Denunciante Popular
 |  El segundo bogotazo
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 | El segundo bogotazo El saqueo a la capital fue peor de lo que hasta ahora se cree: existía una junta en la sombra que se reunía en Miami y tenía un avión privado. Agenda secreta del carrusel. 
El senador Iván Moreno (centro), hermano del alcalde, era la cabeza del ‘gobierno a la sombra’. Emilio Tapia (derecha) era el eslabón entre los Moreno Rojas y los contratistas. Había una especie de código no escrito: Samuel Moreno no se reunía con nadie. El 23 de octubre de 2007, una semana antes de las elecciones en las que se iba a escoger el alcalde de Bogotá tuvo lugar el último debate de televisión entre los dos candidatos que lideraban las encuestas: Enrique Peñalosa y Samuel Moreno.
Cuando faltaba un minuto pa
ra terminar, le preguntaron a Moreno: “¿Si usted comprando 50 votos puede salvar a la ciudad de alguien capaz de comprar 50.000 votos lo haría?”. Samuel ni lo pensó. De inmediato dijo: “Sí”. Tal vez su respuesta era un presagio de lo que se venía. Y a 915.000 bogotanos que votaron por él –el 43 por ciento del total– pareció no importarles ese detalle.
Samuel Moreno sacó la más alta votación que hasta hoy ha tenido un alcalde en Bogotá y durante tres años demostró que, como en ese debate, no se detiene a reflexionar cuando de dilemas éticos se trata. Testimonios y documentos en poder de SEMANA, y las pesquisas de la Fiscalía, revelan que en los tres años que estuvo al frente del gobierno distrital se dio el saqueo a gran escala más impresionante que se haya visto en Colombia.
Su mandato se convirtió en un segundo Bogotazo. Así como ese 9 de abril, de 1948, marcado por el caos y la destrucción, partió en dos la historia de la capital, con la administración Moreno Rojas Bogotá cayó del cielo al infierno.
Los bogotanos no tienen idea de hasta dónde llegó la devastación. Lo interesante de este caso, a diferencia de otros grandes descalabros del país, es que gracias a la confesión y a las pruebas entregadas por Emilio Tapia, todo se está descubriendo. SEMANA ha tenido acceso a información privilegiada –de investigadores del caso y testimonios de seis de los involucrados– para armar el rompecabezas completo.
El modus operandi
¿Qué hace distinto este caso? Basta con decir que el saqueo fue de tal envergadura que tuvieron que montar un ‘gobierno en la sombra’ para poder mantener aceitada la maquinaria de los contratos y las mordidas. “Eso funcionaba como una empresa”, ha dicho Emilio Tapia, el hombre que sirvió de eslabón entre la cúpula del carrusel de contratos (el alcalde Samuel Moreno y su hermano el senador Iván Moreno) y los contratistas (que se encargaban de garantizar las ‘mordidas’).
Ese ‘gobierno en la sombra’ tenía una especie de ‘junta directiva’ que decidió cómo se repartía la torta del Distrito. La Uaesp, por ejemplo, que se encargaba de los multimillonarios contratos de recolección de basuras y del relleno de Doña Juana, le tocó al abogado Álvaro Dávila, según testimonios que ya están en la Fiscalía.
El Acueducto fue para el contratista Andrés Cardona Laverde. Y en el IDU, que tenía 3 billones de pesos para invertir, se acogió la propuesta del contratista Julio Gómez de mantener a la directora que ya estaba. Por mencionar solo las tajadas más grandes. Cabe anotar que Julio Gómez ya llegó a un acuerdo con la Fiscalía, de diez años de prisión, a cambio de confesar y delatar otros engranajes del carrusel. Pero Cardona y Dávila –hoy detenido– han negado ser parte del carrusel.
