en Argentina PROYECTO DEL GOBIERNO PARA PRIVATIZAR YPF-REPSOL

PROYECTO DEL GOBIERNO PARA PRIVATIZAR YPF-REPSOL
Según un borrador del proyecto de ley con el que el Gobierno buscará aumentar la participación estatal en YPF —y al que tuvo acceso Minutouno—, el objetivo será declarar “como de utilidad pública y sujetas a expropiación” el 50,011 por ciento de las acciones clase D de la empresa.
Hoy, el total de las acciones de esa clase —que representan el 99,99 por ciento del paquete accionario— está en manos de Repsol YPF, a cargo de Antonio Brufau, con un 57,44 por ciento; Petersen Energía S.A., dirigida por Enrique Eskenazi, con 25,46 por ciento; mientras que el restante 17,09 por ciento cotizan libremente en el mercado de valores.
El Estado nacional, en tanto, es propietario actualmente de un pequeño porcentaje de acciones Clase A y las provincias de Chubut y Formosa poseen también una parte de acciones Clase B que, en total, no superan el 0,002 por ciento.
De aprobarse el proyecto, el Poder Ejecutivo actuará durante los próximos tres años como expropiante, con lo que quedará facultado para transferir la titularidad de las acciones a cualquier organismo o empresa pública estatal.
El país se quedaría con las acciones de los Eskenazi, aunque el Ejecutivo debería negociar con los bancos que le dieron créditos, ya que sus acciones están prendadas, y garantizan los préstamos.
El precio que pagará Argentina para quedarse con el paquete accionario será definido por el Tribunal de Tasaciones de la Nación, con colaboración de la Secretaría de Energía.
La iniciativa oficial además busca modificar introducir modificaciones en el mercado de los hidrocarburos. A través de cambios en los derechos de exportación, también conocidos como retenciones, apunta a que el precio del petróleo se desacople de la cotización internacional “cuando el precio externo se incremente en forma significativa”, cuando los valores “exhiban una alta volatilidad” o cuando “exista una situación crítica de abastecimiento interno”.
El objetivo es garantizar la provisión de combustibles a precios razonables. El proyecto promete que los valores serán fijados teniendo en cuenta el costo de explotación promedio de cada cuenca y la calidad del petróleo, además de “permitir la realización de las inversiones necesarias, el recupero de los costos de explotación y la obtención de una rentabilidad razonable”.
El nivel de las retenciones surgiría de la diferencia del precio de venta en el exterior y el valor del producto en el mercado interno.
En el artículo 11 del proyecto oficial se establece que se permitirá la exportación de hidrocarburos o derivados “una vez que esté abastecido el mercado interno y siempre que las ventas en el exterior se realicen a un precio comercial razonable”.
En un capítulo aparte, la propuesta legislativa deja en manos del Estado nacional la importación y venta en el mercado interno de gas natural por las que “no podrá obtener utilidades”. El gas natural producido en Argentina también podría quedar afectado a abastecer la “demanda prioritaria”.