En medio de la huelga que llevan a cabo los trabajadores, miles se movilizaron hasta la Plaza de Bolívar de Bogotá para exigir mejoras salariales. La ministra de Justicia se reunió con un grupo y propuso un ajuste que no complace lo exigido por los funcionarios.
Los más de 15 mil funcionarios judiciales colombianos provenientes de todas las regiones del país, cumplieron este martes en la tarde con la llamada "toma de Bogotá" y marcharon por todas las calles de la capital hasta llegar a la Plaza de Bolívar con el fin de pedir al Gobierno un ajuste salarial.
El corresponsal de teleSUR en Colombia, Vladimir Carrillo, informó que ''se cumplió la toma de Bogotá, funcionarios judiciales de todos las regiones del país de todos los puntos cardinales, marcharon por las principales calles de la capital colombiana y llegaron a la tradicional Plaza de Bolívar''.
Carrillo detalló que los representantes del gremio más tarde ''se reunieron con la ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, dijo que ya les daba una solución de cerca de (...) 500 millones de dólares'', mientras que los trabajadores piden 800 millones para nivelar los sueldos.
La ministra dijo: "lo toman o lo dejan'', de acuerdo con los funcionarios.
''Puede haber un posible acuerdo y que se defina cuándo va a ser esa nivelación'' y el gobierno propone que bajo el término de seis años, y los trabajadores están diciendo que esta nivelación se dé en el transcurso de tres años''.
El pasado 11 de octubre, miles de funcionarios de la rama judicial colombiana comenzaron un paro de manera indefinida en reclamo por una nivelación salarial. La cifra de los demandantes se fue incrementando con el curso de los días.
Los registros indican que la paralización de actividades ha llegado a un 96 por ciento de todos los despachos judiciales de Colombia, entre juzgados laborales, penales y civiles.
Los reclamos de los trabajadores comenzaron desde hace aproximadamente 20 años, cuando se expidió la ley 4 de 1992 que, entre otras cosas, ordenaba la nivelación salarial. Los años han pasado y la promesa, según los sindicatos de la justicia, quedó en el olvido.
Por este motivo, los funcionarios le exigen al Gobierno un billón y medio de pesos (819 millones 403 mil 520 dólares) para que durante los próximos tres años se pueda implementar esa nivelación.