Ayudante De Santa
06-11-2015, 22:19:08
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Heráclito
17-05-2015, 23:05:33
Dice un dicho viejo que la justicia tarda pero llega, pero en estos casos anda como coja, manca y tullida.
El limbo de los casos judiciales más sonados
Dilaciones, cambios de fiscales y abogados, algunas causas de la demora de conocidos procesos.
Por: CARLOS GUEVARA | 1:11 a.m. | 17 de mayo de 2015 Jessy Quintero y Laura Moreno.
Lejos del impacto que en su momento captó la completa atención de los medios de comunicación y de la opinión pública, varios de los procesos judiciales más sonados de los últimos años ni siquiera tienen una fecha tentativa para su finalización. Razones hay varias: en algunos casos por dilaciones, en otras por múltiples recursos de apelación o por cambios sensibles en los equipos que integran las partes procesales, como los fiscales del caso Colmenares (van tres) o los reemplazos constantes en la defensa del patrullero señalado por la Fiscalía como el autor de la muerte del grafitero Diego Felipe Becerra, ocurrida en agosto del 2011.
Solo el caso del estudiante de la Universidad de los Andes Luis Andrés Colmenares lleva más de cuatro años y medio sin una sola sentencia, salvo una absolución a Carlos Cárdenas, uno de los implicados.
Esta es una selección de cinco de los episodios judiciales más sonados que aún siguen en una especie de limbo jurídico.
El complejo caso Colmenares
Cuatro años y seis meses
Un total de 18 audiencias, entre el 12 de junio y el 2 de diciembre, se programaron en el marco del juicio que establecerá la inocencia o culpabilidad de Laura Moreno y Jessy Quintero en la muerte del estudiante de la Universidad de los Andes, Luis Andrés Colmenares, ocurrida el 31 de octubre del 2010 en el parque El Virrey de Bogotá –van al menos 100 diligencias entre reservadas y públicas–.
Lo más reciente del proceso se produjo el 5 de febrero, cuando el Tribunal Superior de Bogotá, luego de siete meses, ratificó la orden del juzgado de introducir una prueba solicitada por las defensas de Moreno y Quintero, la que había sido apelada por la Fiscalía. Se trata del testimonio de un investigador del CTI que estuvo en El Virrey la noche de los hechos, y que sería clave en la intención de la defensa de las jóvenes de demostrar que la muerte del joven guajiro habría sido accidental. (Lea: Luis Colmenares denuncia a magistrado Vargas en Comisión de Acusación)
La Fiscalía cuenta con 13 pruebas (en esta instancia expone sus tesis), mientras la bancada de la defensa tiene cerca de 40. Moreno responde por coautoría impropia de homicidio y Quintero, por falso testimonio y encubrimiento de homicidio. Las jóvenes siguen gozando de libertad, al igual que Carlos Cárdenas, quien fue absuelto de toda responsabilidad en octubre del 2014 por el Tribunal Superior de Bogotá que, sin embargo, destacó que no hay dudas de que a Colmenares lo asesinaron. Un episodio reciente relacionado con el caso tuvo que ver con la declaración del expresidente de la Corte Constitucional, Jorge Pretelt, quien señaló al magistrado Luis Ernesto Vargas de haberle solicitado favorecer una tutela interpuesta por Laura Moreno para revocar unas decisiones proferidas por el Tribunal Superior de Bogotá en contra de ella. Fuentes del caso consultadas por EL TIEMPO estiman que, si no se presentan más contratiempos, podría haber una sentencia a finales de este año. (Lea: 'Pretelt busca aprovecharse del caso Colmenares')
Grafitero: alistan nuevas capturas
Tres años y nueve meses
En las próximas semanas, según fuentes de la Fiscalía, se producirían nuevas capturas –al menos siete, de acuerdo con la defensa de las víctimas– relacionadas con el proceso abierto tras la muerte del grafitero Diego Felipe Becerra, ocurrida a manos de un patrullero de la Policía Metropolitana de Bogotá el 29 de agosto del 2011, en inmediaciones de la calle 116 con avenida Boyacá, norte de Bogotá.
Estas se sumarían a las 13 detenciones vigentes (de 10 policías y tres civiles), entre las cuales figuran los coroneles Nelson Arévalo (en ese entonces comandante de la estación de Policía de Suba) y José Javier Vivas (otrora subcomandante de la Policía Metropolitana de Bogotá).
