Todos hicieron un llamado al Gobierno y al Congreso de Colombia para que reconsideren la propuesta de reforma de la Constitución política del país relativa al fuero penal militar, la cual tendría implicaciones serias para el Estado de Derecho y el disfrute de los derechos humanos en Colombia.

“De aprobarse esta reforma, se perjudicaría seriamente la administración de la justicia para casos de presuntas violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, incluidos los crímenes graves, por parte de las fuerzas militares o de la policía (Fuerza Pública)”, indicaron los titulares de mandatos de Naciones Unidas en la misiva.


Y agregaron: “Esta reforma representaría un retroceso histórico en los avances del Estado Colombiano en la lucha contra la impunidad y el respeto y garantía de los derechos humanos,” estimaron los expertos. “Enviaría un mensaje equivocado a los miembros de la Fuerza Pública sobre las consecuencias de participar en la comisión de violaciones a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.”


Los expertos tomaron nota del hecho que los crímenes de genocidio, lesa humanidad y desapariciones forzadas quedarían excluidos de la competencia de tribunales militares o policiales.

No obstante, expresaron su preocupación debido a que los cambios propuestos ampliarían la competencia de estos tribunales, otorgándoles poder para investigar, procesar y decidir sobre casos de otras violaciones serias de los derechos humanos que también deberían estar bajo la autoridad del sistema y las cortes ordinarias de justicia penal.


15.000 uniformados fueron investigados en el 2011
La deserción y las lesiones personales encabezan la lista de causas por las cuales la Justicia Penal Militar (JPM) abre procesos contra miembros de las Fuerzas Militares y la Policía. De las 15.833 investigaciones abiertas durante el 2011, en 1.531 cortes marciales, la mayoría tuvieron que ver con esos dos delitos.


Las cifras están contenidas en un informe en el que se hace un balance de la actuación de la Justicia Penal Militar, precisamente en momentos en que el Gobierno busca regularla en el Congreso con una reforma de la Constitución que ya está en marcha (ver recuadro).

El Ejército es la fuerza con más procesos por deserción: 2.479 en total. El juzgado sexto de instrucción de Valledupar fue el que más radicados abrió por este delito: 123.
Pero, si bien los que abandonan esta fuerza son los más investigados, el número de procesos por homicidio es alto. A 1.893 militares les abrieron un expediente por dicho crimen, que tuvo como principal lugar de la investigación al departamento de Caquetá, con 31 casos iniciados, seguido por Santander, con 28.

En la Policía, a la mayoría se los investiga por lesiones personales (600). También los hay por homicidio (447), peculado (284) y abandono del puesto (255).
Aunque la cantidad de procesos es alta, el informe señala que el 55 por ciento del total termina en condena. Pero en segunda instancia, el 57 por ciento no prospera. Es decir, seis de cada diez condenas se caen en esa parte del juicio.

De igual forma, el 21 por ciento es confirmado, el 1 por ciento prescribe y el 21 es declarado nulo, según las estadísticas de la JPM.

Fuero militar, a dos debates de ser aprobado
En la sesión del pasado martes, la Cámara de Representantes aprobó en sexto debate el proyecto de reforma constitucional que regula el fuero militar. El genocidio, los delitos de lesa humanidad y las desapariciones serían las únicas faltas que irían a la justicia ordinaria, según lo aprobado hasta ahora en el Congreso.
Un tribunal de garantías, integrado por militares retirados y civiles, decidiría a dónde irían los casos cuando haya dudas.
JUAN GUILLERMO MERCADO
Redacción Justicia
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