El avispero que alborotó la JEP con el caso Santrich

Hay algo claro en todo este enredo. Quien delinca después de la firma del acuerdo de paz está sujeto a la justicia ordinaria. Si se demuestra que los hechos delictivos que se le imputan a Santrich ocurrieron en este supuesto, debe ser extraditado.

En este momento y pendiente de las reglas de procedimiento de la JEP cuyo trámite se encuentra en un proyecto de ley que cursa en el congreso, el competente para examinar este factor temporal y dictar el procedimiento es la propia JEP según el Acto Legislativo No. 01 de 2017.

Ahora, como de lo que se trata es de un pedido de extradición, ni el gobierno colombiano, ni la Corte Suprema de Justicia, ni la JEP pueden examinar el fondo del asunto, sino aspectos formales. En el caso de la JEP únicamente le corresponde estudiar la fecha de ocurrencia del hecho.

Para ello debe examinar este aspecto en el indictment (acusación formulada por la fiscalía ante un juez) en este caso ante la Corte de NY. Al parecer, este documento no ha llegado (hay plazo de 60 días para hacerlo llegar a las autoridades colombianas acompañando el pedido formal de extradición) y, por tanto, la JEP no tiene material para decidir sobre la fecha de ocurrencia de los hechos.

En resumen, se ensilló antes de traer las bestias y de hecho, todo está en suspenso hasta tanto no se tenga la información, por lo que no hay lugar a decisión alguna, salvo la de tener detenido a Santrich con fundamento en la circular roja de la Interpol a pedido del gobierno de Estados Unidos.