De este episodio se desprenden algunos procesos paralelos: por el homicidio está siendo procesado el patrullero Wílmer Alarcón, a quien la Fiscalía acusó de disparar el arma contra el grafitero –la audiencia más reciente se celebró el 6 de enero–. (Lea: Piden hasta 25 años de cárcel para policías en caso del grafitero)
En este momento el Tribunal Superior de Bogotá estudia un recurso de apelación presentado por el abogado del uniformado, que pretende retirar una primera versión entregada por Alarcón. No obstante, la dilación del proceso ha quedado en evidencia con la inasistencia a por lo menos 10 audiencias de la defensa del suboficial, la cual, incluso, ha tenido tres abogados distintos.
La defensa de las víctimas calcula que si el proceso sigue su rumbo se conocería una sentencia aproximadamente en agosto. (Lea: Absuelven de falso positivo a testigo clave en caso grafitero)
En cuanto al proceso por la alteración de la escena del crimen, van 27 meses de audiencias preparatorias y aún no hay una fecha exacta para una nueva diligencia, mientras el proceso contra el conductor del bus y su esposa, que inicialmente señalaron a Diego Felipe Becerra como el autor del supuesto robo al vehículo –versión de la que luego se retractaron– está en etapa de conciliación, aunque la pareja no ha asistido a las dos últimas citaciones.
David Manotas Char
Un año y ocho meses
En manos del Tribunal Superior de Bogotá está la decisión de confirmar o revocar una apelación presentada por la defensa de David Manotas Char, el barranquillero señalado por la Fiscalía de causarle la muerte a su vecino Francisco Cifuentes, el 2 de septiembre del 2013, en medio de una riña desencadenada porque el primero no quiso bajarle el volumen a su equipo de sonido, en un apartamento del norte de Bogotá.
En la audiencia preparatoria más reciente, efectuada el 18 de diciembre del 2014, el juez del caso aceptó la solicitud de la Fiscalía de excluir una serie de pruebas, como fotografías, testimonios y la puerta del apartamento en el que en ese entonces residía Manotas, esta última aportada por el abogado del acusado para tratar de demostrar que hubo una irrupción violenta en el inmueble por parte de la víctima.
Esta es la determinación que fue apelada por la defensa del acusado en enero de este año, recurso que está en estudio por parte del Tribunal Superior de Bogotá, el cual no tiene un tiempo límite para la decisión. Solo cuando se produzca tal determinación, el juzgado programará una fecha para la reanudación de las diligencias anteriores a la etapa de juicio.
Manotas Char permanece recluido en la cárcel La Picota de Bogotá. Fuentes allegadas al caso no descartan la posibilidad de que la defensa del barranquillero (miembro de la conocida familia de empresarios Char) esté buscando un preacuerdo con la Fiscalía.
Samuel Moreno
Tres años y ocho meses
Pese a que el exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno, afronta procesos distintos por su presunta responsabilidad y participación en el ‘carrusel de los contratos’ de la ciudad (por la construcción de TransMilenio por la calle 26 y por la adjudicación de un contrato de ambulancias), en ninguno de los casos se ha evidenciado avance alguno.
Lo anterior debido a los múltiples recursos de apelación, por distintas causas, interpuestos por su defensa. El último movimiento se dio en marzo, cuando la Fiscalía renunció a 150 informes de policía y 300 pruebas documentales, con el fin de acelerar el proceso por cohecho, concusión, peculado, concierto para delinquir e interés indebido en la celebración de contratos. (Lea: Fiscalía renunció a unas 300 pruebas en caso de Samuel Moreno)
El exalcalde no aceptó ninguno de los cargos y permanece recluido en la estación de Carabineros, en Bogotá. Los procesos están en etapa de audiencias preparatorias y no se conocen fechas concretas para su reanudación.
Masacre de Bosa
Un año y seis meses
En cuatro ocasiones ha sido aplazada la audiencia preparatoria del proceso que se adelanta contra Hernando Hernández, el hombre al que la Fiscalía señala de haber causado la muerte violenta de su esposa, una sobrina de la mujer y de dos de sus hijos, el 10 de noviembre del 2013 en la localidad de Bosa, sur de Bogotá.
La nueva dilación tiene que ver con el hecho de que Hernández no asistió el 16 de marzo al Instituto de Medicina Legal donde se le iba a practicar un examen psiquiátrico, con lo que su defensa pretende alegar la inimputabilidad del presunto asesino.
Se espera que de aquí al 22 de junio, cuando está prevista una nueva audiencia, Hernández ya se haya sometido al estudio por parte del instituto forense. El hombre, recluido en un pabellón especial de la cárcel La Picota, responde por homicidio agravado y tentativa de homicidio. La Fiscalía pide 50 años de cárcel.
