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El arresto de Santrich nos cogió fuera de base a quienes hemos defendido las negociaciones de Santos con las Farc y respaldado este proceso de paz y todas las garantías jurídicas que el Estado les ofreció a los miembros de esa guerrilla a cambio de que entregaran las armas y se reintegraran a la vida civil.
Este es el momento más crítico de toda esta larga puesta en marcha de los acuerdos firmados, la cual no ha estado exenta de obstáculos. Desde el espinoso asunto de las disidencias hasta las indagaciones que se están haciendo por el uso de los recursos destinados al posconflicto, pasando por los retrasos en las obras que el Gobierno debía llevar a cabo en las zonas de concentración y las demoras en la liberación de numerosos miembros de las Farc que debían ser excarcelados en cumplimiento de lo pactado, el caso Santrich es el escollo más complicado desde el cierre de las negociaciones que pusieron fin al alzamiento armado de ese grupo.
No obstante, un punto de inflexión como este no tiene por qué implicar el fracaso de un proceso, sino que puede contribuir a fortalecerlo. Quienes decían que el acuerdo era una patente de corso se quedaron sin argumento, pues, muy al contrario de lo que ellos pregonaban, el hecho de que Santrich tenga que responder ante la justicia es en sí mismo una demostración de que dicho documento no es un salvoconducto de impunidad.
Dadas la gravedad de la situación y las posibles consecuencias de semejante medida, hay que reconocer la prontitud con la cual reaccionaron tanto la Fiscalía como el Gobierno. Mientras la intervención de Juan Manuel Santos fue oportuna y clara, la posición de Néstor Humberto Martínez fue contundente. Y en uno y otro caso el mensaje fue el mismo: si los desmovilizados respetan lo firmado y se acogen a la legalidad, recibirán todas las garantías; si incumplen, recibirán todo el peso de la ley. Más claro, imposible.
Aunque en el pasado reciente la Fiscalía ha metido la pata de manera mayúscula –valga recordar el caso de la nariz de Sigifredo López, por ejemplo–, en esta oportunidad no parece que la historia pueda repetirse, pues se supone que esta operación, coordinada durante meses entre las autoridades colombianas y norteamericanas, tiene un fundamento muy sólido. Y, a juzgar por lo conocido hasta ahora, el señor Santrich está en serias dificultades.
En este punto hay que decir que quienes en forma folclórica han señalado que resultó más efectivo un juez gringo que todo el ******o de inteligencia de Colombia para conocer las andanzas de Santrich tienen toda la razón. Sin embargo, deberían agregar que si no fuera por las investigaciones de Estados Unidos, tampoco se sabría nada de las fechorías cometidas por el general Mauricio Santoyo o por los capos paramilitares extraditados hace diez años, entre otros.
Más allá del mazazo que esta captura representa para la dirigencia de la Farc, mal hacen al proclamar –al mejor estilo de los politiqueros profesionales– que todo obedece a una persecución. Caer en esos lugares comunes no le queda bien a un movimiento que pregona una nueva forma de hacer política.
Esta prueba de fuego tiene que servir para ver si el Estado está en capacidad de adelantar un juicio con todas las garantías, si la Farc está dispuesta a respetar un fallo que puede resultar adverso y si ambas partes logran demostrar que, en efecto, el proceso de paz está de verdad blindado.
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