 Respuesta: Petro, un año después
¿Cómo va la lucha contra las “mafias”?
Las mafias que denunciamos, las conocidas, ya no están. No están Tapias, Dávila, Moreno Rojas... Las mafias no son sólo personas o empresas, son un modus operandi. Hemos logrado reducirlo. En la licitación de los carros del Acueducto para el nuevo esquema de aseo hay 18 participantes. Ese es un termómetro que refleja la confianza que tienen las empresas.
¿Cuál ha sido el momento más feliz de este año?
Cada vez que un niño se soltaba de la mano y se me acercaba gritando “¡Petro, Petro…!”. La niñez ha captado de mejor manera las propuestas de la administración.
¿Y su momento más oscuro...?
Cuando se conoció que 23 niños murieron por tos ferina; un incremento frente al año anterior. De eso no hubo escándalo. No fue el eje de una avalancha contra la administración, ni siquiera hubo debate en el Concejo. Para mí fue doloroso porque un Estado no puede permitir que se mueran los niños.
¿Y cómo reaccionó?
Nos reunimos con el secretario de Salud y apretamos las clavijas. Mandamos a los médicos a vacunar a los niños a su casa, a pesar de las amenazas de abogados reaccionarios que nos dijeron que iríamos a la cárcel por incumplir la Ley 100.
Eso me recuerda la exigencia suya a sus funcionarios para que “arriesguen”...
Mi gran aliada es la Constitución de 1991. Y dentro de un Estado social de derecho es lo fundamental. Eso se lo aprendí a la contralora general (Sandra Morelli). Ella maneja otra tesis del derecho; sabe que la palabra no es la que define el sentido de la norma, sino que el derecho tiene una voluntad, un hálito que depende de una Constitución que ordena construir una sociedad de derechos. Si tú tienes el derecho a la salud para aplicarlo, tienes a un médico que puede entrar a una casa y aplicar una vacuna, y aparece un abogado diciendo que el decreto tal lo impide, yo diría que el equivocado es el abogado.
Ese mismo argumento que lo tiene a usted ahora agarrado con la Superintendencia y la Comisión Reguladora de Agua en el caso de las basuras...
Nosotros nos ceñimos al Estatuto Orgánico de Bogotá, ordenado por la Constitución, que determinó que el sistema de aseo en Bogotá debe ser público. El abogado reaccionario, por su lado, dirá que ese estatuto fue derogado por la Ley 142 de servicios públicos. Es una discusión jurídica.
Fernando Rey, exgerente de Transmilenio, le dijo a María Isabel Rueda que renunció porque no quería violar la Ley de Asociaciones Público-Privadas en el caso del tranvía por la 7ª...
Fernando Rey no se fue por eso. Él fue una decepción. Algún día diré por qué.
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