Crearon hasta EPS de papel
Otro gran ponqué al que le cayeron como niños con hambre fue el de la salud. Allí, exprimieron hasta lo que no tenía. Primero, inflaron escandalosamente los gastos de los hospitales del Distrito. ¿Cómo opera la ‘mordida’? A un concejal se le da un hospital. Y allí se nombra un gerente amañado. El gerente entonces empieza a generar facturas de pacientes que no atienden o exámenes especializados que no se hacen o por los cuales se pagó menos de lo facturado.
Por eso no es extraño que mientras en 2005 el Distrito les giraba a sus hospitales 500.000 millones de pesos, en 2010 la cuota se disparó a 1,3 billones. Y por eso, también, el secretario de Salud actual, Guillermo Alfonso Jaramillo, denunció que durante el gobierno de Samuel Moreno se manipuló la selección de por lo menos seis gerentes de hospitales.
En la Fiscalía hay denuncias de operarios que tenían que pagarle la mitad de su sueldo al concejal de turno. Una de ellas dice: “El concejal José Juan Rodríguez, que es ‘el dueño del Hospital de Kennedy’, los funcionarios de cierto rango nombrados por él tienen que entregarle mensualmene la mitad de sus salario, como ocurrió con la señora…”. No en vano, en la Fiscalía investigan si Jorge Salamanca era el dueño del Hospital Santa Clara; Jorge Durán Silva del San Rafael; Andrés Camacho del de Chapinero y Fontibón; Soledad Tamayo de La Victoria; Darío Fernando Cepeda del San Blas, y el exsecretario de Salud Héctor Zambrano del de Meissen.
La segunda estrategia para sacar ‘mordidas’ de la salud consistía en construir nuevos hospitales. No contento con la abultada billetera del Distrito, el entonces alcalde Samuel Moreno pidió en 2010 al Concejo que le aprobara 200.000 millones de pesos de vigencias futuras para cinco nuevos hospitales. “Un hospital equipado ‘full’ puede costar 42.000 millones. Se roban entre el 25 y el 30 por ciento”, le contó a SEMANA alguien que manejaba las cuentas en esa época.
Eso sin contar del contrato de las ambulancias –la tercera estrategia del saqueo a la salud–. Emilio Tapia reveló a la Fiscalía cómo se entregó ese negocio: “Una noche en el apartamento de Hipólito Moreno, que queda en Rosales, debajo de la Circunvalar, nos reunimos Héctor Zambrano, secretario de Salud, Julio Gómez y Federico Gaviria, que trabaja con el concejal, y se les dijo que ese contrato de las ambulancias era para Hipólito.
Eso quiere decir que él puso los precios e hizo los pliegos de la licitación y Zambrano adjudicó”. La Fiscalía ya logró establecer que ese contrato se ejecutó con tan solo la mitad de los 67.000 millones de pesos y lo demás fue ganacia para los involucrados. Luc Gerard, presidente del Fondo Tribeca, del que hace parte Emi, la firma líder en el servicio de ambulancias, recordó que ellos perdieron la licitación porque no quisieron pagar la ‘mordida’. “Nos dijeron que nos descalificaron por ser demasiados baratos”, contó Gerard.
Y como si fuera poco también crearon la EPS distrital. Figura como uno de los 35 frentes de negocio de la ‘agenda’ que le encontraron a Emilio Tapia. La composición era peculiar, pues si bien el 51 por ciento era del Distrito y el 49 por ciento del privado, en este caso Salud Total, era este último el que ponía el gerente y en últimas controlaba.
En la Fiscalía investigan si es cierto, como les dijo Tapia, que “todas las EPS son un negocio. Giran una plata por afiliado y realmente se gastan menos de la mitad”. El actual secretario Guillermo Alfonso Jaramillo denunció en abril del año pasado: “Capital Salud es una EPS de papel”. Tenía 471.980 afiliados que, en realidad, estaban carnetizados en la EPS Salud Total. Y hace unos pocos días, anunció que se iba a liquidar.
Precios inflados en un 30 por ciento
La otra gran piñata fue el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU). El 2 de junio de 2010, Samuel Moreno se vanagloriaba diciendo: “La capital de la República vive una transformación nunca antes vista”. Y calificó como “grandiosa” la inversión de 3,6 billones de pesos en obras viales. “Nunca en los presupuestos del IDU se había hecho una inversión de tal magnitud”.
