Una deuda histórica de un hecho que nos avergüenza como nación, el genocidio de los militantes de la Unión Patriótica. Y como dice el presidente Santos, en este nuevo país del que apenas se están poniendo los cimientos de la concordia, la paz y la tolerancia hacia las ideas ajenas, estos hechos no deben volver a repetirse.

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Gobierno salda otra deuda con la UP Archivo SEMANA En imagen de archivo, la multitudinaria manifestación tras el homicidio de Jaime Pardo Leal hace 25 años. Gobierno colombiano se comprometió a brindar las medidas cautelares y especiales de protección a los sobrevivientes del exterminio de la Unión Patriótica Veinticinco años después del homicidio de Jaime Pardo Leal, el gobierno expidió un decreto para brindar medidas especiales de protección a los sobrevivientres de la Unión Patriótica. Se cumple una orden de la CIDH y se garantiza la protección a los dirigentes de oposición. Jueves 11 Octubre 2012 El mismo día en que se cumplieron 25 años de la muerte del candidato presidencial y presidente de la Unión Patriótica, Jaime Pardo Leal, el gobierno colombiano pareció saldar una deuda histórica con los sobrevivientes de este movimiento político, que sufrió el exterminio por parte de grupos paramilitares y agentes del Estado. Dicha deuda no es más que mejorar las medidas de seguridad y protección de las personas sobrevivientes a la guerra sucia que afectó a los militantes de la UP y a sus familias. El gobierno lo hizo al expedir el decreto 2096. el cual pone en marcha el Programa Especial de Protección para dirigentes, miembros y sobrevivientes de la UP y que también vincula a dirigentes del Partido Comunista Colombiano. Tal anuncio lo hizo este jueves en la Casa de Nariño el ministro del Interior, Fernando Carrillo, quien además aclaró que esta decisión se produjo en cumplimiento de lo ordenado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), a partir del caso 11.227, según el cual, el Estado colombiano debe adoptar medidas cautelares con el objeto de salvaguardar la vida de los miembros, los militantes, los sobrevivientes y los dirigentes de las organizaciones políticas mencionadas. El gobierno, con el propósito de encontrar una “solución amistosa” en el mencionado caso, asumió el compromiso de poner en marcha el Programa Especial de Protección. “Es una obligación del Estado la protección integral de las personas que se encuentran en situación de riesgo extraordinario o extremo como consecuencia directa del ejercicio de sus actividades o funciones políticas, públicas, sociales o humanitarias, o en razón al ejercicio de su cargo”, señala el decreto. En la decisión del gobierno se acordó unificar todas las medidas de seguridad para dirigentes, miembros y sobrevivientes de la Unión Patriótica y del Partido Comunista Colombiano, atendiendo todos los requerimientos de protección presentados por estas personas. La Unidad Nacional de Protección, el Ministerio del Interior, la Policía Nacional y demás autoridades del orden nacional, los municipios y departamentos, aportarán las medidas de prevención y protección, de acuerdo con sus competencias y capacidades institucionales, administrativas y presupuestales, para la garantía efectiva de los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad personal de su población objeto. Días antes del inicio del proceso de paz con las FARC, el ministro Carrillo dio las garantías de que episodios como los de la Unión Patriótica no volverán a repetirse. La Unión Patriótica fue un movimiento político que se constituyó en febrero de 1985 por sugerencia de las FARC para integrar en la lucha democrática a guerrilleros desmovilizados, quienes, en unión con otros sectores de la sociedad, decidieron asumir compromisos en procura de cambios sociales. El caso 11.227 incluyó 1.163 homicidios, 123 desapariciones, 43 discapacitados por atentados y 250 amenazados de la Unión Patriótica.

Fuente: Semana