DeNunCianDo - Peñalosa la emprende de nuevo contra los humedales de Bogotá

¿Cambios menores?

La semana pasada las personas que durante años y de manera organizada han defendido los humedales de Bogotá se enteraron accidentalmente de la expedición del Decreto 565 de 2017, que modifica significativamente los usos permitidos de estos espacios.

Aunque la política de humedales establecida en 2007 es ejemplar gracias al sólido proceso de participación y concertación que la soporta, la Secretaría de Ambiente tramitó silenciosamente la nueva norma. No se consultó con nadie de la Mesa de Humedales del Consejo Consultivo de Ambiente ni de ningún otro espacio de participación.

La administración Peñalosa pretende hacer creer que el Decreto es un cambio menor necesario para desarrollar el Plan de Ordenamiento Territorial (POT). Pero no es intrascendente cambiar la definición de recreación pasiva para que incluya la posibilidad de construir senderos para bicicletas. Tampoco es un cambio menor añadir como parte de los usos condicionados de los humedales centros de recepción, educación e información ambiental, dotacional de seguridad ligado a la defensa del parque y demás infraestructura asociada con los usos permitidos. Ese “demás” en manos de Peñalosa puede dar para muchas cosas.

El nuevo Decreto suprime una directriz de la política de humedales que obligaba a la Secretaría de Ambiente y a las entidades distritales a “vigilar y garantizar que las intervenciones de recuperación de los humedales respeten principios de conservación y protección y que no incluyan obras urbanísticas duras, tales como ciclo rutas, senderos para bicicletas, alamedas, plazoletas, luminarias y adoquinados”.

En palabras simples, la modificación inconsulta se hizo para permitir la implantación de ciclorrutas, superficies duras y equipamientos dentro de los parques ecológicos de humedales, que incluyen el espejo de agua, la ronda hidráulica y la zona de manejo y protección ambiental. La modificación permitirá incluso construir senderos peatonales y observatorios de aves dentro de la ronda hidráulica.

La prohibición de esas superficies duras se había incluido de manera expresa en la Política de Humedales del Distrito Capital como respuesta a la huella que había dejado la agresiva intervención de la Empresa de Acueducto de Bogotá (EAB) en el tercio alto del Humedal Juan Amarillo durante la primera alcaldía de Peñalosa. En palabras de Daniel Bernal, reconocido activista ambiental, el humedal quedó convertido en “una piscina de cemento”.

Esta prohibición también fue una victoria para las organizaciones que habían logrado proteger el Humedal Córdoba de obras similares gracias a la acción popular y a un trabajo persistente de vigilancia y seguimiento por parte de la comunidad organizada. La directriz eliminada en el Decreto era un seguro de protección contra los planes que tienen Peñalosa y muchos técnicos de la EAB para estos valiosos y frágiles ecosistemas urbanos.

El cambio que acaba de aprobar Peñalosa se hizo para permitir un programa asignado a la EAB que paradójicamente lleva el nombre de Recuperación y Manejo de la Estructura Ecológica Principal. Este programa tiene 590 mil millones de pesos en recursos, es decir, el 19 por ciento del cupo total de endeudamiento –3,1 billones de pesos– que el Concejo aprobó a la Empresa en junio.

En el momento de la discusión del cupo de endeudamiento se cuestionaron varias de las inversiones previstas, pero el debate acerca de la amenaza para los humedales y otras áreas protegidas se quedó en el recinto. La voz de alarma de concejales como Celio Nieves fue aplastada por la aplanadora de la coalición de gobierno que, sin sentido crítico alguno, apoya todo lo que se le ocurra a Peñalosa.

La financiación aprobada afectará a varias áreas protegidas para las cuales se han propuesto proyectos como:

El Parque Regional San Rafael, cuyo diseño ha provocado resistencias en los habitantes de ese municipio;
El supuesto sendero cortafuegos dentro de la reserva forestal de los Cerros, y
Los corredores ambientales en los humedales Juan Amarillo, Jaboque, Córdoba, Conejera-Salitrosa y Torca Guaymaral, así como en los ríos Tunjuelo, Fucha y Bogotá.

María Mercedes Maldonado
razonpublica