendios, y encontramos que en una tercera parte hay participación de agentes de la Policía", aseguró. Cuestionó el alto grado de discrecionalidad con el que quedan las autoridades de policía para determinar cuándo es adicción, cuándo es venta o cuándo es para uso personal recreativo. "Lo que hace el decreto es crear un lenguaje riesgoso en el que un policía, cuando sospeche de esta infracción proceda a parar y requisar a una persona. La Policía se comporta con sesgos de raza y socioeconómicos. La mayoría de las requisas se concentran en estratos 1 y 2; si lleva tatuaje, pelo largo o habitante de calle lo van a parar", manifestó Isabel Pereira, coordinadora de la Línea de Drogas de Dejusticia. Para la investigadora, este decreto propone medidas -bajo la sombrilla de "novedosas"- cuando en realidad no lo son. "Todo lo que propone el decreto viene pasando; en la práctica, lo que ocurrirá es que le darán más poder a la Policía para hacer esta acción policial". Ante la inminencia de la aplicación del decreto, la petición que se escucha desde todos los sectores que manejan el tema es que se debe crear un protocolo que regule la actuación de la Policía y deje claro el plan de acción para traslado voluntario de un adicto a un centro de salud. Tras firmar el decreto, el presidente Duque lo presentó como una norma que busca dar continuidad de "de una política de Estado", es decir del Código de Policía que se expidió en la administración de Juan Manuel Santos, y que fue "promovido por el entonces ministro del Interior y de Justicia y tuvo un amplio respaldo de los partidos políticos en el Congreso". Esto como una forma de reforzar su argumento de que la defensa de unas calles libres de drogas no tiene ni ideología ni color político, por eso, Duque prefirió aplazar algunos días la firma del decreto hasta tanto no pudiera contar con la presencia de alcaldes, gobernadores, rectores de colegios y jóvenes del todo el país, como una forma de legitimar la medida que tanto rechazo ha tenido en algunos sectores del país. Alternativas jurídicas Actualmente, hay abiertas dos rutas jurídicas para pelear la aplicación del decreto. De un lado, en el despacho del presidente de la Corte Constitucional, Alejandro Linares, cursa una demanda en contra de la norma que establece como como un comportamiento contrario al cuidado e integridad del espacio público el consumo de bebidas alcohólicas y sustancias sicoactivas en espacios abiertos. En consecuencia de esta infracción se establecen diversos tipos de multas. La demanda fue presentada por Jesús Gabriel Martínez Álvarez al considerar la norma como una violación al libre desarrollo de la personalidad, y una afrenta a los artículos 1 y 2 de la Constitución. En el trámite de esta demanda, se han pronunciado varias autoridades, alcaldías e, incluso, el mismo Ministerio de Salud pidiendo que sea considerada exequible. Este punto, sin embargo, solo resuelve lo que tiene que ver con el consumo de drogas ilícitas en lugares públicos. No toca el otro aparte del artículo 140 que establece también la contravención por porte de drogas. Aunque hay varias demandas de este aspecto hasta ahora todas han sido rechazadas; de manera, que este punto no ha entrado en consideración del alto tribunal. Por tratarse de un decreto, también se prevé que los interesados en controvertir el documento firmado por Duque, tendrían que instaurar sus recursos ante el Consejo de Estado. ¿Qué establece el decreto? En dos artículos, la iniciativa establece cómo serían las reglas para que la Policía pueda proceder a decomisar y destruir la droga, sin que esto traiga consigo medidas penales en contra del portador de cantidades menores a la dosis mínima. La iniciativa establece que el procedimiento a emplear es el establecido en el trámite verbal inmediato contenido en el Código de Policía. La primera regla radica en que la autoridad podrá iniciar una actuación frente a una posible infracción por el porte de sustancias psicoactivas de oficio o en atención a quien tenga interés directo o sea un defensor de las normas de convivencia. Las sustancias podrán ser marihuana, cocaína o sustancias derivadas de la cocaína, heroína o derivados de la amapola, drogas sintéticas o cualquier otra sustancia que se encuentre legalmente prohibida. En caso de encontrarse en esta situación se activará el trámite por proceso verbal inmediato, cuya competencia recae en el del personal uniformado de la Policía Nacional, los comandantes de estación o subestación de Policía, y los comandantes del Centro de Atención Inmediata de Policía. Ellos abordarán al infractor en el sitio donde ocurran los hechos o en aquel lugar donde lo encuentren y deberá ser oído en descargos. En caso de que sea encontrado responsable de un "comportamiento contrario a la convivencia relacionado al porte de sustancias estupefacientes o psicotrópicas", la autoridad procederá a imponer la medida correctiva de destrucción de la droga decomisada, sin perjuicio de las demás a las que hubiere lugar. El procedimiento establecido en el Código de Policía también indica que frente a la decisión se podrá proceder con recurso de apelación, el cual se remitirá al inspector de Policía dentro de las 24 horas siguientes y será resuelto en menos de tres días hábiles. Las reglas establecen que el decomiso de la droga y su destrucción quedaría consignada en un acta en la que se documentará el procedimiento. Adicionalmente, la Policía podrá iniciar un proceso administrativo que contempla multas que van desde los 208.000 pesos.

Fuente: Semana