La jurisdicción de la Corte Penal Internacional es residual. Es decir, interviene cuando el Estado no puede o no quiere juzgar los crímenes contra el Derecho Internacional Humanitario. Estos crímenes no prescriben y no son indultables.

Hay avances, como las condenas al coronel Plazas Alcid y el general Arias Cabrales por los desaparecidos del Palacio de Justicia, por poner un ejemplo. Igual los procesos adelantados por matanzas como la de Mapiripán y, por fin, el proceso que se le adelanta a Rito Alejo del Río, son ejemplos.

Pero son paños de agua tibia. Los grandes responsables de los crímenes de lesa humanidad aún no han sido procesados. Los que financiaron y protegieron desde el poder político y económico a los paramilitares, se cobijan en su fuero para evadir la justicia.

Igual a los militares que se les quiere blindar ampliando el fuero y los negociadores del gobierno deben dejar en claro en las conversaciones con la guerrilla que los responsables materiales e intelectuales de crímenes de lesa humanidad no pueden ser perdonados.

Un llamado de atención para Colombia. Esta no puede ser una isla de la impunidad y los responsables deben ser llevados a los estrados judiciales, sin importar su importancia o la investidura detrás de la cual se cobije.

Este sería un verdadero paso hacia la paz, llevando a la realidad los principios fundamentales de verdad, justicia y reparación.

Cita:

Colombia: última advertencia de la Corte Penal Internacional Un informe publicado por la Oficina de la Fiscal de la CPI expresa que si no hay cambios importantes en la política penal colombiana procederá a actuar. Advierte sobre los riesgos de ampliar el fuero militar. Jueves 15 Noviembre 2012 La Federación Internacional de Derechos Humanos, FIDH, presentó este jueves un informe de la Corte Penal Internacional, CPI, en el que da a entender que si no hay cambios importantes en la política penal colombiana, abrirá una investigación sobre los crímenes internacionales cometidos en el país. En el informe de 93 páginas se destacan los temas de mayor preocupación para la competencia de la CPI y se documentan los crímenes de lesa humanidad perpetrados en Colombia desde el 2002. La Oficina de la Fiscal asegura que monitoreará "muy de cerca la implementación de las medidas previstas en el marco jurídico para la paz y estar atenta a que los responsables de crímenes de su competencia sean juzgados". Esta oficina también destaca el riesgo que representa la reforma constitucional impulsada por el gobierno colombiano, que apunta a ampliar el fuero penal militar a graves violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. Desde la FIDH aseguraron que recogen esta publicación con "satisfacción por el hecho de que se tenga previsto concentrar su examen preliminar sobre las responsabilidades penales de los más altos mandos, sean militares, paramilitares, civiles y de la guerrilla, en el desplazamiento forzado, los falsos positivos, los crímenes sexuales, y la promoción y expansión del paramilitarismo". Su presidenta, Souhayr Belhassen, expresó que "el tono del informe anuncia claramente que esto constituye una última advertencia al Estado colombiano pues si no hace lo necesario para impedir la impunidad de los más altos responsables de estos crímenes, la CPI abrirá una investigación". La FIDH hace un llamado a las autoridades colombianas a tomar muy en serio esta advertencia y a demostrar una voluntad política real de juzgar a los más altos responsables de los crímenes de lesa humanidad cometidos en los últimos diez años y hasta el día de hoy en Colombia.

Fuente: Semana