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La buena noticia es que la corrupción, ese terrible mal que corroe las instituciones y debilita la democracia, se ha instalado en el centro del debate. Como sucede con los adictos, si Colombia no empieza por reconocer que está enviciada con ese mal, será imposible que lo enfrente. La mala noticia es que el tema se ha convertido en bandera de la campaña política que se avecina: no olvidemos que ese populismo de saltimbanquis gritones es el mismo que llevó a la Casa Blanca a Donald Trump, ni que en Colombia puede tomar la forma de un mesías de derecha, de izquierda o hasta ‘verde’.
Pero volvamos a lo bueno: que el tema esté en la mesa y que todo indique que la Fiscalía anda en la tarea de destapar y de llevar a la cárcel a los responsables. Tras meses de no hablar sino de paz, el presidente Juan Manuel Santos desempolvó unas normas anticorrupción para tanta contratación con fundaciones de bolsillo de los políticos. Claro que por el camino de la generalización, enlodó a fundaciones decentes que hacen bien su trabajo. Sabido es que hoy, a la hora de comunicar, la administración Santos es un desastre.
El problema del Presidente frente a la corrupción no es, sin embargo, de normas. Podría dictar un código draconiano con pena de muerte a los saqueadores del erario y quién sabe qué más, pero no resultaría convincente: su falta de credibilidad para enarbolar este estandarte es absoluta.
Santos ve la paja en el ojo de su antecesor y tenaz opositor, Álvaro Uribe, y no la viga en el propio. Y es cierto que muchos funcionarios del anterior doble mandato cometieron actos de corrupción, como ocurrió con los gobiernos que a su vez lo antecedieron y que vieron crecer ese mal sin atajarlo. Pero de ahí a insinuar, como hace Santos, que los funcionarios uribistas eran diablos y los santistas unos santos hay mucho trecho.
Los escándalos –Odebrecht, Cafesalud, ‘carruseles’ de educación y salud en Córdoba, Juegos Deportivos nacionales en el Tolima, contratación con fundaciones por Fondepaz– demuestran que los responsables de la doble administración santista tienen mucho que explicar. Y eso cubre a ministros, viceministros, secretarios de la Casa de Nariño y de ahí para abajo. El problema es la complacencia demostrada por este gobierno con los sectores políticos más corruptos.
Dime con quién andas y te diré quién eres: si ‘Ñoños’ y Musas cuentan con un gigantesco poder, es porque el Gobierno pagó con generosidad el apoyo que le dieron a la reelección. La maquinaria santista en Córdoba produjo 340.000 votos en la segunda vuelta de las presidenciales, un 40 por ciento de la ventaja que Santos le sacó a Óscar Iván Zuluaga. El pago fue la dirección del Fonade, entre otros bocados, ¡una entidad que contrata 8 billones de pesos anuales!
El clientelismo no es invento de Santos. Pero este gobierno le dio una vuelta de tuerca que ha resultado funesta: tras décadas en que los presidentes les entregaban a sus amigos políticos cuotas en la burocracia, la administración Santos decidió entregarles porciones gigantescas de la contratación. Y no solo en Fonade. Por la vía de los cupos indicativos, un congresista consigue incluir una obra en el presupuesto nacional. El parlamentario ya sabe qué contratista la realizará y tiene pactada una tajada.
Es la ‘mermelada’ que tanto ha defendido el propio Presidente con el argumento de que “son obras para las regiones”, cuando la realidad es que muchas de esas obras, si arrancan, quedan a mitad de camino. Es la ‘mermelada’ criminal que ha empoderado y enriquecido a varios en la Unidad Nacional santista. Por eso el Gobierno no es creíble cuando anuncia, con bombos y platillos, medidas contra la corrupción. Y por eso, el tema quedará como juguete de la campaña electoral, en beneficio del populista que más grite.
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