Así lo dijo el dirigente Carmelo Titirico, miembro del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq) que agrupa a comunidades aimara, quien reveló que los castigos serán aplicados a miembros de una de una comunidad andina.
Explicó que el territorio étnico o "marka" Julián Apaza, en la periferia de la ciudad de El Alto, vecina a La Paz, nombró el primer tribunal, formado por tres mujeres y tres hombres aimaras, para comenzar a aplicar los criterios de "justicia comunitaria".
La decisión de castigar con la amputación de las manos a ladrones reincidentes por tercera vez y la castración química de violadores si son sorprendidos en el crimen ha sido aprobada por la comunidad porque considera que es la única forma de frenar esos delitos.
La comunidad indígena aimara financiará el coste de una operación médica de amputación y la castración y si encuentra rechazos entre los médicos tradicionales para ejecutar los castigos, apelará a galenos indígenas en las provincias del altiplano, según Titirico.
"La justicia indígena originaria se maneja de otra manera, no es entre cuatro paredes como la ordinaria (...) No vamos a mandar a la cárcel en estos casos", agregó el dirigente, que está consciente de que esas medidas puede provocar un rechazo generalizado pero asegura que no darán marcha atrás.
La creación del tribunal indígena se enmarca en la llamada "Ley de Deslinde Jurisdiccional", vigente desde 2010, que define los límites entre la "justicia comunitaria" y la ordinaria y que en teoría no permite a las comunidades aplicar castigos físicos.
La citada norma establece que la "justicia comunitaria" no se puede aplicar a delitos penales, terrorismo, corrupción, homicidio, asesinato, trata y tráfico de personas y de armas, narcotráfico, y en las áreas de hidrocarburos, forestal o agraria, excepto el reparto interno de tierras en las comunidades.
Sin embargo, más allá de esa norma y de la Constitución, muchos indígenas, incluso sin la mediación de tribunal alguno, han decidido muchas veces castigar con vejaciones, torturas y linchamientos a los supuestos ladrones en nombre de la "justicia comunitaria".
El presidente Morales, de origen aimara, ha insistido siempre en que quitar la vida a otra persona no es parte de la "justicia comunitaria", pero en algunos casos, los autores de linchamientos han sostenido que actúan al amparo de ese sistema.
Titirico defendió hoy que "la justicia originaria respeta la vida humana" y que el tribunal creado la semana pasada no aprobará la muerte de una persona, aunque sea acusada de asesinato.
También sostuvo que un habitante de la ciudad que cometa el delito en la comunidad será juzgado por el mismo tribunal porque tiene una jurisdicción territorial, pese a que la norma de Deslinde señala que esos acusados deben ir a la justicia ordinaria.
El dirigente cree que después de la creación de este primer tribunal, otras miles de "markas" o comunidades indígenas seguirán sus pasos para concretar la aplicación de ese sistema judicial.