(Y hay pendejos que quieren Colombia Humana) No se podía poner al Acueducto a recoger basuras

[Ayudante De Santa]

[RICARDO69]

No se podía poner al Acueducto a recoger basuras

Fallo de Tribunal declara ilegal el acta que puso el servicio de aseo como un nuevo objeto social.

La junta directiva de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado (EAB) de la pasada administración, que presidía el exalcalde Gustavo Petro, tendría que responder por 200.000 millones de pesos que la entidad entregó para poner en marcha el servicio de aseo.

Así se desprende del fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que declaró nula la decisión que tomó el mandatario en ese sentido.

El fallo es contundente al advertir que esa acción no la podía llevar a cabo una junta directiva, sino que debió pasar por el Concejo de la ciudad, tal y como lo señala el Estatuto Orgánico.

Aunque la EAB, así como la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp), garantizan el servicio, el Distrito pedirá al tribunal la aclaración del fallo para establecer el mecanismo y el tiempo de transición para aplicarlo en este caso.

El coletazo de la decisión judicial obedece a que durante su gobierno, Petro, a pesar de las advertencias que se hicieron en su momento, se reunió el 5 de septiembre del 2012 con la junta directiva de la EAB y decidió, por acta, sumarle un nuevo objeto social a esa empresa: la recolección de basuras, un asunto que hoy es declarado ilegal.

Tres meses después de esa acta, la ciudad vivió una emergencia debido a la proliferación de desperdicios en las calles, lo que dio origen a una campaña de revocatoria en contra del entonces mandatario y una millonaria multa.

Una vez el fallo quede en firme, el Distrito iniciará una acción de repetición para recuperar los cerca de 200.000 millones que salieron de la EAB y así apalancar el servicio de aseo.

No se descarta una avalancha de procesos contra los exdirectivos que en ese momento firmaron el acta, por presunto detrimento patrimonial, ya que en ese periodo se entregaron millonarios recursos que fueron utilizados, entre otros fines, para pagar la multa que impuso la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) por la mala prestación del servicio.

Luego de conocer la decisión del tribunal, la gerente de la EAB, María Carolina Castillo, dijo: “Una vez quede en firme, es nuestra obligación perseguir esos recursos, y la vía más expedita es la acción de repetición, que vamos a iniciar contra todos los miembros de la junta”.

Así cambió la recolección
Diciembre del 2012

Comienza a operar el nuevo esquema de basura con Aguas de Bogotá, filial del Acueducto. El primer día no se recogieron 1.987 toneladas de las 4.273 que se producían a diario.

Diciembre del 2013

El entonces alcalde Petro fue destituido por la Procuraduría, que consideró que dejó la recolección a cargo de una empresa sin experiencia y limitó la libre competencia. Petro volvió a su cargo.

Octubre del 2014

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) sancionó al Distrito con multas que sumaban $ 80.794 millones y ordenó el desmonte del esquema en marzo del 2015.

Diciembre del 2015

La Corte Constitucional le ordenó al Distrito cumplir con la sanción de la SIC y estabilizar en los siguientes seis meses el esquema de aseo, que en ese momento se consideraba provisional.

Octubre del 2017

Un fallo del Tribunal de Cundinamarca declaró ilegal el acta que ordenó a la EAB prestar el servicio de aseo. Hoy son dos millones de usuarios y 80 por ciento del servicio en la ciudad.

¿Qué va a pasar mientras queda en firme la decisión?

Vamos a iniciar el trámite de aclaración del fallo ante el Tribunal. Vamos a preguntarle el procedimiento que se debe seguir para dejar de prestar el servicio. Parte de lo que le vamos a preguntar es cómo vamos a salir para garantizar siempre la prestación.

¿Cuántos usuarios atiende?

Son dos millones de usuarios y presta el 80 por ciento del mercado; aunque la operación se haga a través de Aguas de Bogotá y por contratos con la Unidad Administrativa Especial (Uaesp), operan Aseo Capital y Lime.

¿Puede quedar en riesgo el servicio?

La Ley 142 (de servicios públicos) tiene una garantía especial para los contratos de servicios públicos, que privilegia siempre la prestación del servicio.

¿Cuánto se desembolsó?

76.000 millones de pesos para vehículos, 3.000 millones para infraestructura, 32.000 millones para capacidad administrativa (quejas y reclamos), y le sumamos las multas de la Superintendencia de Industria y Comercio, de cerca de 80.000 millones, más los intereses.