En la ‘agenda’ de Emilio Tapia esos 3,6 billones ocupan solo un punto de los 35. La tabla de ‘mordidas’ en el IDU, según varios testimonios en la Fiscalía, va del 6 al 10 por ciento. Pero el negocio es aún más suculento porque en el caso de Bogotá, según le contaron a SEMANA dos contratistas, los precios de las obras están inflados en un 30 por ciento.
La ‘junta’ tenía muy claro que en el IDU los negocios eran tres: “Las adiciones, el mantenimiento de malla vial y la valorización” (punto 11 de la ‘agenda’). Porque dos días antes de Samuel Moreno asumir como alcalde ya se había entregado el contrato de TransMilenio de la 26 por 1,3 billones.
Lo de las adiciones a contratos ya existentes fue escandaloso. Casi 850.000 millones de pesos fueron asignados, de esa manera a dedo, según el informe que lideró en su momento el concejal Carlos Vicente de Roux. “Las razones alegadas por la administración para haber adicionado esos recursos sin los trámites de rigor fueron, en varios casos, deleznables”, dice el informe.
En cuanto al mantenimiento de la malla vial, el alcalde dividió la ciudad en seis partes. Curiosamente dos de ellas, por 187.000 millones de pesos, le tocaron a empresas ‘satélite’ de Julio Gómez, ambas en consorcio con los primos Nule. Esos dos contratos son los que tienen en la cárcel a la mayoría de los implicados en el escándalo del cartel de la contratación: entre ellos, al alcalde Samuel Moreno y a su hermano Iván, a Julio Gómez, a Álvaro Dávila y a Manuel, Miguel y Guido Nule.
Y el tercer punto, el de valorización, también fue la debacle. Se entregaron 36 obras y Julio Gómez ‘se quedó’ con 11 de ellas. Según denunció hace poco el contralor de Bogotá, Diego Ardila, cuatro no se terminaron. Una de ellas, el puente deprimido para resolver el trancón de la 94 con novena, una obra de 45.000 millones que quedó en manos de Julio Gómez, pero nunca arrancó. Ardila además cuestionó que el paquete de valorización que empezó costando 528.000 millones de pesos, con las adiciones terminó en 638.000 millones.
Lo que en ese momento no advirtió Iván Moreno es que con valorización cometió uno de los errores que pueden complicarle la vida a él y a su hermano. Iván Moreno mandó llamar a la directora del IDU, Liliana Pardo, para que le rindiera cuentas. Pero como ella estaba de vacaciones quien apareció con el listado de contratos fue el subdirector, Luis Eduardo Montenegro. Y cuando Iván se dio cuenta que a Julio Gómez le habían tocado muchos contratos y eso los ponía en evidencia ante la opinión pública, se salió de la ropa. “Casi me golpea”, le oyó decir un investigador. Montenegro ha decidido colaborar con la Justicia. Y esa historia es otra evidencia del modus operandi del cartel.
El ‘gobierno a la sombra’ estaba tan entusiasmado con las ‘mordidas’ a las obras públicas que la ‘junta directiva’ empezó a explorar de dónde podían sacar más dinero. En la ‘agenda’ aparece que estaban viendo cómo sacarle un pedazo a la sobretasa a la gasolina (punto 14 del ‘agenda’) para dedicar a la pavimentación restante. Lo de la sobretasa no les salió, pero entonces abrieron otro frente de ‘negocios’ con la Unidad de Malla Vial.
A diferencia del IDU, que se dedica a las obras grandes de la ciudad, esta es una dependencia que repara vías locales y que tenía en el bolsillo más de 200.000 millones de pesos para la repartija. Allí pusieron a Iván Hernández, ficha del concejal Andrés Camacho. “Cuando llegó eso se lo tomaron los concejales. Por la mañana llegaba Hipólito Moreno, y por la tarde Andrés Camacho.
Orlando Parada era tan descarado que citaba a sus líderes de barrio en la sala de juntas del piso 16”, le contaron a SEMANA tres funcionarios de la entidad. “Vivíamos aterrados. De pronto uno oía en el pasillo a alguien que reclamaba: ‘¿Cómo así que los contratos se los llevaron para Rosales?’. Y era que se los llevaban al apartamento de Hipólito Moreno para acomodarlos allá”. Llegaron incluso al extremo de mandar a pavimentar un conjunto residencial en Usme, con maquinaria y material del Distrito, por petición de uno de los concejales que estaba en campaña, según consta en una investigación interna.
