En virtud del principio de proporcionalidad de la sanción penal, sólo cabría la pena de muerte para los delitos de homicidio o los que conlleven la muerte del sujeto pasivo de la conducta (terrorismo, etc).

Así que, si nuestro órgano legislador se mantiene coherente con esa doctrina, las viejas indignadas que piden muerte para los violadores se van a tener que morder el codo, porque no hay lo que en derecho penal se conoce como retribución justa.

Más allá de todo lo anterior, estoy en contra de dicha pena porque el tiempo actual ha dejado obsoleto ese suplicio. La Constitución prohíbe las penas inhumanas y degradantes... y no veo próxima una reforma de retroceso.