Denunciante Dorado
 |  Que no se olvide el noviembre del 2012:la derrota en La Haya y la reelección de Alejandro Ordóñez.
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Por: DANIEL SAMPER PIZANO
Dos hechos de histórica gravedad ocurrieron en los últimos días: la derrota en La Haya y la reelección de un personaje con nefastos poderes.
Recordaremos siempre el mes de noviembre del 2012. En menos de quince días, la clase política colombiana ofreció dos muestras históricas de incapacidad y corrupción. La primera, con la falta de preparación para afrontar el fallo adverso en el pleito con Nicaragua, y la segunda, con la reelección del procurador Alejandro Ordóñez.
La sentencia de la Corte de La Haya tomó dormido al país, empezando por el Gobierno, pues ni la defensa se enfocó de manera adecuada, ni se intentó que los colombianos sintiéramos el proceso como empeño colectivo, ni nos preparamos para recibir una decisión en contra, ni existió un plan subsidiario si fracasaban nuestras tesis. El pastel se cocinó en secreto (¿dónde estaba la prensa?) y con clara inconsistencia: en vez de solucionar el problema mediante acuerdos bilaterales (como se hará en adelante, tras el inevitable retiro del Pacto de Bogotá), nos aferramos a la tesis perdedora, tuvimos en La Haya una embajada inestable y propiciamos dañinas salidas en falso.
Antes de la sentencia, el jurista José J. Gori denunció que el manejo del conflicto debería ser una política de Estado, pero solo lo era de un hermético grupo. “El 99,9 por ciento de los colombianos –dijo– están en la penumbra y solo barruntan que Colombia se defiende de una nación ambiciosa que nos quiere quitar terrenos”.
Por eso, una mañana estalló la bomba: un pleito “ganado” se había perdido. En ese instante, unos –entre ellos, el Gobierno– entraron en depresión y otros que juraron respetar los resultados se declararon en irresponsable rebeldía. El líder sanandresano Kent Francis, más lúcido que Uribe Vélez, le advirtió que “quien no obedece las reglas de derecho internacional tampoco haría sentir confianza ante las decisiones judiciales internas”.
Lo ocurrido debe ser el canto del cisne de la diplomacia nacional tal como se ha manejado hasta ahora: como patrimonio social de la oligarquía bogotana y patrimonio político del gobernante de turno.
En cuanto a la reelección del Procurador, fue un patético espectáculo de corrupción. Pese a su pasado de pirómano de bibliotecas y de las denuncias que pesan contra él por violar los derechos de las mujeres, atropellar los de los gays, descabezar por sí y ante sí a contrincantes políticos, nombrar o promover parientes de sus benefactores (incluidos ciertos multiperiodistas), permear con sus ideas religiosas la función pública, recibir amonestaciones de la Justicia por desconocer sus fallos y favorecer a acusados próximos a sus intereses políticos, lo reeligió el Senado.
En forma cínica, Ordóñez agradeció “la independencia” de la corporación: sí, 80 senadores –la mitad de ellos acusados de conflicto de intereses– se “independizaron” y votaron como él quería: unos, estimulados por prebendas; otros, asustados por el poder sancionatorio del candidato; un tercer grupo (conservadores y uribistas), porque encarna sus ideas retardatarias; y, finalmente, un expartido liberal dirigido por ineptos o clientelistas, que abochornaría a los viejos patriarcas defensores de la tolerancia, el Estado laico y la vigencia de las leyes. El Gobierno, marrullero, nombró candidata cuando ya no había tiempo para hacer campaña, y la abandonó.
En una burla grotesca, el Senado ofreció por la mañana disculpas a los gays por las opiniones de uno de sus miembros contra ellos, y confirmó por la tarde al funcionario que más persigue la libertad sexual en Colombia. Para rematar, enseguida de hacerlo, anunció que prohibirá la reelección. Es así como un personaje que en cualquier país avanzado sería parte de una franja exigua y exótica, ha creado en Colombia un imperio de poder paralelo al del Presidente de la República. Bastante nos arrepentiremos de ello.
ESQUIRLAS. La bravata tardía del presidente Santos al anunciar que solo aplicará el fallo “cuando estén bien defendidos los derechos de los colombianos” es otra torpe inconsecuencia (“sí, pero no”), producto, quizá, de su baja en las encuestas. Mejor el silencio prudente que la declaración remendona.
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