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Una indígena wayúu se enfrentó a Cerrejón por la salud de su hijo.
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Por María Flórez
A finales de 2015, la indígena wayúu Luz Ángela Uriana le dijo a un juez de Barrancas, en La Guajira, que la empresa Carbones del Cerrejón estaba afectando seriamente la salud de su hijo Moisés. En una tutela de 22 puntos, aseguró que su pequeño de 2 años tenía “afecciones en las vías respiratorias” por cuenta de “la explotación de carbón en la mina” a cielo abierto que opera la compañía.
Según ella, esa actividad “produce grandes voladuras, polvillo persistente, ruidos y olores permanentes y prolongados en la comunidad indígena Provincial”, donde vive con su esposo y sus cinco hijos.
Luz, una artesana de 28 años, contó que varios médicos le recomendaron abandonar Provincial para que Moisés “no estuviera expuesto a la contaminación minera”, que impedía su recuperación de la rinitis y la tos seca. Además, declaró que las voladuras con las que la empresa abre los tajos estaban agrietando su casa, lo que ponía en riesgo la vida de su familia. Incluso, aseguró que las operaciones de Cerrejón estaban acabando con su comunidad, porque el polvillo contaminaba el agua y les impedía ver, las explosiones fracturaban las casas, y los olores que salían de la mina les producían “fuertes dolores de cabeza”.
Esas y otras circunstancias habrían obligado a varios indígenas a abandonar el resguardo y asentarse en la cabecera municipal de Barrancas, uno de los tres municipios guajiros donde Cerrejón extrae carbón. Las dificultades para seguir habitando esas tierras, y la posterior migración de las familias, también habrían causado “una profunda pérdida cultural” en los wayuu, así como un “debilitamiento del tejido social y comunitario”. Por esas razones, Luz le solicitó al juez que le ordenara a su EPS, suministrarle a Moisés atención médica especializada y tratamientos integrales. Además, le pidió que tomara una medida drástica: obligar a Cerrejón a cerrar el tajo Patilla, que es el más cercano a Provincial y que en 2012 produjo más de 5.6 millones de toneladas de carbón –más del 16% de la producción total de la mina, una de las más grandes del mundo en la modalidad a cielo abierto–.
En un documento de 11 páginas, Cerrejón se opuso a todas las pretensiones de Luz y dijo que varias de sus afirmaciones eran falsas. Así, sostuvo que ninguno de los médicos que atendió a Moisés pudo asegurar que sus enfermedades estuvieran relacionadas con la actividad minera y que tampoco le aconsejaron abandonar la comunidad. En opinión de la empresa, las afecciones respiratorias que sufría el niño podrían obedecer a otras actividades, tales como la “agricultura, el pastoreo, las quemas de basura, la cocina con leña y la extracción de arena”.
Cerrejón también dijo que el ruido que generan las explosiones en sus tajos no afectan los centros poblados y que las vibraciones de las voladuras no generan riesgos para las casas indígenas. Con base en un estudio realizado en 2007 por la Universidad de los Andes, la compañía aseguró que las grietas de las viviendas obedecen a “expansiones y contracciones de las estructuras debido a cambios térmicos” y a la “deficiente calidad constructiva de la zona”.
En cuanto a la contaminación del agua y del aire, la empresa declaró que “no hace descargas de polvillo de carbón al río (Ranchería) ni a los arroyos” y que “los niveles de olores ofensivos se encuentran un 70% por debajo del límite establecido por la norma”. En suma, que todas sus operaciones estaban ajustadas a las normas ambientales y que no existía ninguna relación entre las enfermedades de Moisés y la extracción de carbón. Pero el juez de Barrancas no estuvo de acuerdo. En su análisis reconoció que Luz no pudo probar que las afecciones de su hijo tuvieran una relación directa con la aspersión de partículas de carbón, pero afirmó que la Corporación Autónoma Regional de la Guajira (Corpoguajira) no estaba realizando frecuentemente los monitoreos de calidad del aire en la zona de influencia de Cerrejón y que era necesario tomar medidas para prevenir la “degradación del medio ambiente”, pese a que no se contara con “certeza científica” sobre lo que estaba ocurriendo. Por eso, le ordenó a Corpoguajira, al Ministerio de Ambiente y a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) implementar un plan de acción para “reducir los niveles de contaminación por material particular y emisiones de gases de combustión en las Casitas, Provincial y Barrancas, en la actividad minera a cielo abierto desplegada por la empresa Cerrejón”.
También, le ordenó a la compañía realizar un estudio técnico para determinar cuáles eran las causas de las averías que presentaba la casa de Luz. En cuanto a la atención médica de Moisés, el juez le ordenó a la EPS acelerar la prestación de los servicios de salud. Según el fallo, todas las medidas debían ejecutarse antes de febrero de este año, pero las partes apelaron la decisión y todo se dilató. Mientras Luz insistió en que debía cerrarse de inmediato el tajo Patilla, Cerrejón alegó que no había motivos para imponerle un “plan de reducción de contaminación” vía tutela. Esta vez, la revisión del caso le correspondió a un juez de San Juan del Cesar (La Guajira), que concluyó que “los efectos nocivos del ruido y de la dispersión del polvillo de carbón de una u otra forma pueden interferir la intimidad familiar y la salud, golpeando además la tranquilidad, el sosiego doméstico, el aseo, la lozanía y el paisaje”. Además, aseguró que “las partículas de carbón (…) generan contaminación hacia vegetales, animales y todo el entorno, con severa repercusión contra la población humana”
El juez de segunda instancia también concluyó que “una explotación económica, por importante y rentable que sea, no justifica el deterioro ambiental”, por lo que dejó en firme el primer fallo, cuyos efectos deberán verse en las próximas semanas. Mientras tanto, Luz Ángela insiste en que “Cerrejón debe cerrar el tajo Patilla. Nosotros nacimos ahí, llegamos ahí primero y vamos a dar la pelea, porque creemos que la riqueza de un país son sus tierras, sus costumbres y su gente”. En el último reporte público, de 2014, Cerrejón reportó ventas por más de 2.200 millones de dólares y destinó 66.7 millones de dólares a rubros sociales y ambientales.
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