Salarios de $89 millones
Otro frente del que poco se ha hablado, pero al que le sacaron mucho jugo fue el de la renovación urbana. La idea es convertir sitios decadentes de la ciudad en espacios modernos. La encargada de esta tarea es la ERU (Empresa de Renovación Urbana) y al frente estuvieron, durante la alcaldía de Samuel Moreno, fichas claves de Emilio Tapia como Néstor Eugenio Ramírez, que luego pasó al IDU, y Diego Muriel.
Tanto en el ‘acta’ como en la ‘agenda’ aparecen los tres grandes megaproyectos de renovación del centro de la ciudad (Centro Comercial de San Victorino, La Hoja –en el Centro Administrativo Distrital– y La Manzana 5 –en Las Aguas–) y el negocio es, entre otras, quedarse con un porcentaje de la venta a los privados.
El ‘gobierno a la sombra’ solo alcanzó a avanzar con la renovación de San Victorino, que consistía en coger ese inmenso lote ya recuperado, al que el Distrito le invirtió sumas multimillonarias en los gobiernos de Mockus y Peñalosa, para convertirlo en un “Centro Internacional de Comercio Mayorista”. En total son tres manzanas, entre la Caracas y la carrera Décima, y entre calles 9 y 10, que permitirían la venta de miles de locales cuyo valor-ventas podría ascender a 780.000 millones de pesos.
Pero allí también se dio otro descalabro: casi cuatro años después, cuando se habían girado más de 7.000 millones de pesos y no había pasado nada. Se dieron irregularidades como que el contrato se le entregó a dedo a una empresa de fachada de Emilio Tapia, la interventoría a una firma de los Nule y aumentaron los honorarios de la Gerencia del proyecto de 19 a 89 millones de pesos mensuales a pesar de que no se había visto ningún resultado.
Quedó hasta un túnel sin salida
Y así, uno a uno, podría hacerse una historia de los 35 frentes que aparecen en la ‘agenda’. Hay contratos, por ejemplo, de los que nadie ha hablado hasta ahora. Como uno para cobrar multas de tránsito vencidas por 2 billones de pesos, según contó uno de los involucrados a SEMANA. El que gana este contrato se queda con el 40 por ciento de la cartera que logre cobrar y la ‘mordida’, en este caso, era miti-miti.
En otros frentes se está apenas descubriendo la dimensión de la rapiña.
Como es el caso de la Empresa de Acueducto, en la cual uno solo de los contratos que entregó con ‘mordida’ –según testimonios que reposan en la Fiscalía– vale 250.000 millones de pesos, es decir, más que la suma de dos de los contratos de los Nule que prendieron la chispa del escándalo.
Eso sin contar los contratos de menor cuantía que sirvieron para mantener ‘aceitados’ a los concejales. Eran de 200 a 500 millones de pesos, en los que el concejal se quedaba mínimo con un 20 por ciento. Si le daban 10 de 500 se ganaba 1.000 millones. “En algún mes yo alcancé a contar que se les dieron 130”, contó Emilio Tapia a la Fiscalía. Entre 2008 y julio de 2010, el Acueducto entregó contratos por 1,3 billones de pesos.
Y la historia de ese contrato es un buen ejemplo del Macondo urbano que a veces es Colombia. Se trata de la construcción de un túnel de ocho kilómetros para llevar las aguas negras residuales de Bogotá hasta la futura planta de tratamiento Canoas, ubicada en Soacha. En el túnel debían construirse varios pozos de inspección, pero uno de ellos, el número 12 no se hizo porque no se compraron los terrenos.
La solución fue sencilla: no construirlo, cambiar el trazado inicial y terminar el túnel. Pero no se percataron de un pequeño detalle: era por ese pozo por donde debían sacar las dos enormes máquinas de excavación que estaban trabajando el túnel. De manera que las dos máquinas quedaron enterradas a 60 metros de profundidad, el Acueducto está pagando daños y perjuicios por ellas y, lo peor, es que si no las sacan no se puede utilizar el túnel para descontaminar el río Bogotá. Sacarlas, como informó CM&, cuesta 35.000 millones de pesos.