Todo esto realmente son omisiones, errores, excesos, inconsistencias, que no podemos aceptar. Teniendo en cuenta lo anterior, Colombia –representada por su Jefe de Estado– rechaza enfáticamente ese aspecto del fallo que la Corte ha proferido en el día de hoy. Por esto, no vamos a descartar ningún recurso o mecanismo que nos conceda el derecho internacional para defender nuestros derechos. El Gobierno respeta el derecho pero considera que la Corte ha incurrido en este tema en serias equivocaciones. A mí me eligieron, ante todo, para defender y hacer cumplir la Constitución de Colombia. Ese fue mi juramento. Dentro de esos deberes constitucionales, está proteger y garantizar los derechos de los colombianos, y honrar los tratados que Colombia ha suscrito con otros países del Caribe.

El artículo 101 de nuestra Carta dice que 'los límites señalados en la forma prevista por esta Constitución sólo podrán modificarse en virtud de tratados aprobados por el Congreso, debidamente ratificados por el Presidente de la República'.

La Corte Constitucional ha dicho que estos tratados –es decir, los que se refieren a las fronteras y límites de Colombia– deben ser aprobados por reforma constitucional. Como Presidente, tengo la obligación de respetar este mandato de la Constitución, lo que decidió la Asamblea Constituyente en 1991 y lo que ha dicho la Corte Constitucional.

De lo anterior se derivan claros obstáculos que hacen compleja y difícil la aplicación de algunos aspectos de la delimitación marítima trazada hoy por el fallo de la Corte de La Haya. Es evidente que existe una contradicción de este fallo con nuestra Carta Fundamental y con varios tratados internacionales vigentes.


Como Jefe de Estado lideraré la defensa de los intereses y derechos de los colombianos, y en especial de los habitantes del Archipiélago.
Para lograrlo, necesitamos la concurrencia de todos los poderes públicos como lo prevé la Constitución.


Soy el primero en reconocer las repercusiones que tiene esta nueva delimitación marítima para el país y los colombianos y, en particular, para los sanandresanos y los pescadores de las islas. Como colombiano, estas repercusiones me duelen profundamente. Los sanandresanos pueden tener la seguridad de que defenderemos, con absoluta firmeza, los derechos de los isleños y de todos nuestros compatriotas. Así se ha hecho no sólo durante estos 11 años de litigio, sino durante siglos de historia de nuestro país. Es cierto que los derechos marítimos son distintos a los derechos de soberanía.


Hay que anotar que, al trazar el límite, la Corte advirtió que esta nueva línea de delimitación 'sólo da derechos específicos en lugar de soberanía' a Nicaragua. Como los derechos específicos son limitados, la Corte también resaltó que esta nueva línea "no afecta los derechos de navegación" de los colombianos. Por ejemplo, los habitantes de San Andrés tienen derecho de transitar libremente hacia Quitasueño, Serrana, Serranilla y Bajo Nuevo y viceversa, y a derivar sustento de la pesca dentro del área reconocida por la Corte.


Hoy quiero decirles a los sanandresanos que nos comprometemos a encontrar mecanismos y estrategias concretas, y con resultados –incluso negociando los tratados que sean necesarios–, para que no se desconozcan en ningún momento sus derechos. Y vamos a trabajar con los pobladores del Archipiélago pues somos conscientes de sus realidades y actividades de pesca. Esta misma noche dormiré en San Andrés, y mañana me reuniré con los dirigentes y representantes de la comunidad, para evaluar no sólo esta situación sino el avance de otros compromisos que el Gobierno nacional ha hecho con nuestro departamento de ultramar.

Con el Consejo de Ministros, que sesionó en San Andrés hace unos meses, establecimos todo un plan para el departamento con las autoridades del Archipiélago; vamos avanzando en él, y estamos comprometidos a sacarlo adelante. Ahora inicia un periodo de trabajo y concertación entre los poderes públicos para analizar los efectos del fallo –en particular frente a nuestra Constitución– y obrar en consecuencia. Como Jefe de Estado lideraré este proceso dentro de un espíritu de colaboración armónica entre los poderes. El equipo jurídico que nos representó ante la Corte de La Haya y los equipos de trabajo de la Cancillería, durante los diferentes gobiernos, representaron con altura y con empeño los intereses de Colombia, y así debemos reconocerlo.


Compatriotas:
Pueden tener la seguridad de que obraremos respetando las normas jurídicas –como ha sido la tradición de nuestro país– pero también defendiendo con firmeza y determinación los derechos de todos los colombianos. Buenas noches".