Lo primero a resaltar es que Colombia llevó a La Haya un equipo jurídico de primer orden, expertos en derecho internacional que hicieron bien su tarea, es decir, presentar documentos y argumentos, con una estrategia definida de acuerdo con la jurisprudencia internacional sobre el tema.

Lo único que se le puede tachar al gobierno colombiano es haber aceptado dirimir en los tribunales lo que estaba ya reglamentado en los tratados. Confió en que los títulos que se tenían, la soberanía ejercida y las normas aplicables eran razón suficiente para ganar el litigio.

La CIJ, fiel a su tradición, fue salomónica. Es decir, le dio la razón a ambas partes tratando de que hubiera equilibrio en la delimitación. Le dio a Colombia la soberanía de los cayos porque tiene titulos suficientes, pero no sucedió lo mismo con la frontera marítima.

No era equitativo que unas islas pequeñas le arrebataran la mayor parte del mar a un país que tenía una costa muchísimo más extensa que la de las islas. Si se hubiera aceptado la tesis de Colombia, el reparto hubiera sido 80% para Colombia y 20% para Nicaragua.

El reparto de la CIJ es más justo. Colombia quedó con lo suyo, proporcionalmente al tamaño del archipiélago y Nicaragua quedó con lo suyo de acuerdo con la extensión de sus costas. De eso se trata el derecho, de solucionar justamente los litigios, sin avasallar a una de las partes.

Al margen: aparte de esto tengamos en cuenta que gracias a este equipo jurídico en el fallo anterior Colombia reafirmó su soberanía sobre San Andrés, Providencia y Santa Catalina que Nicaragua también quería que se integraran a su territorio.

Y ahí sí, parafraseando al filósofo Maturana, "ganar es perder un poco".