“Esos jueces de izquierda”
Por Juan Diego Restrepo E.
OPINION. Ahora resulta que solicitar investigaciones más profundas sobre el paramilitarismo es sesgado y mal intencionado. Entonces, ¿para qué Justicia y Paz?
La decisión en sala mayoritaria (dos de tres votos) de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín de compulsar copias a la Cámara de Representantes para que se investigue al expresidente Álvaro Uribe Vélez por sus presuntos nexos con el paramilitarismo es coherente y responsabl
e con los testimonios que han entregado exmiembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) postulados a los beneficios de la Ley 975, llamada de Justicia y Paz.
Lo contenido en el auto leído por el magistrado Rubén Darío Pinilla Cogollo, respaldado por la magistrada María Consuelo Rincón Jaramillo y con salvamento de voto del magistrado Juan Guillermo Cárdenas, es el resultado del trabajo que desde hace varios años se viene haciendo en las audiencias de versión libre que han rendido los exparamilitares ante fiscales de la Unidad Nacional de Justicia y Paz. Los soportes son miles de horas de grabaciones. Si tantos han mentido, entonces ¿para qué ha servido el proceso de Justicia y Paz? Es más, ¿por qué no se actúa en contra de ellos, se les acusa de falso testimonio y se les niegan los beneficios de pena alternativa que ofrece la justicia transicional?
Claro, lo más fácil para aquellos que son vinculados a las investigaciones es cuestionar la decisión y deslegitimar las decisiones apelando a descalificar a quienes ordenaron compulsar las copias a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. El primero en aplicar esa estrategia fue Francisco Santos, ex vicepresidente de la República y precandidato presidencial, quien calificó a los magistrados de “jueces de izquierda” a través de varios trinos desde su cuenta de Twitter.
Pero no contento con apelar a la desacreditación de los magistrados, Santos recurrió a la promoción del miedo, una práctica política muy usual entre el llamado uribismo, para socavar la decisión de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, al invocar que “algunos jueces de izquierda quieren impedir que Álvaro Uribe rescate este país de lo que se viene” y anunciar que “la democracia está en peligro”.
¿A qué se refiere Santos cuando dice que Uribe rescatará al país “de lo que se viene”? ¿A los acuerdos de paz con la guerrilla de las Farc? El Puro Centro Democrático, del que hace parte este áulico del Uribismo y del que pretende ser candidato presidencial, debería explicar de una vez por todas por qué le teme tanto a una salida negociada del conflicto armado que ha desangrado al país en los últimos 49 años. Es más, en aras de la transparencia sería pertinente que aclararan qué ganan con mantener la guerra.
¿Y cómo así que la orden de profundizar en las investigaciones sobre el paramilitarismo en Antioquia y en el país pone en riesgo la democracia? ¿Acaso no es la impunidad la que, en efecto, socava las libertades y los derechos de los ciudadanos? Entonces, ¿de qué sirve el proceso de Justicia y Paz si no es para avanzar en la verdad de lo sucedido y aclarar quienes promovieron, financiaron y se concertaron para oxigenar esa máquina de guerra que fueron las Autodefensas Unidas de Colombia?
La descalificación de los magistrados y la promoción del miedo no puede conducir a otra cosa que al fomento de la belicosidad con aquellos sectores críticos que, como los jueces, consideran que tanto el expresidente Uribe como una serie de militares, funcionarios judiciales y empresarios deben ofrecer explicaciones claras sobre su comportamientos frente al proyecto paramilitar que lideraron los hermanos Fidel, Vicente y Carlos Castaño Gil.
La irresponsabilidad del ex vicepresidente Santos no puede llegar más lejos: “Preparémonos para la batalla”, dijo en uno de sus trinos. Y tal y como se observa en sus comentarios enviados a través de su cuenta de Twitter, el llamado “a la batalla” es para enfrentar a eso que él llama “la izquierda”, representada en este caso en Rubén Darío Pinilla Cogollo, magistrado ponente del auto de control de legalidad de cargos de siete exparamilitares del Bloque Cacique Nutibara.
Posturas como esas, difundidas con insistencia a través de diversos canales de comunicación desde mediados de los años sesenta, derivaron en la década del ochenta en el exterminio de la Unión Patriótica. Una investigación rigurosa del análisis del discurso de voceros de la derecha en esos años daría cuenta de su responsabilidad en la promoción del genocidio perpetrado contra este movimiento político.
Los trinos de Santos reeditan esa polarización al llamar “a la batalla”. Tal afirmación genera varias preguntas: ¿A qué tipo de “batalla” se refiere? ¿Cómo debe ser esa preparación? ¿Quiénes son los destinatarios de este mensaje? Riesgoso es hablar en este país en esos términos. Si esa expresión “preparémonos para la batalla” la hubiese pronunciado alguien que represente sectores críticos entonces sería calificado de “terrorista” y estaría afrontando un proceso judicial. La derecha parece tener licencia para todo, incluso para atizar el conflicto con total impunidad.
Antes que cuestionarlo y denunciar al magistrado, el expresidente Uribe debería llamar al orden a sus seguidores, quienes son en extremo peligrosos con la palabra, y aprovechar para aclarar de una vez por todas que él, y de paso sus hermanos Santiago y Jaime (a quien llamaban ‘El Pecoso’ y era amigo de Vicente Castaño Gil, según confesión del exparamilitar y empresario bananero Raúl Hasbún Mendoza), nada tuvieron que ver con el proyecto paramilitar en Antioquia y en el país, ni como gobernador de Antioquia, ni como ciudadano del común ni como presidente de la República.
En debates como este cuanta falta hace Pedro Juan Moreno Villa, el exsecretario de Gobierno Departamental durante la gobernación de Álvaro Uribe Vélez (1995-1997). Si viviera y diera su versión de los hechos, aquellos magistrados que se atrevieron a pedir que se profundizaran las investigaciones del paramilitarismo a lo mejor no serían calificados de “izquierda”. Es más, ni siquiera habrían tenido que ordenar la investigación.
Fuente Semana