Aumenta tensión entre ocupantes y reclamantes en Magdalena

pakirris · 07-04-2016 , 09:03:23

El procurador Alejandro Ordóñez escuchó los reclamos de un grupo de ganaderos que se sienten atropellados por la restitución de tierras. Sin embargo, sus nombres figuran en los expedientes sobre el despojo paramilitar.

Por: Redacción Política

El departamento del Magdalena, desde Chibolo hasta El Difícil, pasando por las Sabanas de San Ángel y Plato, fue epicentro del despojo de tierras por cuenta del paramilitarismo, en cabeza de Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40. Allí el temible Bloque Norte instaló su laboratorio de “refundación de la Patria”. Asesinaron a líderes sociales, desplazaron a más de 1.000 familias campesinas, se apropiaron de sus tierras y desplegaron sus tentáculos hasta cooptar a la clase política y económica de la región.

Por todo esto, la Unidad de Restitución de Tierras ha priorizado esta zona para devolver los predios a sus legítimos dueños. Pero ha encontrado un grupo de ganaderos y políticos que se opone a los avances de la restitución y se niega a devolver los predios, argumentando que son ocupantes de buena fe. A raíz de esta tensión, la Procuraduría General de la Nación, en cabeza de Alejandro Ordóñez, citó ayer a una audiencia pública en las Sabanas de San Ángel, para escuchar los argumentos de quienes afirman ser víctimas de la restitución de tierras.

Esta situación entre reclamantes y poseedores alberga delicadas denuncias detrás, y ya se habla de “un segundo pacto de Chicoral”. Las denuncias han sido recogidas por la comunidad, entregadas a sus apoderados antes los jueces de restitución y han llegado a oídos del presidente Juan Manuel Santos. En ellas se afirma que los reclamantes están siendo amedrentados por hombres armados y que en la región se habría creado un grupo antirrestitución supuestamente manejado por hombres de dudoso pasado, con apoyo de ganaderos y políticos.

Las denuncias están consignadas en un documento entregado a la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría, el Ministerio de Agricultura, la Unidad de Tierras y la Unidad de Víctimas por parte de la abogada Blanca Irene López, adscrita a la Corporación Yira Castro, apoderada de un grupo de reclamantes. La denuncia advierte que en la región se han conformado la Asociación de Pequeños y Medianos Ganaderos Compradores de Buena Fe de las Sabanas de San Ángel y la Asociación Nacional de Víctimas de Despojo del Estado (Asovides). Ambas fueron las citantes a la audiencia y de ellas hacen parte personas con serios cuestionamientos penales.

Puntualmente, se señala que detrás de estas asociaciones, algunos de manera oculta y otros de frente, están: Carlos Arturo Londoño Acosta, José Norberto Bedoya, Víctor y Pedro Pimienta Gamero, Augusto Castro Pacheco, Gerardo Orozco, Saúl Severini o Julio César González. Todos estos figuran en los extensos expedientes de denuncias sobre paramilitarismo en el Magdalena e incluso algunos tienen antecedentes judiciales.

“Nos han expresado con mucha preocupación cómo desde la salida de Augusto Castro Pacheco, alias Tuto, ha comenzado una nueva etapa de violencia de una manera disimulada. Castro Pacheco ha sido uno de los grandes despojadores de tierras en el Magdalena, fue capturado en octubre de 2012, aceptó cargos y se acogió a sentencia anticipada. Duró un poco más de dos años en la cárcel y después le dieron prisión domiciliaria. Los campesinos dicen que él está detrás de todo el tema”, sostuvo la abogada López.

Carlos A. Londoño, por ejemplo, es un ganadero vallecaucano que reporta varios predios en la vereda Oceanía, adquiridos entre 2000 y 2005, cuando el Bloque Norte de las Auc consolidó su dominio territorial, por lo que sus predios están siendo solicitados en restitución. Sin embargo, Londoño ha pedido que se acredite su condición de segundo ocupante de buena fe y se le dé una compensación.

Lo mismo argumenta José Norberto Bedoya, quien fue concejal de Fundación (Magdalena) y ha sido acusado por la comunidad de acaparar tierras de campesinos en el municipio de Chibolo. Los labriegos lo señalan como uno de los protagonistas del despojo administrativo que orquestó Jorge 40 para legalizar el despojo de tierras. Las denuncias ya están en manos de la Fiscalía 22 de Bogotá.

Un caso más es el de los hermanos Pimienta Gamero, Víctor y Pedro, quienes han adelantado distintos recursos legales para que los predios que figuran a sus nombres no sean restituidos a campesinos. El primero, incluso, pidió la restitución de un predio en Chibolo, pero la Dirección Territorial del Magdalena se negó al advertir que su nombre figura en los expedientes criminales de Jorge 40, relacionándolo con “la toma del Incoder”, un plan que buscó entregar de manera fraudulenta terrenos de campesinos mediante revocatoria de adjudicación y posterior registro a nombre de personas cercanas al paramilitarismo.

Finalmente, entre los opositores al proceso de restitución figuran Saúl Alfonso Severini y Gerardo Orozco. El primero, un desmovilizado del Bloque Norte de las Auc, prófugo de la justicia, a quien la Fiscalía investiga por conformación de grupos ilegales, desplazamiento forzado y amenazas a desplazados. El segundo, un hombre que, según la Corporación Jurídica Yira Castro, funge como reclamante del predio Quiebrapata, a pesar de haber sido uno de los firmantes del denominado pacto de Chibolo.

Para Gustavo Gallón, director de la Comisión Colombiana de Juristas, que a su vez representa a un grupo de víctimas, lo grave de todo esto es que gente que es víctima está siendo utilizada por terceros. “Se trata de los segundos ocupantes, es decir, personas que se instalaron por una razón o por otra en estos predios, después de que fueran desplazados sus ocupantes originales. Son gente pobre y en condición de vulnerabilidad, que tienen motivos para ser compensados. Pero están siendo utilizados por ganaderos con pasados oscuros en la región”, concluyó Gallón.

Así las cosas, en esta región, donde se firmaron los pactos de Chibolo y Pivijay entre cientos de políticos y paramilitares, el proceso de restitución de tierras ha encontrado fuertes opositores. Ganaderos, políticos y comerciantes, que han buscado el apoyo del procurador Alejandro Ordóñez y algunos congresistas para que se les levante el rótulo de despojadores y se les asigne el de segundos ocupantes de buena fe.

ft:elespectador

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