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5/17/2018 7:47:00 PM El avispero que alborotó la JEP con el caso Santrich Suspender el trámite de extradición contra el exjefe guerrillero despertó toda suerte de críticas, cuestionamientos y hasta uno que otro cumplido al Tribunal de Paz. ¿Qué pasó? El avispero que alborotó la JEP con el caso Santrich Foto: Archivo Particular El caso de Jesús Santrich parece una de esas historias de nunca acabar. Este jueves, mientras el Congreso terminaba de montar la arquitectura que delineará el funcionamiento de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), la Sección de Revisión de este nuevo tribunal, decidió dejar en veremos el proceso de extradición que corre contra el exguerrillero acusado de narcotráfico. La noticia que entregaron los magistrados José Ángel Bobadilla y Patricia Linares durante una sorpresiva rueda de prensa, cayó como un baldado de agua fría. Se van a cumplir ocho días desde que el excombatiente fue trasladado a la sede de la Conferencia Episcopal y 39 desde que inicio la huelga de hambre, pero pocos anticipaban que sin terminarse de armar la JEP encararía el mayor reto que tiene desde su recién creación: la captura con fines de extradición de Jesús Santrich. "Ordenar a las autoridades nacionales suspender el trámite de extradición que se encuentra en curso", fueron las palabras que alborotaron el avispero. Las primeras reacciones no se hicieron esperar. Mientras un sector, que cree que con su traslado a Estados Unidos se escapa una parte de la verdad que se tiene que contar sobre el conflicto, aplaudió la decisión de darle "prioridad a las víctimas". Del otro lado, se señaló a la JEP por querer "extralimitar sus funciones". "El trámite de extradición ordinario en Colombia está regulado en la ley, y si bien a la JEP le corresponde determinar la fecha en la que ocurrió la conducta, esa facultad no le permite tomar otras decisiones diferentes. En concreto, la jurisdicción especial para la paz no puede adoptar medidas para suspender un proceso de extradición que esté en curso, entre otras razones porque hasta el momento no hay una ley que le autorice esas posibilidades", explicó el senador Hernán Penagos, ponente de la ley de procedimiento de la JEP que se está tramitando en el Congreso. Pero no fue el único que se paró en esa orilla. En cuestión de horas el fiscal Néstor Humberto Martínez, le advirtió en una carta al procurador general, Fernando Carrillo, que la decisión "pone en riesgo la institucionalidad y el orden constitucional de Colombia", y solicitó su intervención "para que se revoque o decrete la nulidad de la decisión de la JEP". "Tengo la certeza de que su despacho obrará con prontitud y determinación en la defensa del orden constitucional de la República, en esta hora en que ha quedado amenazada la institucionalidad democrática, las competencias del Congreso, la integridad de la jurisdicción ordinaria y la cooperación judicial internacional en la lucha contra el delito", agregó en el documento de 16 páginas. La discusión es de hondo calado. Durante las negociaciones en La Habana, no hubo un ‘coco’ que asustara tanto a los líderes de las Farc como la extradición. El espejo de lo que sucedió con los exjefes paramilitares, que terminaron de un día para otro en un avión rumbo a Estados Unidos, estuvo latente en toda la discusión sobre el punto de justicia. Por eso la captura, solicitada por la DEA, de Jesús Santrich –uno de los negociadores de la mesa de La Habana- genera tanto debate y pone a temblar a todos los protagonistas de este proceso de desmovilización. La discusión que se abrió este jueves tiene varios componentes. Aunque la decisión de la JEP es suspender la extradición y abrir un lapso de 10 días para recibir toda la información del caso, lo que muchos cuestionan es que no hay trámite de extradición en curso por lo que con el pronunciamiento no se está suspendiendo nada. Aun así, entre los críticos del acuerdo que se han opuesto desde su refrendación en el plebiscito de paz, la decisión de la JEP deja mucha tela que cortar. "Sin que el Congreso haya aprobado las reglas de procedimiento para la JEP, sus magistrados toman decisiones arbitrarias como suspender extradición de Santrich. Es evidente su falta de neutralidad y su tendencia a favorecer a los terroristas", trinó el senador del Centro Democrático, Alfredo Rangel. Si en algo coinciden propios y extraños es el terreno movedizo paró la JEP a la hora de tomar la decisión. Tanto así que los ministros de Justicia, Enrique Gil Botero, y del Interior, Guillermo Rivera, aseguraron en un comunicado que el Gobierno respeta la decisión de la JEP de suspender la extradición de Santrich. Sin embargo, pidieron al Congreso tramitar "con la mayor urgencia" el proyecto de ley que fija las reglas de procedimiento de la JEP, "aplicables a este tipo de cuestiones" y "cuyo texto se encuentra a consideración de las Comisiones Primeras de Senado y Cámara". Ha sido tal el nivel de discusión que despierta el tema que el propio director de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, Giovanni Álvarez, se apartó de la decisión de suspensión de extradición. Aunque no se refirió en detalle a por qué lo hacía, también puso en entredicho la decisión que este miércoles unánimemente tomaron sus colegas. La captura con fines de extradición de Jesús Santrich constituye el primer reto de la JEP en un momento particularmente complejo, pues la Corte Constitucional aún no ha decidido sobre la constitucionalidad de la Ley Estatutaria de la JEP y además el Gobierno Nacional apenas está terminando de tramitar en el Congreso el proyecto de Reglas de Procedimiento que delinea cómo será el funcionamiento del nuevo tribunal. Por eso, el Tribunal Especial para la Paz se enfrentó ante el enorme reto de tener que involucrar en una circunstancia de la mayor gravedad, sin contar con la ley que debería regular todos los asuntos que conoce. Sin embargo, su gran as bajo la manga es el Acto Legislativo 01 de 2017 que expresamente le da competencia para decidir sobre la situación. Este acto ya cuenta con la revisión de la Corte Constitucional y además la situación de Santrich no implica la aplicación de un proceso penal, sino simplemente de la evaluación del momento de comisión de los hechos y de la determinación del procedimiento a aplicar. "Decisión de JEP de suspender trámite de extradición de Santrich va en favor de las victimas, la verdad y la no repetición. Compatible con el Acuerdo para Paz estable y duradera. NO es impunidad sino prioridad de sanción y verdad en Colombia antes de extradición por nuevos delitos", trinó por su parte el senador del Partido de la U, Roy Barreras. Pero la decisión de la JEP también se trasladó al campo político, donde candidatos a la Presidencia expusieron sus posiciones. Mientras el aspirante del Centro Democrático, Iván Duque, calificó la decisión como "desafortunada", el candidato por el Partido Liberal, Humberto de la Calle, que fue negociador de paz del Gobierno, y a quien le pareció "absolutamente lógica" la decisión de la JEP, ya que "es exactamente lo que dice la ley". Entre otras cosas, esta último comentario se fundamenta en la idea de que tanto el acuerdo final como el Acto Legislativo de la JEP, señalan que en los eventos en los cuales se ha cometido un delito con posterioridad a la firma del acuerdo, será la Sala de Revisión del Tribunal Especial para la Paz la encargada de determinar la competente para establecer la fecha y decidir el procedimiento apropiado: “Cuando se alegue, respecto de un integrante de las FARC-EP o de una persona acusada de ser integrante de dicha organización, que la conducta atribuida en la solicitud de extradición hubiere ocurrido con posterioridad a la firma del acuerdo final, la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz evaluará la conducta atribuida para determinar la fecha precisa de su realización y decidir el procedimiento apropiado”. De hecho, esta norma fue recordada por el asesor jurídico de las Farc en la mesa de diálogos, Enrique Santiago. “Si la conducta se produjo con posterioridad a la firma del acuerdo igual debe ser la Sección de Revisión es la que se debe pronunciar. Es decir, es competencia de la Jurisdicción Especial de Paz evaluar el destino de la solicitud de extradición que fue pedida”, le dijo a SEMANA en una entrevista. Sin lugar a dudas, esta situación es una prueba de fuego para la JEP. No sólo por la importancia que tiene Santrich para las Farc, el peso que tienen los delitos de narcotráfico para los Estados Unidos sino también por la discusión cae en plena elección presidencial y el ambiente de incumplimiento que por estos días rodea el acuerdo.

Fuente: Semana