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Denunciante Dorado
 |  LOS MEGATUMBAOS:Con tutela intentan salvar $ 73 mil millones de la Nación
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Al operador de la termoeléctrica aún le faltan 8 años de contrato.
Los debe pagar por cambio en un contrato que hizo en 1996 Adolfo Figueroa, preso por el escándalo en Estupefacientes. ‘Nunca reclamaron’, dijo el contratista.
El país escuchó por primera vez del abogado Adolfo Figueroa en el 2011, por el escándalo en la Dirección de Estupefacientes, que hoy lo tiene preso, junto con su hijo Omar, exdirector de la entidad.
Pero en las carteras de Hacienda y de Minas es un viejo conocido, cuya conducta, como gerente de la Empresa de Energía de Boyacá, le acaba de costar a la Nación una condena por 73.000 millones de pesos, que ahora se intentan recuperar por vía de tutela.
En febrero de 1996, Figueroa firmó una modificación del contrato de construcción y operación de Paipa IV, una de las termoeléctricas creadas para conjurar el apagón de 1993, y que se ganó la Compañía Eléctrica de Sochagota, integrada por un consorcio alemán.
En la cláusula 15 se incluyó un párrafo en el que la estatal Empresa de Energía de Boyacá aceptaba reajustar el precio del kilovatio disponible, inicialmente inmodificable por 20 años.
El reajuste se les atribuyó a los “cambios en la legislación tributaria”, que consideraron un tema de “fuerza mayor” y que la Nación debía asumir. Así, se debía devolver al contratista lo pagado por impuestos creados después del contrato.
En noviembre del 2008, la estatal Gemsa –que heredó el contrato al salir a venta la electrificadora– recibió el primer cobro por 29.000 millones de pesos.
Cinco meses después, el contratista convocó a un tribunal de arbitramento, que acaba de condenar a la Nación a pagar la suma inicial más intereses: 73.831 millones de pesos.
Los abogados de Gemsa creen que los árbitros –Carlos Esteban Jaramillo, María Cristina Morales y Germán Gómez– violaron los derechos al debido proceso, a la defensa y al de contradicción.
Y respaldan sus afirmaciones en el hecho de que no tuvieron en cuenta que la cláusula que dio paso al cobro se debía anular por tener un objeto ilícito y por haber modificado las condiciones iniciales.
Además, entregaron un concepto del penalista Jaime Lombana, que asegura que, con la modificación, se incurrió en celebración indebida de contratos, pero el delito ya prescribió.
No obstante, aseguran que existe peculado por apropiación y que se debe evaluar penalmente la conducta de los firmantes.
Fuera de pedir la anulación del fallo ante el Consejo de Estado, Gemsa entuteló al tribunal de arbitramento y dice que también desconoció evidencia a favor, como el dictamen del experto Andrés Escobar, según el cual la Nación no debía responder por los nuevos impuestos.
De hecho, Escobar objetó “por error grave” un dictamen anterior a favor del contratista.
Voceros del consorcio alemán respondieron que en 13 años no hubo ninguna reclamación y que que tienen argumentos de peso para defender su reclamo.
Ahora, la Nación espera que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca resuelva la tutela porque los demandantes iniciaron un nuevo cobro por 20.000 millones y faltan 8 años para que se venza el contrato.
‘LA CLÁUSULA ES LEGAL’, DICE EL CONSORCIO
La Compañía Eléctrica de Sochagota sostiene que la posibilidad de reajustar el precio del kilovatio sí estaba en el contrato e, incluso, en los términos de referencia, y que esa misma garantía la tienen las demás termoeléctricas creadas tras el apagón del 93.
Su abogado, Fernando Roldán, dijo que el concepto de Lombana llegó cuando ya no se admitían pruebas y que el peritazgo de Andrés Escobar fue objetado porque el especialista tenía nexos con funcionarios del Gobierno. Uno de los árbitros se abstuvo de pronunciarse y los otros no respondieron los mensajes de EL TIEMPO.
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