El modus operandi de la ‘junta directiva’ era sencillo. Cada uno resolvía cómo repartía los contratos, pero tenía que garantizar un porcentaje para los hermanos Moreno Rojas. “Eso funcionaba como si fueran franquicias. Los Moreno le entregaban a un contratista una entidad para que les respondiera por ella y les tenían que pagar un porcentaje por cada contrato”, le explicó un exgerente del Acueducto a SEMANA.
Había una especie de código no escrito que todos seguían al pie de la letra: Samuel Moreno no se reunía con nadie. La cabeza del ‘gobierno a la sombra’ era Iván Moreno, hermano del alcalde y para ese momento senador. Cabe recordar que como alcalde de Bucaramanga fue cuestionado por malos manejos y porque aumentó el déficit de la ciudad en un 166 por ciento.
Emilio Tapia era el ejecutor de la estrategia. “Las reuniones con Iván eran prácticamente todo el día, todos los días”, les ha dicho a los investigadores. Tapia nació en Sahagún, Córdoba, pero vivió en San Andrés, donde su papá fue director de la Dian. Se ganó la confianza de los Moreno Rojas porque su abuelo había sido amigo y vecino del general Gustavo Rojas Pinilla. Su centro de operaciones era una lujosa y amplia oficina cerca del parque de la 93. La tarea era tan exigente que adquirieron un avión, por leasing a nombre de Geos Investment.
En el avión, Tapia viajaba de noche para llegar a primera hora ya fuera a Estados Unidos –para reunirse con algunos aliados allá o para invertir el dinero de las comisiones–o ya fuera a Perú –para ver cómo iba el negocio que iba a hacer la Empresa de Energía de Bogotá –o para Brasil– a concretar a los empresarios que ya estaban listos para construir las autopistas urbanas–.
La ‘junta directiva’ también se daba cita en Miami. En los registros de migración aparece que Emilio Tapia viajó a esa ciudad 53 veces entre enero de 2008 y diciembre de 2010. Y coincidió en 22 de esos viajes con el entonces senador Iván Moreno, en dos con el entonces alcalde Samuel Moreno, y nueve veces con Álvaro Dávila.
En las reuniones en Miami, según documentos que conoció SEMANA, tomaban parte dos colombianos radicados allá: Saúl Campanella y Luis Cárdenas. Campanella es un cartagenero que vive en Miami y brinda asesoría para crear empresas offshore y colocar recursos en paraísos fiscales. Y Cárdenas es un barranquillero que se radicó en Miami tras lograr, en medio de muchos cuestionamientos, que ampliaran un jugoso contrato público por veinte años en su ciudad natal.
Mientras todo esto ocurría en la sombra, en el Palacio Liévano, en pleno corazón de Bogotá, Samuel Moreno convocaba a consejos de gobierno. “Pone poca atención a lo que se discute. Se la pasa conversando con su secretario general y poco atiende lo que los demás decimos”, se quejaba en esa época uno de los miembros de su gabinete a SEMANA.
El fiscal delegado ante la Corte Suprema que lleva el caso, Juan Valbuena, dijo en una audiencia que todo fue fríamente calculado. “Desde diciembre del 2007 y hasta junio del 2010, Samuel Moreno, su hermano Iván, el abogado Álvaro Dávila y los empresarios Emilio Tapia y Julio Gómez se pusieron de acuerdo para cometer delitos contra la administración pública”.
La agenda de ‘mordidas’’
Hace dos años, en un allanamiento a la oficina de Emilio Tapia encontraron un documento de tres páginas que, ahora, ha cobrado gran importancia. Es una ‘agenda’ en donde aparecen tareas pendientes de esa ‘junta directiva’. ¿En qué consiste? Se trata de un listado de 35 frentes del Distrito en los que había ‘mordida’ y en cada uno se asignan tareas en el manejo de los contratos.
En la ‘agenda’ hay apelativos como Yoyi, M, el chiquito, Dávila y Lucho, que al parecer corresponden a Emilio Tapia, Iván Moreno, Andrés Cardona, Álvaro Dávila y Luis Cárdenas, respectivamente.
