Arturo Wallace
BBC Mundo, Bogotá

Han pasado ocho años pero las heridas de la masacre de San José de Apartadó, en el departamento colombiano de Antioquia, todavía no se cierran.

Y el más reciente esfuerzo del gobierno colombiano en ese sentido parece haber fracasado rotundamente, por culpa de una ausencia particularmente visible.

Efectivamente, este martes, y en cumplimiento de una orden de la Corte Constitucional, el Estado colombiano ofreció disculpas formales por las declaraciones de "varios funcionarios públicos que mancillaron el buen nombre y la honra de la comunidad" durante los días que siguieron a los sucesos de febrero de 2005.
Pero los sobrevivientes de la masacre, perpetrada por grupos paramilitares con la complicidad de efectivos de las fuerzas armadas colombianas, se negaron a recibirlas.

La razón: en la ceremonia de desagravio el Estado colombiano estuvo representado por el ministro del Interior, Fernando Carrillo, y no por el presidente Juan Manuel Santos, como supuestamente se había convenido.

Y para los miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, ese cambio de agenda constituyó una "nueva afrenta" y una "agresión más del Alto Gobierno", que vino a desnaturalizar "una retractación que pretendía resarcir afrentas perpetradas por el Jefe del Estado y corregir conductas que han incentivado prolongadas cadenas de crímenes horrendos".

"En nombre del Estado"

Las afrentas se refieren sobre todo a unas declaraciones hechas en febrero del 2005 por el entonces presidente Álvaro Uribe en contra de los líderes de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, que habían declarado a su territorio neutral frente al conflicto.

Fuente: BBC mundo