CARLOS GUEVARA
Redacción Domingo
Fuente: El Tiempo
El limbo de los casos judiciales más sonados
Dilaciones, cambios de fiscales y abogados, algunas causas de la demora de conocidos procesos.
Por: CARLOS GUEVARA | 1:11 a.m. | 17 de mayo de 2015 Jessy Quintero y Laura Moreno.
Lejos del impacto que en su momento captó la completa atención de los medios de comunicación y de la opinión pública, varios de los procesos judiciales más sonados de los últimos años ni siquiera tienen una fecha tentativa para su finalización. Razones hay varias: en algunos casos por dilaciones, en otras por múltiples recursos de apelación o por cambios sensibles en los equipos que integran las partes procesales, como los fiscales del caso Colmenares (van tres) o los reemplazos constantes en la defensa del patrullero señalado por la Fiscalía como el autor de la muerte del grafitero Diego Felipe Becerra, ocurrida en agosto del 2011.
Solo el caso del estudiante de la Universidad de los Andes Luis Andrés Colmenares lleva más de cuatro años y medio sin una sola sentencia, salvo una absolución a Carlos Cárdenas, uno de los implicados.
Esta es una selección de cinco de los episodios judiciales más sonados que aún siguen en una especie de limbo jurídico.
El complejo caso Colmenares
Cuatro años y seis meses
Un total de 18 audiencias, entre el 12 de junio y el 2 de diciembre, se programaron en el marco del juicio que establecerá la inocencia o culpabilidad de Laura Moreno y Jessy Quintero en la muerte del estudiante de la Universidad de los Andes, Luis Andrés Colmenares, ocurrida el 31 de octubre del 2010 en el parque El Virrey de Bogotá –van al menos 100 diligencias entre reservadas y públicas–.
Lo más reciente del proceso se produjo el 5 de febrero, cuando el Tribunal Superior de Bogotá, luego de siete meses, ratificó la orden del juzgado de introducir una prueba solicitada por las defensas de Moreno y Quintero, la que había sido apelada por la Fiscalía. Se trata del testimonio de un investigador del CTI que estuvo en El Virrey la noche de los hechos, y que sería clave en la intención de la defensa de las jóvenes de demostrar que la muerte del joven guajiro habría sido accidental. (Lea: Luis Colmenares denuncia a magistrado Vargas en Comisión de Acusación)
La Fiscalía cuenta con 13 pruebas (en esta instancia expone sus tesis), mientras la bancada de la defensa tiene cerca de 40. Moreno responde por coautoría impropia de homicidio y Quintero, por falso testimonio y encubrimiento de homicidio. Las jóvenes siguen gozando de libertad, al igual que Carlos Cárdenas, quien fue absuelto de toda responsabilidad en octubre del 2014 por el Tribunal Superior de Bogotá que, sin embargo, destacó que no hay dudas de que a Colmenares lo asesinaron. Un episodio reciente relacionado con el caso tuvo que ver con la declaración del expresidente de la Corte Constitucional, Jorge Pretelt, quien señaló al magistrado Luis Ernesto Vargas de haberle solicitado favorecer una tutela interpuesta por Laura Moreno para revocar unas decisiones proferidas por el Tribunal Superior de Bogotá en contra de ella. Fuentes del caso consultadas por EL TIEMPO estiman que, si no se presentan más contratiempos, podría haber una sentencia a finales de este año. (Lea: 'Pretelt busca aprovecharse del caso Colmenares')
Grafitero: alistan nuevas capturas
Tres años y nueve meses
En las próximas semanas, según fuentes de la Fiscalía, se producirían nuevas capturas –al menos siete, de acuerdo con la defensa de las víctimas– relacionadas con el proceso abierto tras la muerte del grafitero Diego Felipe Becerra, ocurrida a manos de un patrullero de la Policía Metropolitana de Bogotá el 29 de agosto del 2011, en inmediaciones de la calle 116 con avenida Boyacá, norte de Bogotá.
Estas se sumarían a las 13 detenciones vigentes (de 10 policías y tres civiles), entre las cuales figuran los coroneles Nelson Arévalo (en ese entonces comandante de la estación de Policía de Suba) y José Javier Vivas (otrora subcomandante de la Policía Metropolitana de Bogotá).