Por ejemplo: el punto 2 dice “Basuras. Responsabilidad de (aparece un nombre tachado) y Lucho. Esta semana deben quedar listos los acuerdos con las empresas brasilera y argentina”.
Se refieren al contrato de recolección de basuras por 2,5 billones de pesos. El mismo que en ese entonces no se pudo firmar y que hace poco generó la peor crisis del gobierno de Gustavo Petro. Para la época, una empresa brasileña aspiraba a quedarse con una de las seis zonas de recolección de basuras. Se trata de la misma a la que le dieron el relleno sanitario Doña Juana, en medio de un escándalo. Y como ese punto hay muchos más en la ‘agenda’.
Este no es el único documento revelador que tiene la Fiscalía. Hay otro en Excel de once páginas, una especie de ‘acta’ de una reunión de la ‘junta directiva’, el 6 de junio de 2010, en Miami. El documento se llama: “Reunión de asignación de tareas, fechas y compromisos” y fue revelado por El Espectador.
La bitácora de ‘mordidas’ que aparece es extensa. Tanto, que los contratos que dieron origen al escándalo, los de los Nule, son apenas una pequeña porción de uno solo de los 35 puntos de la ‘agenda’.
Y es que Bogotá, para su desgracia, estaba con los bolsillos más llenos que nunca. El presupuesto de 2008, por ejemplo, fue de 13,1 billones de pesos y el de 2010 llegó a 16,81. Con el ‘agravante’ de que el 80 por ciento es para inversión. Eso sin contar contratos como el del recaudo del SITP, el de basuras o los de la Empresa de Renovación Urbana en los que las millonarias ganancias vienen del negocio mismo, y no del erario público.
La ‘mordida’ de 56 millones de pesos diarios
En el listado hay muchas ‘mordidas’ que hasta ahora no se conocían. Pero la más impresionante es la del contrato del recaudo del Sistema Integrado de Transporte (más conocido como Sirci). En toda la historia de Colombia no ha existido un contrato público tan jugoso como ese.
El ganador de ese ‘premio gordo’ maneja desde enero de este año 3.150 millones de pesos diarios, que corresponden a los pasajes del Sistema Integrado de Transporte –hoy se venden 1,8 millones de pasajes-, pero el cálculo es que en agosto del año entrante sean 12.250 millones de pesos –cuando el SITP llegue a 7 millones de pasajes diarios– Ese monto, en efectivo, solo es comparable con el que manejan cada día los más grandes hipermercados o las empresas de telefonía celular. Eso suma, cada año, 4,4 billones de pesos. Y, como se firmó a 16 años, el negocio es de ¡64 billones de pesos!
La mordida –para los Moreno y Emilio Tapia–según el acta mencionada era la bobadita de 8 pesos por cada pasajero: lo cual, multiplicado por 7 millones de pasajeros, equivale a 56 millones de pesos diarios. Eso suma 20.000 millones de pesos al año. Durante 16 años.
Para tener un punto de comparación de lo que significa la fortuna que se puso en juego, basta decir que los dos contratos más grandes de los últimos tiempos en Colombia son Hidroituango, que se firmó por 5,5 billones de pesos, y la Ruta del Sol, por 3,8 billones de pesos.
Consultado al respecto, el presidente del consorcio Recaudo Bogotá niega que haya mordidas: “¡Imposible! Nosotros no estamos asociados con cualquiera. LG-CN cotiza en las principales bolsas del mundo. Además el gobierno coreano nos financió. Ellos no se meten en un negocio donde hay el mínimo asomo de corrupción. Además la Procuraduría estuvo encima todo el tiempo”.
En efecto, la Procuraduría hizo un acompañamiento preventivo y, según pudo establecer SEMANA, encontraron irregularidades. Sin embargo, contrario a la celeridad que caracteriza al procurador en otros frentes, todavía no se han dado a conocer los resultados.
Última edición por jandresom; 17-04-2013 a las 13:46:51 |