Los alimentos son deberes que la ley civil ha establecido a todas aquellas personas que por mandato de la ley se le deben; por ello para su regulación se deben tener en cuenta dos elementos esenciales para determinar su cuantíalos cuales son:
1. La capacidad económica del alimentante, es decir la persona que está obligada por ley a suministrarlos,
2 .El entorno socio-económico del alimentario, es decir de la persona que tiene derecho.
Para tratar éste asunto he querido tomar como ejemplo la relación de obligación alimentaria que existe entre padre e hijo cuando se presenta éste tipo de diferencias. En éste caso para que se determine de manera objetiva a cuánto asciende el monto tenemos que tener en cuenta el ingreso económico bruto del padre, ya bien sea como empleado ó contratista, previa deducción de sus obligaciones alimentarias con otras personas que por ley también le debe alimentos (ej.: otros hijos, cónyuge, padres, etc.) y la situación actual de menor. Para éste último caso, recurrimos a su entorno social para determinar un ingreso que por concepto alimentario se ajuste a su posición social y económica.
Aunque en la teoría parecería fácil, en la práctica no lo es, ya que no se puede obligar al padre a conceder alimentos mas allá de lo que sus posibilidades le permitan, y un menor siempre va a necesitar de un monto alimentario que le permita desarrollarse de manera integral; por ello, cuando es de mutuo acuerdo es posible que el conciliador o el defensor del menor sopese las cargas para determinar que es un alimento congruo y necesario frente a la capacidad alimentaria del padre.
En materia judicial, es decir cuando no acuerdo de voluntades, el Juez del conocimiento los tasa sobre porcentajes sobre el ingreso real percibido por el padre y si la parte que lo exige no logra demostrar un ingreso determinado dicho cálculo se determina sobre el salario mínimo legal vigente.
Vale la pena recordar que los alimentos sobre los ingresos del obligado a suministrarlos se pueden tasar hasta el 50%.