“Yo no voy a aplicar ese fallo de la Corte de La Haya hasta garantizar que los derechos de los colombianos están bien defendidos”, dijo el presidente Juan Manuel Santos.
El Jefe de Estado pidió a los alcaldes y alcaldesas del país ayudar a mantener en alto el ánimo de los colombianos. Señaló que el fallo de la Corte de La Haya "nos golpeó el corazón y el alma". Sostuvo que el Gobierno afrontará esta situación con decisión y contundencia.
"Ese Fallo vulneró muchos derechos de los colombianos, y yo no voy a aplicar ese fallo hasta no garantizar que esos derechos están bien defendidos".
Continúa tensión en el archipiélago
Los Pescadores de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, temen salir a sus faenas, en inmediaciones del meridiano 82, porque aviones nicaragüenses sobrevuelan el territorio que, de acuerdo con el fallo de la Corte Internacional de Justicia -CIJ-, ya no pertenece a Colombia.
En las últimas horas coincidieron y estuvieron a corta distancia, un avión de Nicaragua y una de las fragatas de la Armada Nacional de Colombia, cuya tripulación solicitó a la aeronave extranjera que se retirara y que no hostigara a embarcaciones de pescadores colombianos que faenaban a esa misma hora.
“Es muy difícil trabajar en un territorio en el que aparecen aviones y embarcaciones militares de los dos países en actitud hostil y que nadie ni nada garantiza que no se enfrenten disparando y nosotros ahí en la mitad. Por eso la cantidad de pescadores ya no es la misma, solo quienes nos arriesgamos porque de otra forma no tendríamos de que vivir”, dijo uno de los pescadores que pidió la reserva de su nombre.
El deterioro económico de familias que viven de los productos del mar, por estas circunstancias, empieza a sentirse en las islas colombianas y ante la situación, los pescadores artesanales pidieron que el gobierno nacional entable conversaciones con sus homólogos nicaragüenses, con el fin de mejorar las relaciones de manera que se garantice la seguridad de quienes desarrollan labores de pesca.
Los temores de los pescadores se justifican porque, aún antes del fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, la guardia de Nicaragua, detenía las naves, capturaba las tripulaciones y les quitaba el producto de pesca obtenido en dos o tres días de labor.
Luego, los familiares debían contratar abogados para lograr la libertad de los colombianos que, además, se veían obligados a pagar multas para que les devolvieran las embarcaciones que eran entregadas con sensibles daños.
“Si eso era antes del 19 de noviembre, como será ahora que la CIJ, les otorgó la propiedad”, manifiestan los pescadores que, en su mayoría, prefieren abstenerse de salir a su faena para evitar confrontaciones.
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