Los violadores de niños, premiados

Dice el viejo dicho: "El camino al infierno está empedrado de buenas intenciones" y el reciente fallo de la Corte Constitucional sobre la reglamentación de la JEP, lo confirma.

Si bien conocer la verdad de las atrocidades cometidas por todos los protagonistas es uno de los pilares del proceso de paz, la violencia sexual es un crimen de guerra señalado por los Convenios de Ginebra y el estatuto de la CPI que debe ser castigado con el máximo rigor.

Los derechos de los niños y las mujeres prevalecen y dado el fallo de la Corte Constitucional, se impone una reforma constitucional que corrija el entuerto y dé a los responsables de este crimen infame el castigo que se merecen.

El presidente Duque debe liderar esta iniciativa para que de verdad comencemos a construir un nuevo país.

Cita:

Los violadores de niños, premiados Nada justifica el crimen atroz de violar niñas y niños. Por: Juan Lozano 19 de agosto 2018 , 11:00 p.m. Violar una niña, violar un niño es un acto criminal, atroz, infame, que nada tiene que ver con la lucha revolucionaria. Es una crueldad infinita que no puede ser justificada por ninguna negociación política. Imponer penas alternativas a los violadores de niñas y de niños, como si esos actos animales fueran un delito político, es una vergüenza. Guerrilleros, paramilitares y agentes del Estado podrán aspirar en el futuro a que la violación de menores reciba trato benévolo y prerrogativas judiciales, incluyendo condenas laxas, lugares privilegiados de reclusión e, incluso, curules en el Congreso de la República. Dijo Salud Hernández: “Corte Constitucional: el que viole niñas con camuflado es un acto de guerra que merece la condena de cultivar lechugas”. E Iván Cancino: “Con la decisión tomada ayer por la Corte sobre delitos sexuales se abre la puerta a la intervención de la Corte Penal Internacional” y Vicky Dávila se pregunta: “¿Hay alguna diferencia entre Rafael Uribe Noguera, a quien todos repudiamos por violador y asesino, y los violadores y asesinos que, arropados por el conflicto, acabaron con la vida de centenares de niños?”. Concluye Nicolás Uribe: “Eso de entender que violar niños es un delito conexo a la rebelión es el sapo más grande de todos... perverso”. Y que conste que no creo que los magistrados de la Corte sean proguerrilla ni bandidos. No creo que les quepa el rosario de insultos que les han lanzado en los últimos días. Los magistrados que votaron el esperpento son gente de bien y merecen respeto. Creo, eso sí, que un acto de perturbación colectiva de su lucidez jurídica (con la excepción de Gloria Ortiz) y un mal entendido compromiso con la sostenibilidad de la paz los llevaron por un despeñadero argumental hasta concluir con un error de marca mayor. Creyeron que era peor dejar a los violadores de niños en la jurisdicción ordinaria o que eso desincentivaba la búsqueda de la verdad y aceptaron la teoría de que el derecho prevalente de los niños, consagrado de manera inequívoca en la Constitución, debía ceder ante las Farc. Perdieron de vista que el derecho prevalente de los niños era anterior, concomitante y posterior a la negociación de paz. Con toda claridad lo dijo el reconocido expresidente de la misma Corte José Gregorio Hernández: “La norma estatutaria declarada inexequible, lejos de violar, desarrollaba la Constitución, el bloque de constitucionalidad y los tratados internacionales. Lamentable decisión”. Y bien lo dijo Gloria Ortiz en su salvamento de voto: “La decisión de la Corte no solo fue irrespetuosa de la voluntad democrática que pretendía proteger a los menores de edad víctimas de violencia sexual, sino que además dejó sin amparo a quienes de acuerdo con la Constitución tienen los derechos prevalentes en Colombia”. Como el fallo ha de ser acatado, ¿qué sigue ahora? La presidenta de la JEP, mujer seria, ha dicho que no habrá impunidad. Para que eso ocurra, se requeriría que aun para imponer las penas alternativas, la JEP privilegie los procesos por violencia sexual contra menores, lo que aún no ha hecho. Y que esas sentencias se profieran con prontitud, así salgan con las penas suavizadas. Lo propio debería suceder en los procesos de investigación que se están surtiendo en la Fiscalía y en la recepción de las decenas de denuncias represadas de las niñas de la Corporación Rosa Blanca que fueron violadas por miembros de las Farc y obligadas a abortar. Y más ampliamente, con el empuje decidido del presidente de la República y del Procurador se debería emprender un proceso integral, vigoroso y convocante para que los derechos prevalentes de los niños dejen de ser letra muerta. Es la hora de unir todos los esfuerzos para garantizar, en todos los campos de la sociedad, el respeto absoluto por los derechos de los niños. Solo así nuestra sociedad podrá ser mejor. JUAN LOZANO

Fuente: El Tiempo