Hay dos temas que deben separarse. La primera, el ineficiente manejo de las basuras por el alcalde Petro. La segunda, el detrimento patrimonial que ha sufrido Bogotá a manos de los operadores privados de recolección de aseo.

Desde antes del inicio de la alcaldía de Petro había denuncias sobre los contratos que la ciudad tenía con los recolectores privados de basuras. Con cifras en la mano se demostró que eran lesivos para la ciudad y se dijo que el nuevo alcalde debería corregir este desfase cuando finalizaran dichos contratos.

Lo malo del asunto es que Petro no supo manejar el asunto. Debió haberse asesorado y establecer un norte claro, bien para renovar los contratos con ventaja para la ciudad o bien para no hacerlo buscando otros operadores o asumiéndolo por cuenta propia con la planificación consiguiente.

Dicen que el camino al infierno está plagado de buenas intenciones y Petro quiso matar dos pájaros de un tiro, sacar del juego a los operadores privados que habían esquilmado a la ciudad y dar cumplimiento a la sentencia de la Corte Constitucional sobre integrar a los recicladores a la cadena productiva.

Pero ni lo uno ni lo otro. Por su improvisación debió negociar de afán con los operadores privados, la recolección estatal resultó un desastre y ahora los carros recolectores que arrendó en Estados Unidos al parecer no llegaron en condiciones buenas para prestar el servicio que, además comenzó haciéndolo con volquetas que apenas recogen el 30% de un compactador.

Falta de planificación, falta de asesoría, falta de gerencia. Un desastre total.

Por lo menos la Red de Veedurías Ciudeadanas que no son amigas de Petro sino entes encargados de luchar contra la corrupción en todo el país, dio un paso importante, buscando que la justicia aclare el papel de los operadores privados y las finanzas de la ciudad.