De este episodio se desprenden algunos procesos paralelos: por el homicidio está siendo procesado el patrullero Wílmer Alarcón, a quien la Fiscalía acusó de disparar el arma contra el grafitero –la audiencia más reciente se celebró el 6 de enero–. (Lea: Piden hasta 25 años de cárcel para policías en caso del grafitero)
En este momento el Tribunal Superior de Bogotá estudia un recurso de apelación presentado por el abogado del uniformado, que pretende retirar una primera versión entregada por Alarcón. No obstante, la dilación del proceso ha quedado en evidencia con la inasistencia a por lo menos 10 audiencias de la defensa del suboficial, la cual, incluso, ha tenido tres abogados distintos.
La defensa de las víctimas calcula que si el proceso sigue su rumbo se conocería una sentencia aproximadamente en agosto. (Lea: Absuelven de falso positivo a testigo clave en caso grafitero)
En cuanto al proceso por la alteración de la escena del crimen, van 27 meses de audiencias preparatorias y aún no hay una fecha exacta para una nueva diligencia, mientras el proceso contra el conductor del bus y su esposa, que inicialmente señalaron a Diego Felipe Becerra como el autor del supuesto robo al vehículo –versión de la que luego se retractaron– está en etapa de conciliación, aunque la pareja no ha asistido a las dos últimas citaciones.
David Manotas Char
Un año y ocho meses
En manos del Tribunal Superior de Bogotá está la decisión de confirmar o revocar una apelación presentada por la defensa de David Manotas Char, el barranquillero señalado por la Fiscalía de causarle la muerte a su vecino Francisco Cifuentes, el 2 de septiembre del 2013, en medio de una riña desencadenada porque el primero no quiso bajarle el volumen a su equipo de sonido, en un apartamento del norte de Bogotá.
En la audiencia preparatoria más reciente, efectuada el 18 de diciembre del 2014, el juez del caso aceptó la solicitud de la Fiscalía de excluir una serie de pruebas, como fotografías, testimonios y la puerta del apartamento en el que en ese entonces residía Manotas, esta última aportada por el abogado del acusado para tratar de demostrar que hubo una irrupción violenta en el inmueble por parte de la víctima.
Esta es la determinación que fue apelada por la defensa del acusado en enero de este año, recurso que está en estudio por parte del Tribunal Superior de Bogotá, el cual no tiene un tiempo límite para la decisión. Solo cuando se produzca tal determinación, el juzgado programará una fecha para la reanudación de las diligencias anteriores a la etapa de juicio.
Manotas Char permanece recluido en la cárcel La Picota de Bogotá. Fuentes allegadas al caso no descartan la posibilidad de que la defensa del barranquillero (miembro de la conocida familia de empresarios Char) esté buscando un preacuerdo con la Fiscalía.
Samuel Moreno
Tres años y ocho meses
Pese a que el exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno, afronta procesos distintos por su presunta responsabilidad y participación en el ‘carrusel de los contratos’ de la ciudad (por la construcción de TransMilenio por la calle 26 y por la adjudicación de un contrato de ambulancias), en ninguno de los casos se ha evidenciado avance alguno.
Lo anterior debido a los múltiples recursos de apelación, por distintas causas, interpuestos por su defensa. El último movimiento se dio en marzo, cuando la Fiscalía renunció a 150 informes de policía y 300 pruebas documentales, con el fin de acelerar el proceso por cohecho, concusión, peculado, concierto para delinquir e interés indebido en la celebración de contratos. (Lea: Fiscalía renunció a unas 300 pruebas en caso de Samuel Moreno)
El exalcalde no aceptó ninguno de los cargos y permanece recluido en la estación de Carabineros, en Bogotá. Los procesos están en etapa de audiencias preparatorias y no se conocen fechas concretas para su reanudación.
Masacre de Bosa
Un año y seis meses
En cuatro ocasiones ha sido aplazada la audiencia preparatoria del proceso que se adelanta contra Hernando Hernández, el hombre al que la Fiscalía señala de haber causado la muerte violenta de su esposa, una sobrina de la mujer y de dos de sus hijos, el 10 de noviembre del 2013 en la localidad de Bosa, sur de Bogotá.
La nueva dilación tiene que ver con el hecho de que Hernández no asistió el 16 de marzo al Instituto de Medicina Legal donde se le iba a practicar un examen psiquiátrico, con lo que su defensa pretende alegar la inimputabilidad del presunto asesino.
Se espera que de aquí al 22 de junio, cuando está prevista una nueva audiencia, Hernández ya se haya sometido al estudio por parte del instituto forense. El hombre, recluido en un pabellón especial de la cárcel La Picota, responde por homicidio agravado y tentativa de homicidio. La Fiscalía pide 50 años de cárcel.
CARLOS GUEVARA
Redacción Domingo
Fuente: El Tiempo
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