Cargos a 13 magistrados y exmagistrados por carrusel de pensiones 
Contraloría los llamó a juicio fiscal por presunto detrimento patrimonial de $3.421 millones. Entre los imputados por el ente de control figuran los hoy magistrados Julia Emma Garzón y Henry Villarraga Oliveros.
De igual forma, los exmagistrados Martha Patricia Zea Ramos y Temístocles Ortega Narváez, quien se desempeña actualmente como Gobernador del Cauca.
La lista la completan los magistrados auxiliares Cenaida Mejía Báez, Zilath Corrales Pérez, Constanza Margarita Navia de Ayala, Álvaro Rojas Mallorquín, Jaime Roberto Arteaga Caiza, Jesús Herrera Cortés, Jorge Iván Bravo Vélez, Margoth Castellanos Carrillo y Petrona Perafán Ordóñez.
Los 13 magistrados y ex magistrados del Consejo Superior de la Judicatura deberán responder por un presunto daño al patrimonio público de $3.421 millones.
Según la Contraloría, "los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura en ejercicio de su función nominadora, han designado de forma reiterada e irregular por períodos muy breves de tiempo, entre uno y once meses, para desempeñar el cargo de Magistrado Auxiliar a personas con estatus reconocido de pensión".
Esto incidió en que lograran “el pago de pensiones en exceso de las proporciones correspondientes a los tiempos de servicio y aportes efectivamente cumplidos por los beneficiarios de las mesadas pensionales".
Dicha situación, considera la Contraloría afecta "los recursos públicos y la sostenibilidad y estabilidad del Sistema General de Pensiones".
El proceso se tasará por dos tipos de daño: el incremento injustificado de las pensiones ya pagadas y la afectación futura de los fondos pensionales en caso de que esas mesadas no se suspendan.
Dentro de los casos analizados se hallaron funcionarios que, por un solo mes en la Sala Disciplinaria de la Judicatura, reclamaron y alcanzaron pensiones de hasta 12 millones de pesos, cuando sus derechos de jubilación no pasaban de los tres millones.
De ser condenados fiscalmente, los pensionados deberán devolver los dineros que recibieron de más y renunciar a la pensión. En el caso de los magistrados activos, si se determina la responsabilidad, se pedirá al Congreso que proceda, por primera vez en la historia del país, a suspender a esos altos funcionarios.